19 de enero de 2013 - 01:40

Venezuela, otra ruptura de la legalidad en la región

Los pasos que ha dado el país a partir de la enfermedad y ausencia de Hugo Chávez revelan que se vive un “todo vale” en el que se puede acomodar la realidad según las necesidades del poder.

Pese a que el relato ha levantado un muro de autojustificación y épica, los pasos que ha dado Venezuela desde comienzos de año a partir de la enfermedad y ausencia de Hugo Chávez, acabaron amontonando a ese país junto con Honduras o Paraguay, como un nuevo capítulo de la ruptura de la legalidad en la región. No importa lo que se diga o la importancia que se le pretenda quitar a este grave fenómeno, eso es lo que está sucediendo y es una percepción que desborda prejuicios ideológicos; es puramente técnica.

Pero lo que tiene de peor este episodio es que agrega, desde la otra vereda, un ejemplo similar del “todo vale” que se achacaba al imperio y a sus secuaces, la noción tóxica de que se puede acomodar la realidad según las necesidades del poder. De modo que lo que era aberrante en manos ajenas, torna en avance purista si liga con los intereses propios.

No nos confundamos. Lo de Venezuela no es un golpe, como sí lo fue de modo tajante el cívico-militar de Honduras en 2009 que volteó un presidente elegido. Tampoco fue un golpe lo de Paraguay, donde el Parlamento se abusó de la mayoría opositora y de su posición dominante para impulsar un juicio político expeditivo y echar del poder a Fernando Lugo sin darle oportunidad de defenderse. Lo que une a estos episodios es el oportunismo. En el caso del país centroamericano se reescribió la legislación para convertir en constitucional el derrocamiento de Manuel Zelaya, un ganadero conservador devenido en populista quien fue sacado de su cama una madrugada y llevado a la fuerza a otro país por una patrulla militar.

Los autores del golpe se ampararon en que el Congreso y la Corte Suprema aprobaron todo lo actuado. Zelaya, un aliado del chavismo venezolano que también se había lanzado a petardear la Constitución pero se le anticiparon sus adversarios, sin apoyo popular se fue diluyendo. Con el tiempo, hasta los más duros críticos de la asonada, como Brasil, acabaron aceptando el engendro resultante amparado por EE.UU. y las elecciones posteriores con las que se buscó retomar la legalidad.

Paraguay, en cambio, sigue sancionado hasta hoy, con un congelamiento impuesto por sus socios del Mercosur y de la Unasur por una polémica ruptura del orden constitucional que en realidad consistió en forzar el marco legal para dejar en el aire a Lugo. El impeachment express contra el presidente fue el costo que le hicieron pagar por haber intervenido clandestinamente en la interna del poderoso Partido Colorado para intentar seguir en el Palacio López. Con muy escaso apoyo de sus bases, este cura chavista que se benefició como otros gobiernos de la región del boom de la soja, es hoy un espejismo político de sí mismo. Ahí también los autores de la movida que lo barrió la justificaron en que tuvo un apoyo casi sin fisuras del Parlamento y de la Corte Suprema.

En Venezuela, la ausencia de Hugo Chávez, enfermo en Cuba, se podía resolver por dos caminos legales fijados en la Constitución. Uno era declarar su ausencia definitiva, pasar el poder provisional al titular del Congreso y llamar a nuevas elecciones en un plazo de cuatro semanas. La otra, declarar la ausencia temporal del mandatario, y otorgarle una dispensa de 90 días renovable por otro periodo similar.

De ese modo, Nicolás Maduro hubiera seguido gobernando como vice designado, en una construcción jurídicamente polémica pero mucho más ordenada que lo que se acabó haciendo. La cúpula chavista decidió, en cambio, negar la ausencia del presidente. Optó por un tercer camino inconstitucional y mágico con apoyo, como en Paraguay y Honduras, del Congreso y la Corte: el invento de un Jefe de Estado presente pero virtual gobernando desde alguna parte, con un vicario, Maduro, convertido en una especie de virrey.

Lo cierto es que la realidad dura exhibe que Chávez no gobierna y nadie sabe nada de él, salvo lo que consignan los reportes orwellianos del ministerio de Información que lo pintan entero y enterado, pero sin una imagen que acompañe semejante buena nueva.

La última aventura fue publicar en el Boletín Oficial los decretos que designan al nuevo canciller firmados por el presidente el 15 de enero en Caracas, cuando nadie niega que está en Cuba en una sala de terapia intensiva. Ni siquiera se cuidó el detalle de colocar la firma en La Habana, cuestión jurídicamente inaceptable para el instrumento público, pero por lo menos más cerca de la verdad que se pretende construir.

El resultado es esa noción de que da lo mismo sea allá o acá que esté o no. Lo que importa es que eso sea aceptado desde lo peor de la teología que es el mesianismo. El núcleo de este conflicto, y de ahí su importancia superlativa para la región, es que por izquierda o por derecha lo que se acaba promoviendo es un modelo de democracia débil y maleable. Es un grave retroceso. Hace solo tres décadas se suponía que el sentido republicano había llegado a la región para quedarse y perfeccionarse tal como se lo imaginó en la larga batalla contra las dictaduras.

Hoy, la sola idea de inyectar legitimidad a estos manejos es un riesgo potencial en todas estas fronteras porque sin límite sólo queda el abismo. Que los modelos que se autodesignan como progresistas y populares, acaben imitando comportamientos que denunciaron como excluyentes y bárbaros de la otra vereda, desnuda el vacío ideológico que aletea detrás de estas propuestas. Si se observa el cuadro completo, Cuba, donde la cúpula bolivariana arma su estrategia de sobrevivencia, aparece haciendo con Venezuela lo que EEUU hizo antes con Honduras. Pero estos lodos vienen de viejos barros.

Lo que sucede hoy en la patria de Chávez tiene los ecos de 2009 cuando el caudillo, pese al voto popular en contra en el referéndum de 2007, impuso la reelección permanente para perpetuarse en el poder. O, cerca de allí, en Nicaragua ese mismo año, cuando su socio Daniel Ortega, por esas épocas laureado con el Premio Internacional de Derechos Humanos Muamar Kadafi, que otorgaba el tirano de Trípoli, superó todos los límites del Guinness al declarar inconstitucional la Constitución que le impedía presentarse a un tercer mandato. Ahí también Congreso y Corte asumieron como legítimo ese disparate.

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