6 de abril de 2016 - 00:00

Abrirán juicio político también al vice de Brasil

Lo ordenó un juez de la Corte Suprema. Alegan que Temer cometió similar “delito de responsabilidad” que Rousseff.

Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) de Brasil ordenó ayer a la Cámara de Diputados que inicie el trámite para formar juicio político al vicepresidente Michel Temer, similar al que está en curso contra la presidenta Dilma Rousseff, mientras en el Senado creció el respaldo a la idea de convocar a elecciones anticipadas en octubre para destrabar la crisis.

En plena cuenta regresiva para que se vote en la Cámara baja, tal vez a partir del viernes 15, el juicio político a Rousseff, las pujas entre el oficialismo y la oposición iban subiendo de tono y cada actor político, incluido el STF, estaba ganando protagonismo frente al desenlace que puede terminar en la destitución de la mandataria.

El nuevo hecho político de la jornada lo protagonizó el ministro Marco Aurelio Mello, del STF, que dio un cimbronazo a la estrategia opositora para destituir a Rousseff. Mello ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que aceptara un pedido de juicio político a Temer que había sido rechazado.

La solicitud de juicio político contra Temer fue presentada por un abogado, Mariel Márley Marra, y rechazado por Cunha, pero el denunciante apeló al STF y obtuvo el apoyo de Mello, quien alegó que la acusación es similar a la que llevó a iniciar el proceso a Rousseff.

Marra sostuvo en su denuncia que el vicepresidente habría incurrido en el mismo “delito de responsabilidad” que Rousseff al firmar algunos de los decretos que facilitaron unas maniobras contables dentro del presupuesto de 2014 y 2015. Sin embargo, el presidente de Diputados, que integra el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMBD) que lidera Temer y que la semana pasada abandonó la coalición gobernante, se negó a aceptar las acusaciones contra su jefe partidario, después de haber admitido las que se hicieron contra Rousseff.

El abogado general del gobierno, José Cardozo, dijo ayer ante la Comisión de Juicio Político que la acción contra Rousseff fue una “venganza” de Cunha, debido a que el Partido de los Trabajadores (PT) gobernante apoyó su investigación por falta de decoro debido a que ocultó cuentas que posee en Suiza y está procesado por corrupción por el escándalo de Petrobras.

Aliados de Cunha informaron que no cumplirán la medida ordenada por Mello. A pesar de que el PMDB resolvió el 29 de marzo abandonar la alianza de gobierno que lidera el PT, Temer se mantiene en el cargo y es el primero en la línea de sucesión.

El gobierno, que considera un “golpe institucional” el juicio político a la mandataria, por entender que no existe crimen de responsabilidad o atentado a la Constitución, no hará cambios en el Gabinete hasta que termine el proceso, según dijo ayer la propia Rousseff.

La oposición necesita 342 votos para elevar el juicio a Rousseff al Senado -que debe actuar como juez- y tras la salida de gran parte del PMDB de la base aliada en el Congreso el objetivo del gobierno será buscar acuerdos con otras fuerzas, como el Partido Progresista, tercer bloque en la cámara baja.

En el Senado, el presidente del cuerpo, Renán Calheiros, del PMDB pero con buen diálogo con el Ejecutivo y con más autonomía respecto de la dupla Temer-Cunha, dijo que ve “con buenos ojos” la opción de adelantar las elecciones presidenciales para octubre y acortar en dos años el mandato de cuatro de Rousseff.

La mandataria, que desde hace varios días repite que “jamás” renunciará, cuestionó ayer con ironía la propuesta lanzada por Valdir Raupp, senador del PMDB. “No acepto ni rechazo propuestas, pero que convenzan a todos los diputados y senadores a dejar sus mandatos este año”, dijo Rousseff en relación con la iniciativa para adelantar las elecciones.

En medio de la batalla judicial que atraviesa también esta crisis política, el juez del STF Gilmar Mendes puso en duda que este jueves la máxima corte pueda pronunciarse sobre la suspendida asunción del ex presidente Luiz Lula da Silva como jefe de gabinete de Rousseff. Mendes, abiertamente crítico del PT, suspendió la asunción de Lula con una medida cautelar en la cual sostenía que la designación buscó ser un “salvoconducto” para ganar fueros y evitar ser investigado por el juez federal Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras.

La ex candidata Marina Silva pide elecciones anticipadas

La ex candidata presidencial brasileña Marina Silva pidió ayer a la justicia electoral acelerar el examen del presunto financiamiento ilegal de la reelección de Dilma Rousseff en 2014, que de probarse anticiparía un nuevo comicio.

Silva, tercera en los comicios de 2014 con 21,3% de los votos, considera esa solución preferible a la del juicio político que estudia el Congreso, que llevaría a la sustitución de Rousseff por su vicepresidente Michel Temer hasta el fin del mandato en 2018.

“Si se comprueba que el dinero de la corrupción alteró la voluntad soberana de la sociedad brasileña en las elecciones, la salida, el camino, es una nueva elección”, dijo Silva, que lidera las intenciones de voto en las encuestas, en una rueda de prensa en Brasilia.

El pedido de juicio político se basa en una acusación de manipulación de las cuentas públicas por parte de Rousseff, en tanto que el Tribunal Superior Electoral (TSE) examina si en la campaña de la fórmula Rousseff-Temer hubo dinero del esquema de corrupción de Petrobras.

Si se anula la elección, tendría que convocarse una nueva en un plazo de 90 días.

"Si el TSE entendiera el sentido de urgencia de lo que está pasando" y las acusaciones se comprobaran, "eliminaría la fórmula Rousseff-Temer y convocaría a una nueva elección", dijo Silva, que fue ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2007).
Esa consulta podría coincidir con las municipales previstas en octubre, y de ese modo "no costaría un centavo más a los cofres públicos", agregó.

Silva ya criticó en una entrevista publicada hace dos semanas la falta de proyecto de un eventual gobierno Temer, cuyo partido, el centrista

Marina Silva afirmó que “el juicio político no es un golpe de Estado”, pero tampoco es la mejor salida: “No podemos golpear el futuro de nuestra nación con aquéllos que no quieren resolver la crisis, sino solo disputar el poder por el poder”, comentó.

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