La superficie destinada al tomate para industria cayó de unas 7.500 hectáreas en 2023/24 a una proyección cercana a las 4.000 para la campaña 2026/27. La baja del precio internacional de la pasta, el sobrestock, el ingreso de producto importado y los costos internos golpearon a toda la cadena.
Tomate para la industria
Foto:
Los AndesHay cultivos que permiten medir una crisis casi a simple vista. En el tomate para industria alcanza con mirar la superficie sembrada. Allí donde hace apenas un par de campañas había miles de hectáreas, hoy hay menos lotes, menos contratos y una industria que mide con cuidado cuánto necesita producir y cuánto puede vender.
El tomate argentino atraviesa uno de esos momentos. La superficie destinada a industria viene cayendo de manera sostenida: de aproximadamente 7.500 hectáreas en la temporada 2023/24 se pasó a unas 4.900 en 2025/26 y la estimación para la campaña 2026/27 ronda las 4.000 hectáreas. El ajuste no es exclusivamente mendocino ni responde a una sola causa. Es el resultado de una combinación de factores internacionales y domésticos que terminó presionando sobre todos los eslabones de la cadena.
La explicación empieza bastante lejos de Mendoza. El tomate para industria es un commodity y su precio está ligado al comportamiento mundial de la pasta concentrada. Después de un período de fuerte demanda que se extendió hasta alrededor de 2021, los precios comenzaron a bajar. El fenómeno alcanzó a los principales países productores y terminó trasladándose a la materia prima.
Guillermo San Martín, gerente de Tomate 2000, explica que el escenario internacional se modificó después del auge registrado durante los años previos. El incremento de la demanda había llevado a ampliar superficies y elevar precios, pero desde 2021 comenzó la tendencia inversa: cayó el valor de la pasta concentrada y, con él, el precio que las industrias pueden pagar por el tomate fresco.
A eso se sumó un problema que agravó el escenario: el sobrestock. No solamente había existencias elevadas en el mercado internacional. También se acumuló producto dentro de la Argentina. La cadena comercial llegó a niveles de stock inusualmente altos, mientras la demanda se había moderado después del salto registrado durante la pandemia.
El resultado fue casi inevitable: si hay mucho producto almacenado y menos necesidad de comprar, la industria reduce sus programas y el productor termina recibiendo el impacto.
En paralelo, la Argentina abrió la puerta a un mayor ingreso de pasta concentrada. Durante años, las restricciones para acceder a dólares habían funcionado como una barrera de hecho para determinadas importaciones. Con un escenario cambiario diferente, la pasta importada comenzó a ingresar con mayor facilidad.
Las cifras del propio sector muestran la dimensión del cambio. Las importaciones de pasta concentrada pasaron de unas 7.500 toneladas en 2023 a 23.500 en 2024 y 44.000 en 2025. Durante los primeros seis meses de 2026 se habían registrado unas 10.000 toneladas, aunque el ritmo de ingreso comenzó a desacelerarse.
Para Patrick Smith, del INTA La Consulta y vinculado al programa Tomate 2000, el problema actual debe leerse como un “cóctel” de factores. La pasta chilena, principalmente, llegó al mercado argentino a valores históricamente bajos. Smith compara el precio de referencia de la temporada 2023/24, de unos 1.430 dólares por tonelada, con un valor actual cercano a los 980 dólares. Esa diferencia modifica completamente la ecuación industrial.
Para una fábrica, importar pasta barata puede resultar más sencillo que contratar productores, asumir contratos, recibir materia prima y afrontar los riesgos propios de una campaña agrícola. Granizo, problemas de manejo, rendimientos menores a los previstos: todos son riesgos que forman parte de producir tomate fresco.
Pero esa ecuación industrial tiene una contracara. Cuando la pasta importada desplaza al tomate nacional, el impacto no queda en la fábrica. Retrocede hacia la finca, reduce los programas de plantación y termina afectando una cadena que incluye productores, trabajadores, proveedores de insumos, viveros, transportistas e industrias.
En el campo, además, hay otro problema: financiar la producción.
