La funcionaria defendió la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, aseguró que no generará “un caos” en Mendoza y sostuvo que la reforma apunta a la resocialización.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
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Gentileza Prensa SeguridadEn diálogo con Aconcagua Radio, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus analizó la media sanción del proyecto de ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años y sostuvo que la aprobación implica un cambio profundo en la forma en que el Estado aborda el delito cometido por menores.
“Lo que significa es que, como sociedad argentina, los representantes que están en el Congreso están pensando que un joven de 14 años puede comprender la criminalidad del acto”, explicó. Y agregó: “Ese joven que empuñó un arma para robar o que apuñala o dispara contra una persona entiende que está mal ese hecho y, por lo tanto, merece una sanción”.
La ministra subrayó que el nuevo esquema no elimina el régimen especial, sino que lo actualiza. “No va a ser un sistema común, va a ser un sistema acorde con esa juventud, con el régimen penal juvenil, que de hecho es un régimen especial”, indicó, y recordó que la normativa vigente tiene “casi 50 años” en una sociedad que “ha cambiado mucho y donde el delito se ha diversificado”.
Ante las críticas que vinculan el delito juvenil con contextos de vulnerabilidad, la funcionaria fue clara: “Lo que no hay que hacer es confundir y mezclar las cosas. La ley penal juvenil no está destinada a resolver problemas socioeconómicos y sociales”.
Si bien reconoció que esos factores pueden influir, sostuvo que no pueden derivar en impunidad. “Eso es tarea del Estado, es cierto, pero es otro aspecto y no puede ganar la impunidad”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que cada caso se analiza de manera particular para definir condiciones o modalidad de cumplimiento de la pena, pero insistió: “La ley penal tiene que existir, tiene que fijar límites, tiene que ordenar las responsabilidades y tiene que proteger a las víctimas”.
Consultada sobre el escenario provincial si el Senado convierte el proyecto en ley, la ministra detalló que en 2024 hubo “cerca de 350 jóvenes vinculados” al sistema de responsabilidad penal juvenil.
Advirtió que la ampliación de la franja etaria “puede traer un acrecentamiento”, aunque descartó un colapso del sistema. “No va a traer un caos como escuché que muchos decían”, señaló.
Además, explicó que cerca del 90% de los jóvenes reciben medidas alternativas y no privación de libertad. “La ley habla de que la pena privativa de libertad va para los delitos más graves”, indicó, y precisó que en Mendoza “ni en el 24 ni en el 25 hubo homicidios de autores de 14 a 16 años”, con excepción de “un caso en 2024”.
La funcionaria sostuvo que la provincia cuenta con un fuero penal juvenil especializado y capacidad instalada para afrontar la reforma, aunque reconoció que “toda reforma de este estilo implica necesidad de recursos”.
Respecto al financiamiento nacional previsto para la implementación, afirmó: “Se ha previsto un financiamiento, habrá que ver que efectivamente llegue a las provincias”.
Recordó que Mendoza viene realizando inversiones tanto en el sistema penal juvenil como en el penitenciario de adultos. “Se inauguró un centro de monitoreo en el sistema de responsabilidad penal juvenil y se han mejorado sectores para las visitas, pensando en la resocialización”, detalló.
También confirmó que se proyecta la apertura de una cárcel en San Rafael y que avanza la licitación de Almafuerte III. “La infraestructura está, por supuesto que siempre hay que mejorar”, sostuvo, y remarcó que el encarcelamiento será el último recurso. “La ley lo ha dejado escrito como el último recurso, excluyendo incluso la perpetua. Pensamos que los tiempos máximos van a ser de 15 años”.
Para la ministra, el debate trasciende lo técnico y plantea una redefinición de responsabilidades. “Lo que se está validando son las nuevas reglas de un nuevo contrato social”, afirmó.
Y concluyó: “Vos de 14 o 15 años no vas a quedar impune. Eso es un punto de justicia para la ciudadanía y un desafío para el Estado de abordar bien a ese joven para que después no cometa otro delito”.
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