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Decenas de presos de ETA comenzaron a pedir su libertad después que el Tribunal de Estrasburgo (TEDH), con jurisdicción europea, anulara el lunes la denominada "doctrina Parot", provocando la indignación de las víctimas de la organización armada independentista vasca que se movilizaron contra esta decisión.
La Audiencia Nacional -principal instancia penal española- recibió 36 recursos de presos de ETA, buscando salir de prisión como Inés del Río, cuya liberación fue ordenada por el TEDH el lunes. El Tribunal falló contra la doctrina Parot, vigente en España desde 2006, por la que las reducciones de condena se descontaban de cada una de las penas de un preso y no de los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previstos por la ley.
Así, del Río, condenada a 3.828 años de cárcel, por entre otros delitos el asesinato de 12 guardias civiles en Madrid con un coche bomba en 1986, tenía que haber salido en 2008 pero vio su excarcelación aplazada hasta 2017.
Del Río, de 55 años y que salió el martes de prisión tras más de 26 años, había recurrido ante el TEDH la aplicación de la doctrina Parot a su caso, y ahora la decisión de ese tribunal, vinculante para la justicia española, podría suponer la salida de numerosos presos en situación similar.
De esta manera, hasta 54 presos de ETA, así como 9 de otros grupos armados y 14 delincuentes comunes podrían salir de la cárcel tras la anulación de la doctrina Parot.
La decisión de Estrasburgo fue bien recibida por la izquierda independentista vasca, que mostró su alegría por la misma, aunque sin querer hacer ostentación.
"Hoy tenemos que decir que no podemos disimular nuestra alegría porque estamos contentos, pero no queremos que nuestra alegría ni nuestra postura sea hiriente para nadie, ni para las víctimas", dijo a la radio pública vasca Hasier Arraiz, de Sortu, el brazo político de ETA.
Las víctimas, sin embargo, siguen mostrando su indignación por la decisión de Estrasburgo y ayer dos de sus representantes fueron recibidas por el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular (PP).
Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, fue la primera en reunirse con Rajoy en el Palacio de la Moncloa. "He trasladado al presidente el malestar que sentimos las víctimas ahora mismo", declaró Pedraza a los periodistas al término del encuentro. "Creemos que no se ha hecho justicia, estamos muy dolidos, muy enfadados", agregó.
Rajoy recibió después a María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y hermana del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA el 12 de julio de 1997 tras dos días de un secuestro con el que la organización pretendía exigir al gobierno español el acercamiento de sus presos a cárceles del País Vasco.
Las asociaciones de víctimas se manifestarán el domingo en Madrid para mostrar su rechazo a la liberación de Inés del Río, y a las que pudieran producirse como consecuencia de la aplicación de la decisión de Estrasburgo.
Mañana, la Audiencia Nacional determinará cómo tramita estos 36 recursos sin entrar a decidir sobre eventuales excarcelaciones, y sólo decidirá realmente sobre dos recursos ya programados, los de Josefa Mercedes Ernaga, condenada a más de 900 años de cárcel, y Manuel Piriz López, condenado a 61 años de prisión. Ambos participaron en sangrientos atentados y asesinatos, que en total dejaron 22 muertos.