Orestes Nomikos, productor mendocino, describe un escenario en el que la combinación entre precios agrícolas y costo financiero resulta particularmente difícil. A su entender, la actividad atraviesa una etapa en la que el productor puede encontrarse con una rentabilidad insuficiente y, al mismo tiempo, enfrentar tasas que hacen muy difícil financiar una inversión productiva.
“Estamos en una etapa donde el cultivo tal vez no tiene renta”, plantea Nomikos, al señalar que las tasas financieras del orden del 30% o 40% no resultan compatibles con actividades cuyos precios no crecen al mismo ritmo. Para un productor, el problema es especialmente delicado porque muchas veces no financiarse tampoco es una opción: las inversiones y el funcionamiento de una finca requieren capital antes de que llegue el momento de la cosecha.
El tomate, sin embargo, no parte de cero. La producción argentina tiene una fortaleza que se construyó durante décadas: productividad.
Y allí aparece uno de los aspectos menos visibles de la crisis. El sector puede estar atravesando un mal momento económico y, al mismo tiempo, haber alcanzado niveles tecnológicos y agronómicos que lo colocan en condiciones de competir en rendimiento con los grandes productores internacionales.
Tomate 2000 nació precisamente con ese objetivo. La asociación adquirió funcionamiento jurídico en 1997 como un programa orientado a mejorar la competitividad del cultivo. En aquel momento, el rendimiento promedio argentino rondaba las 40 toneladas por hectárea. Actualmente, San Martín ubica el promedio del programa en torno a las 105 toneladas.
Ese salto no ocurrió por casualidad. Hubo incorporación tecnológica, investigación, ensayos de campo, evaluación de variedades, manejo del riego, fertilización, control de plagas y enfermedades y seguimiento permanente de los lotes.
Smith destaca que el programa cuenta con extensionistas que visitan las fincas y realizan recomendaciones durante la campaña. La lógica es sencilla: en una actividad en la que el precio no puede controlarse desde la finca, una de las pocas variables que el productor puede manejar es la eficiencia.
San Martín aporta otro dato que ayuda a entender la situación. El rendimiento promedio histórico utilizado como referencia para el punto de equilibrio era de unas 75 toneladas por hectárea. Con la caída del precio, calcula que actualmente se necesitan alrededor de 85 toneladas para comenzar a ganar dinero. Sin embargo, dentro de Tomate 2000 existen numerosos productores que alcanzan promedios de 110 y 120 toneladas.
Es decir: todavía hay productores que pueden hacer negocio con el tomate. Pero la vara está más alta.
Ya no alcanza con plantar y esperar que el rendimiento acompañe. Hay que seleccionar lotes, controlar costos, manejar cuidadosamente el agua, seguir el cultivo y tomar decisiones agronómicas en el momento preciso.
En ese punto aparece una de las grandes fortalezas de Tomate 2000: la integración.
La organización no funciona simplemente como una asociación de productores. Su particularidad es sentar en una misma mesa a buena parte de los actores de la cadena: productores, industrias, viveros, proveedores de insumos y servicios, INTA y Gobierno. La estructura busca que los problemas se discutan de manera conjunta y que la investigación y la tecnología se incorporen al sistema productivo.
Esa integración también se refleja en la comercialización. Dentro del programa, el productor planta con un compromiso previamente establecido con una industria. No se trata de sembrar tomate para después salir a buscar comprador. El contrato forma parte de la planificación.
“Si plantás es porque tenés un contrato”, resume Nomikos. Para el productor, esa previsibilidad es fundamental en un cultivo que requiere inversión, mano de obra, tecnología y varios meses de trabajo antes de obtener ingresos.
El modelo explica también por qué Tomate 2000 conserva un peso importante aun cuando la superficie general se redujo. San Martín estima que el programa concentra alrededor del 65% de la superficie argentina, pero aproximadamente el 75% de la producción, una diferencia que refleja justamente la mayor productividad de sus productores.
Ahora bien: producir más por hectárea no resuelve por sí solo el problema de fondo.
La Argentina tiene una estructura industrial que limita su capacidad de crecer. Smith señala que incluso si existiera una temporada especialmente atractiva para plantar tomate, la capacidad instalada para procesarlo constituye un techo. La falta de nuevas inversiones industriales y las dificultades de acceso al financiamiento impiden ampliar fácilmente esa capacidad.
