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Dos nuevos ataques incendiarios ocurrieron en la madrugada de ayer en la zona del conflicto mapuche, en el sur de Chile, en las cercanías del lugar donde en un incendio intencional -considerado un acto terrorista por el Gobierno- murió calcinado el viernes un matrimonio de ancianos.
"Hoy (por ayer) en la madrugada hubo un ataque incendiario que afectó a una dependencia de galpón con maquinaria en su interior", en la comuna de Freire, en la región de La Araucanía, a unos 600 km al sur de Santiago, dijo a la radio Cooperativa el fiscal regional jefe, Francisco Ljubetic.
"Una situación similar vivimos también en la madrugada en el sector de Capitán Pastene, camino Lumaco, en que desconocidos, actuando en la clandestinidad, quemaron dos camiones a la salida de la ruta", agregó el fiscal.
Ambos ataques no dejaron víctimas y ocurrieron en la misma región donde la madrugada del viernes la casa patronal en que habitaban el agricultor Werner Luchsinger y su esposa fue atacada por un grupo de encapuchados, que le prendieron fuego con ellos en su interior.
Ayer se realizó el funeral del matrimonio, miembros de una familia de origen suizo que se asentó en la zona a inicios del siglo XX y que mantiene la propiedad de varias haciendas que son reclamadas por mapuches, que consideran que las tierras les son propias por derechos ancestrales.
El ataque del viernes fue considerado un acto terrorista por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se trasladó de urgencia a la zona la tarde del viernes y anunció un aumento de la dotación policial.
Un joven de 26 años fue detenido tras el ataque con una herida de bala. Medios de prensa, señalan que se trataría de un machi -o médico-mapuche.
De acuerdo a los autoridades, en el lugar del atentado se encontraron panfletos alusivos a la muerte del estudiante mapuche Matías Catrileo, asesinado de un disparo en la espalda por un policía en otro predio de la familia Luchsinger en 2008.
Primeros habitantes de Chile, los mapuches suman unas 700.000 personas sobre una población de 16,5 millones de habitantes, con niveles de pobreza que casi doblan al resto del país.
Desde la década de los '90, reactivaron sus protestas por reivindicaciones territoriales que mantienen un foco de tensión constante en la región de La Araucanía.
"Nosotros no perseguimos ninguna etnia ni ninguna ideología. Abrimos investigaciones tras haber ocurrido hechos claramente delictuales", aseguró el fiscal Ljubetic.
"Nos encontramos en una situación crítica. Lo del viernes marca un hito, porque hasta el momento no habían fallecido personas por los ataques incendiarios en la región", agregó.
Hasta ahora, ningún grupo mapuche se adjudicó el ataque a la vivienda ni los otros incidentes, que serán investigados por medio de la ley Antiterrorista, una severa normativa que endurece las penas.
No es la primera vez que las autoridades invocan contra mapuches esta normativa, cuya aplicación contra indígenas ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que han alertado también por un excesivo uso de la fuerza policial en estos casos.
El gobierno de Piñera cree que en la región de La Araucanía está operando un grupo radical que tendría financiamiento extranjero, pero expertos descartan la existencia de tal organización.
El año pasado su gobierno puso en marcha en la zona un Área de Desarrollo Indígena (ADI), que beneficia a unas 1.000 familias mapuches, miembros de 37 de las 42 comunidades originarias, con la compra de tierras a privados y mejoras en infraestructura y en los servicios básicos de educación y salud.
