Un paso atrás en el ingreso a la carrera administrativa pública

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia acaba de dar un paso atrás en la protección del derecho de acceder en condiciones de igualdad al empleo público. A través de la sentencia dictada en el caso Alaniz, firmada en mayoría por los ministros Gómez y Nanclares, ha dado carta blanca a políticos irresponsables para que, en primer lugar, contraten empleados sin concurso y, en segundo lugar, los pasen a planta permanente por el mero paso del tiempo.

La decisión de la Corte ha decidido mantener el statu quo; los concursos para entrar en la Administración son cosa rara desde hace tiempo. La Corte estaba frente a una posibilidad de realizar un cambio histórico, de modificar un sistema injusto, desigual, pero optó por dejar que los ingresos y ascensos en la carrera administrativa queden como están: mal.

Igualdad e idoneidad

El voto disidente del ministro Pérez Hualde es claro y contundente: pase a planta sin concurso (u otro método similar) es inconstitucional.

La Constitución Provincial, la Nacional, los tratados internacionales y las leyes exigen que los sistemas de ingreso a los cargos públicos respeten dos principios: el de igualdad y el de idoneidad. Un sistema que garantice la idoneidad será inconstitucional si omite resguardar la igualdad -por ejemplo, una contratación directa de un sujeto idóneo para la función.

A la vez, un sistema que tutele la igualdad, pero que olvide la idoneidad -como el sorteo, por caso- también está prohibido. El pase a planta permanente sin concurso -u otro mecanismo similar- en el mejor de los casos puede resguardar la idoneidad, pero suprime siempre la igualdad. ¿Por qué? Porque existen otras personas idóneas que no tienen posibilidad de competir por ese cargo. (Me viene a la cabeza el caso de Pedro, un empleado público de 43 años que me contactó en el 2015. Hace ya más de diez años que trabaja en la administración pública provincial, en una clase baja. Es empleado de planta, pero no ha podido crecer.

Los ascensos siempre han ido directamente a quien tiene contactos con el funcionario que decide.

El voto de los ministros Gómez y Nanclares intenta justificar lo injustificable y termina profundizando el problema. Sostiene que al existir una paritaria que avaló el pase a planta, luego homologada por ley, cualquier problema de origen quedaría saneado. La realidad es que ninguna ley ni paritaria puede dejar de lado la exigencia superior de que el acceso al empleo público se realice de manera igualitaria.

El sistema del empleo público ha funcionado hasta ahora como un botín de guerra, en el que se contrata a una multitud de empleados sin concurso, y después se los pasa a planta permanente por el mero transcurso del tiempo, a través de una paritaria.

Además, la falta de concursos genera una burocracia administrativa que en muchos casos carece de suficiente independencia frente a los funcionarios políticos.

Mensajes

Este es un segundo problema que la decisión de la Corte convalida. (Recuerdo también la historia de Laura, que ahora tiene 37 años y nació y se crió en La Paz. Hija de padres que solo completaron la escuela primaria, es la única de cinco hermanos que terminó su carrera en la Universidad Nacional de Cuyo. Siempre tuvo vocación por lo público, pero nunca pudo trabajar para el Estado: no conoce a las personas correctas).

La Corte estuvo ante una oportunidad clara de democratizar el ingreso al empleo público, pero la desperdició. Las sentencias emiten mensajes, y el de ésta es notorio: ser amigo del poder es el requisito esencial para entrar al estado. Esa, y no otra, es la gran consecuencia del voto mayoritario. De haber fallado este caso correctamente, nadie hubiera sido removido, pero todos -tanto quienes están dentro de la Administración como quienes están fuera- hubieran tenido la oportunidad de concursar en igualdad de condiciones para demostrar su valía para las posiciones abiertas.

Otras oportunidades

Sin embargo, no son pocos los casos en la historia del Poder Judicial en los que las decisiones que apañan situaciones injustas terminan cambiando. Víctor Hugo escribió en  “Los Miserables” (imagen ilustrativa) que no hay nada en el mundo más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora.

Es el momento de que todos los actores institucionales con responsabilidad en el tema -gremios, sociedad civil, Poder Ejecutivo y Legislativo, y sobre todo Poder Judicial-- demos un cambio definitivo y para bien.

Este tipo de casos seguirá presentándose y el Poder Judicial tendrá nuevas oportunidades de enmendar la mala decisión reciente. Ya es hora de que el Estado deje de pertenecer a la elite política y vuelva a ser de todos los mendocinos.

(1) El autor es litigante pro bono en casos de ausencia de concursos públicos para entrar en la Administración.

Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.