El otro límite está en la escala.
Argentina no puede competir directamente con Chile en la producción masiva de pasta concentrada. San Martín señala que las grandes plantas chilenas trabajan con escalas enormes y que la comparación con la industria argentina muestra una diferencia difícil de salvar solamente reduciendo costos.
Por eso, la salida que comienza a aparecer con mayor claridad es otra: no competir solamente por volumen, sino por diferenciación.
El mercado argentino tiene una característica particular. Consume mucho tomate industrializado y posee una estructura industrial diversa. Al lado de las grandes empresas existen pequeñas y medianas industrias que no pueden competir en volumen con los gigantes internacionales, pero sí pueden desarrollar productos con mayor valor agregado.
Allí aparecen las salsas, triturados, tomates enteros pelados, cubeteados, passatas y preparaciones especiales.
San Martín menciona ejemplos mendocinos que ya están recorriendo ese camino. Hay industrias que incorporaron salsas con distintos ingredientes, productos diferenciados y elaboraciones de mayor valor agregado. Algunas incluso comenzaron a explorar mercados externos, particularmente Brasil.
Para el gerente de Tomate 2000, ese puede ser uno de los caminos de salida. No intentar derrotar a Chile en su propio terreno, sino aprovechar una estructura productiva más pequeña y flexible para hacer productos que tengan otra relación con el consumidor.
Nomikos coincide desde el lado de la producción. El sector, sostiene, necesita que las industrias amplíen sus fronteras y dejen de depender exclusivamente del mercado argentino. La exportación aparece como una posibilidad que puede modificar el escenario, aunque reconoce que construir un perfil exportador requiere tiempo y condiciones adecuadas.
En ese sentido, la crisis también puede convertirse en una instancia de transformación.
La superficie ya se ajustó. Los stocks comienzan lentamente a normalizarse. Las importaciones de pasta muestran una desaceleración respecto de los niveles de 2025. Y las industrias vinculadas a Tomate 2000 volvieron a buscar superficie para la nueva campaña, después de que a mitad de año algunas estimaciones anticiparan una caída todavía más pronunciada.
El propio Smith considera que el sector podría estar atravesando su punto más bajo. No habla de una recuperación inmediata: la campaña 2026/27 todavía aparece complicada. Pero observa la posibilidad de que el escenario comience a mejorar hacia la siguiente temporada, entre otras razones porque resulta difícil imaginar que el precio de la pasta chilena permanezca indefinidamente en los niveles actuales.
San Martín también mira hacia 2027/28 con cierto optimismo. El equilibrio de los stocks y la búsqueda de mayor valor agregado podrían permitir una recuperación gradual de la producción.
No significa que el tomate haya salido de la crisis. Significa algo más modesto y, quizás, más importante: que el sector empieza a encontrar un piso desde el cual volver a construir.
Para eso hará falta una agenda que no recaiga exclusivamente sobre el productor.
Tomate 2000 propone medidas de corto y mediano plazo. Entre las primeras aparece el pedido de incorporar la pasta concentrada importada al Plan CREHA Vegetal del SENASA, de modo que el producto importado sea sometido a controles equivalentes en materia de inocuidad, incluyendo metales pesados, residuos de fitosanitarios y parámetros microbiológicos. También plantea agilizar los procesos de registro de fitosanitarios y bioinsumos para que los productores argentinos puedan acceder con mayor rapidez a nuevas tecnologías.
En el mediano plazo, la demanda es todavía más estructural: financiamiento competitivo para toda la cadena.
No solamente para el productor. También para las plantas industriales, las empresas de servicios y los proveedores de tecnología. El objetivo es invertir para producir más y mejor, reducir costos y cerrar la brecha que todavía existe con los grandes países productores.
La discusión, entonces, no es simplemente tomate sí o tomate no.
Es qué tomate quiere producir la Argentina.
Uno barato, masivo y obligado a competir con las mayores escalas del mundo tiene pocas posibilidades. Otro, basado en productividad, contratos, tecnología, integración entre los actores y mayor valor agregado, tiene una oportunidad diferente.
Mendoza forma parte de ese segundo camino. No solamente porque conserva productores y capacidad industrial, sino porque participa de una estructura que desde hace casi tres décadas viene demostrando que la tecnología puede transformar un cultivo.
