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Casi 30 años después de la caída de la dictadura en Brasil (1964-1985), la Comisión de la Verdad entregó su informe final a una conmovida presidenta Dilma Rousseff, víctima del régimen, en el que describió torturas y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.
En dos años y siete meses de trabajo, la comisión (CNV) registró 434 muertos, víctimas políticas directas durante los denominados “años de plomo”, y se identificaron 230 locales en todo Brasil donde se perpetraban violaciones a los derechos humanos.
Estas violaciones, perpetradas en su mayoría por el temido órgano de inteligencia y represión (DOI-CODI), comprendían la prisión o detención ilegal arbitraria; la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado; y la desaparición forzada, que incluye el ocultamiento del cadáver.
Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las “graves violaciones” de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una “política de Estado”, rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
“Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia”, dijo por su parte la presidenta, quien recibió el informe y derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, “continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo”.
La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y cuyo testimonio ha sido recogido por este grupo de trabajo, al igual que el de sus colegas Luiz Inacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
De acuerdo con la comisión, 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, ya sea desde el plano político e institucional como por autoría directa. Según la organización Human Rights Watch (HRW), unos 200 estarían aún vivos.
El informe identifica a ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura -todos ya fallecidos- desde Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) hasta Joao Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985). También se mencionan a exministros y altos jefes militares.
Incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones, así como choques eléctricos en órganos sexuales.
“Además de los choques eléctricos en la vagina, en el ano, en los senos, me obligaron a bailar desnuda para los policías”, contó Márcia Bassetto Paes, detenida en 1977.
El grupo de trabajo aseguró que también hubo graves violaciones de los derechos humanos contra niños, campesinos e indígenas.
El informe sugiere que hubo una política de Estado, por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8.350 indígenas, aunque la cifra podría ser mayor.
El trabajo de la CNV fue destacado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que pidió una divulgación “lo más extensa posible” de sus hallazgos y recomendaciones.
Amnistía Internacional consideró el informe como un “paso histórico” que “abre el camino para que la ley de amnistía no sea un obstáculo para investigar estos crímenes”, según su director en Brasil Atilo Roque.
La CNV consideró que la aplicación de la ley de amnistía de 1979, que protege a los militares que violaron los derechos humanos, es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional.
Esos delitos “constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía”, dice el informe en sus recomendaciones.
Hasta la fecha, en Brasil se reconocían extraoficialmente unos 400 muertos durante el régimen.
La nueva cifra registra un incremento, pero dista mucho de las que reconocen otros países de la región que también sufrieron férreas dictaduras a finales del siglo pasado, como Argentina (30.000 desaparecidos, según organizaciones de derechos humanos) o Chile (3.200 muertos y unos 38.000 torturados).
La CNV recordó que en América Latina hay significativa jurisprudencia respecto a la no aplicación de leyes de amnistía a crímenes de lesa humanidad. También exhorta a las Fuerzas Armadas a pedir disculpas.
