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Bolivia lloraba ayer el asesinato del viceministro del Interior, Rodolfo Illanes, a manos de mineros que bloqueaban rutas y con quienes intentó negociar sus reivindicaciones laborales, en una protesta que para el gobierno forma parte de una conspiración política.
A raíz de la situación, los piqueteros se habían retirado de los caminos que disputaron durante tres días con armas y dinamita ante los policías, en choques que también dejaron dos mineros muertos y unos 20 policías heridos.
Illanes, secuestrado el jueves por mineros que cortaban una ruta, fue torturado y asesinado por sus captores. Su cuerpo fue abandonado envuelto en una frazada cerca de la ruta Oruro-La Paz, que ya fue liberada al tránsito. Desde allí fue llevado de madrugada a una clínica para la autopsia legal.
“La causa de la muerte ha sido básicamente por derrame cerebral, tenemos traumatismo cerebral y torácico; tenemos también costillas fracturadas, ha sido una escena muy dura, ha habido una flagelación”, dijo el fiscal de La Paz, Edwin Blanco.
Profundo dolor
El presidente de Bolivia, Evo Morales, tras reunirse en la madrugada con su Gabinete en la Casa de Gobierno de La Paz para analizar la situación social, expresó su “profundo rechazo a los hechos que han sucedido estos días y el profundo dolor que vive el pueblo boliviano” por el asesinato de su colaborador.
Illanes, asesor del sindicato cocalero, del cual el mandatario es líder hace casi 30 años, fue declarado “héroe defensor de los recursos naturales”. Además el gobierno declaró “duelo por tres días a nivel nacional sin suspensión de actividades”.
Los principales directivos de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) mantenían en tanto silencio absoluto, en contraste con las voces de dolor e indignación. Mientras, la Fiscalía allanó su sede, incautó documentación y detuvo preventivamente a diez personas.
El ex presidente Carlos Mesa definió el hecho como “acto de barbarie incalificable”.
Por su parte, la ONU expresó su “más firme rechazo” y condenó “profundamente la muerte violenta del viceministro”, y deploró las “protestas extremadamente violentas de los cooperativistas mineros”.
Morales ve conspiración
“En esta movilización de Fencomin había una conspiración política y no una reivindicación social para el sector”, manifestó el mandatario, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. “Siento que esta conspiración permanente está usando a discapacitados, usando al transporte privado y a los cooperativistas” para afectar al gobierno, sostuvo.
Los mineros en protesta se oponen, ente otros puntos, a la norma que permite la creación de sindicatos dentro de cooperativas, pese a que, según el gobierno, esa medida no los perjudica.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que los mineros en realidad intentan obtener autorización para alquilar sus concesiones mineras a empresas privadas o extranjeras, algo que prohíbe expresamente la Constitución. Además, según la autoridad, intentaban acumular más espacios de poder en el Ejecutivo.
El poder de las cooperativas mineras
El asesinato del viceministro del Interior de Bolivia, Rodolfo Illanes, a manos de mineros de cooperativas que reclaman mayores beneficios para su sector, para lo cual mantuvieron cortadas importantes rutas durante tres días, mantiene consternada a Bolivia.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), que levantó los bloqueos tras los trágicos hechos, mantiene silencio, de momento.
La Fencomin es hasta el momento leal aliada del presidente Evo Morales y tiene numerosos espacios de poder en el gobierno socialista.
A continuación algunas claves para entender el conflicto.
- ¿Qué son las cooperativas mineras? La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) tiene unos 60.000 afiliados. Las cooperativas son pequeñas asociaciones autónomas "sin fines de lucro", que con el gobierno de Morales cobraron un impresionante vuelo político.
El sector cooperativo tiene un largo historial de apropiación de yacimientos mineros tanto estatales como privados.
Los socios de las cooperativas tienen iguales derechos entre sí, pero en algunas minas, como en Potosí, al sur del país, hay varios tipos de asociaciones y también mantienen personal asalariado.
-¿Cuál es su participación en el gobierno? La Fencomin cuenta actualmente con congresistas, dos viceministerios, una superintendencia del ramo y decenas de direcciones en el gobierno.
-¿Qué exigen? La Fencomin rechaza tanto la libre sindicalización en las cooperativas como la ley de cooperativas que otorga un plazo de dos años para la adecuación de sus estatutos.
También reniegan de una modificación a la Ley Minera que prohíbe el alquiler de las concesiones mineras -que pertenecen al Estado- a privados o extranjeros. Unas 30 concesiones fueron alquiladas al margen de la ley.
-Otras reivindicaciones. Asimismo, reclaman flexibilizaciones a las normas medioambientales; la inclusión de delegados de los mineros en el directorio del seguro social estatal; la reposición del Viceministerio de Cooperativas, bajo su control; y la creación de un ministerio del área, bajo su tuición.
Piden un trato preferencial en el pago de energía eléctrica.
Pese a que el sector no paga impuestos y sólo una regalía de 2,5% por la venta de minerales (las empresas estatales pagan 8,5%), plantean que esas regalías sean invertidas en proyectos que les favorezca.
-¿Qué peso tiene la minería? La minería representa más del 25 por ciento de las exportaciones de Bolivia, cifra que convierte al sector en clave para el desarrollo nacional.
El 80 por ciento de la producción corresponde a la minería estatal o asalariada y el 20 por ciento a las cooperativas.
