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La Comisión de Reducción de Condenas recomendó cerrar uno de los dos penales creados para los violadores a los derechos humanos durante la dictadura militar y unificarlos en una sola cárcel con grandes comodidades, como habitaciones individuales con baño privado.
La realidad de los condenados por los atroces crímenes cometidos especialmente en los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) contrasta con las penurias de la mayoría de los presos comunes, que viven hacinados y algunos incluso sin baño.
El informe recomendó cerrar el penal Cordillera, que funciona en el regimiento de Telecomunicaciones del ejército, en el sector suroriente de Santiago, y congregar a todos los presos en la cárcel de Punta Peuco, 40 kilómetros de Santiago.
