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La coalición hispana cultivada con tanto cuidado por el presidente Barack Obama empezaba a derrumbarse. La legislación inmigratoria estaba estancada y las deportaciones se acercaban a la marca de 2 millones. Adicionalmente, el presidente rechazaba los llamados a tomar medidas ejecutivas.
En marzo, la frustración de los partidarios llegó a un punto culminante, cuando un destacado defensor de los inmigrantes llamó a Obama el “deportante en jefe”. La Casa Blanca se puso en marcha.
Obama convocó a tres legisladores hispanos a la Oficina Oval para decirles que daría órdenes al secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, de estudiar cómo se podrían aplicar las leyes inmigratorias de manera “más humana”.
Fueron casi nueve meses de deliberaciones entre la Casa Blanca y los demócratas. Finalmente, Obama aplazó sus medidas hasta después de las elecciones legislativas, cuando anunció una norma que protegería a casi 5 millones de personas de la deportación.
El primer semestre de 2014, Obama aún esperaba que el Congreso aprobara un proyecto de ley amplio. El presidente de la cámara baja, el republicano John Boehner, había insinuado que ésta podría discutir el tema en mayo o junio, tras la aprobación de un proyecto bipartidista por el Senado el año anterior. Obama no objetó el plazo, pero temía que fuera una táctica dilatoria.
En tanto, las fuerzas del orden reportaban una enorme ola de menores que arribaban desde Centroamérica. Los detractores criticaban al gobierno en 2012 oir aplazar las deportaciones de algunos jóvenes, afirmando que alentaba la inmigración ilegal.
Las últimas esperanzas se desvanecieron el 10 de junio cuando Eric Cantor, jefe del bloque republicano, sufrió una inesperada derrota en las primarias de Virginia que muchos atribuyeron a su apoyo a la reforma inmigratoria. “En ese momento comprendimos que la reforma inmigratoria había muerto y teníamos que concentrarnos en Obama'', dijo la activista Kica Matos.