El problema actual no es que la cadena haya dejado de saber producir tomate. Al contrario. El problema es que producir bien ya no alcanza.
Ahora hay que conseguir que esa eficiencia tenga mercado, financiamiento y precio.
Y que la industria pueda convertir un tomate que sale de una finca mendocina en algo que valga más cuando llegue a una góndola, en la Argentina o en otro país.
Ese parece ser, para una actividad que llegó a producir más de 7.000 hectáreas y ahora busca estabilizarse alrededor de 4.000, el desafío de la próxima etapa.
La crisis del tomate para industria llevó a Tomate 2000 a plantear una agenda de medidas inmediatas y estructurales. El objetivo declarado no es cerrar el mercado ni impedir las importaciones, sino mejorar las condiciones de competencia para la producción nacional.
Uno de los pedidos de corto plazo consiste en incorporar la pasta concentrada de tomate importada a granel al Plan CREHA Vegetal del SENASA. La propuesta apunta a que ese producto sea sometido a controles equivalentes a los que afronta la producción nacional, particularmente en materia de metales pesados, residuos de productos fitosanitarios y parámetros microbiológicos.
La segunda medida está relacionada con el acceso a tecnología. El sector plantea agilizar y flexibilizar los procesos de registro de fitosanitarios y bioinsumos, para reducir los tiempos de aprobación y evitar que las demoras regulatorias generen una desventaja frente a países competidores. La propuesta mantiene los estándares de seguridad e inocuidad, pero busca acercar los tiempos regulatorios argentinos a los de otros grandes productores.
El tercer eje es el financiamiento.
Para el sector, la recuperación no será posible sin inversiones en las fincas y en las industrias. El tomate para industria es una actividad intensiva en capital y tecnología y necesita recursos para incorporar equipamiento, mejorar rendimientos, reducir costos y aumentar la eficiencia. Por eso se plantea acceder a financiamiento de mediano y largo plazo a tasas competitivas para productores, procesadores y empresas proveedoras de insumos y servicios.
En paralelo, productores e industrias señalan la necesidad de construir un perfil más exportador. El mercado interno continúa siendo central, pero la experiencia de algunas empresas que comenzaron a desarrollar productos de mayor valor agregado y a ingresar a Brasil muestra una alternativa.
La idea que atraviesa toda la agenda es que la salida no depende de una sola medida. Requiere que productores, industria, tecnología y Estado vuelvan a moverse en la misma dirección.
Tomate 2000 surgió a mediados de los años 90 y adquirió funcionamiento jurídico en 1997 como un programa orientado a mejorar la competitividad del tomate para industria. El punto de partida era muy diferente al actual: el rendimiento promedio argentino rondaba las 40 toneladas por hectárea. Hoy, dentro del programa, el promedio se ubica alrededor de las 105 toneladas.
Su característica distintiva es la integración de los distintos eslabones de la cadena. Productores, industrias, viveros, proveedores de insumos y servicios, INTA y Gobierno participan de una estructura que busca discutir problemas comunes y desarrollar soluciones.
El programa trabaja sobre tecnología, investigación y extensión. Se realizan ensayos de variedades, experiencias de fertilización, riego y manejo de plagas y enfermedades. Además, los extensionistas recorren periódicamente las fincas y acompañan al productor durante la campaña.
La organización también cumple un papel importante en la planificación productiva. Dentro de su esquema, el productor no debería plantar para después buscar comprador: el cultivo se vincula con un programa acordado con una industria. De ese modo, la producción se realiza sobre una base contractual.
Actualmente, Tomate 2000 representa aproximadamente el 65% de la superficie argentina de tomate para industria, pero concentra cerca del 75% de la producción, una diferencia explicada por sus mayores rendimientos.
Para sus integrantes, esa integración es una de las principales herramientas disponibles para atravesar la crisis. En un mercado internacional donde la escala de países como Chile resulta difícil de igualar, la apuesta pasa por hacer más eficiente la producción y, al mismo tiempo, construir productos diferenciados.
El desafío es que esa capacidad tecnológica pueda transformarse nuevamente en rentabilidad.
