El empresario Mauricio Badaloni, integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Mesa de Empleo, participó de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear y analizó las principales dificultades que enfrentan la industria y la producción en el actual contexto económico.
Entre otros puntos, se enfocó en el peso de la carga impositiva y la necesidad de una reforma estructural para lograr condiciones de competencia más equitativas.
Señaló que “el 50% del costo de los productos en góndola corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales. A eso se suma un 30% correspondiente a salarios, lo que deja un margen muy limitado para la compra de insumos y la rentabilidad”. Para el empresario, dice, esta estructura impositiva “impide el desarrollo de la industria local y genera una percepción negativa sobre todo el sector privado” se quejó.
También mencionó que los altos precios locales fomentan el consumo en países limítrofes como Chile, lo que impacta directamente en las ventas internas. “Si el sector privado no vende un mes, no vende el otro, va a tener que corregir precios”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esa corrección muchas veces no depende de la voluntad empresarial sino de las condiciones estructurales que impone el Estado.
En ese sentido, criticó la falta de infraestructura, la escasa conectividad tecnológica, y un sistema educativo alejado del mundo del trabajo. Propuso “nivelar la cancha” para poder competir con países que ofrecen mejores condiciones a sus industrias.
En relación al gobierno provincial, destacó que existe un diálogo fluido con funcionarios que provienen del sector productivo, como el actual ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu. “Es fundamental tener interlocutores que entiendan de lo que se habla” agregó.
Respecto al gobierno nacional, reconoció avances en la simplificación normativa, pero indicó que “no alcanza sin una reforma impositiva de fondo y una revisión del sistema laboral. Tenemos que saber cuánto vale entrar y cuánto vale salir” de una relación laboral, expresó, y pidió eliminar prácticas judiciales que desalientan la contratación.
Badaloni también cuestionó con dureza al sircreb, calificándolo como “un mecanismo que actúa en perjuicio de las empresas, al devengar montos de manera anticipada sin devolución oportuna, mientras que el Estado sí tiene herramientas para ejecutar deudas menores” y reclamó su extinción.
A modo de ejemplo, destacó la eliminación de 52 tasas municipales en General Alvear como una señal concreta de alivio para la actividad privada, y pidió replicar esa iniciativa en otros ámbitos.
Finalmente, propuso que el sector privado asuma “un rol más activo en la política, no sólo como interlocutor de reclamos, sino como parte de la toma de decisiones”.