Foto:
Las autoridades civiles y militares ocuparon ayer las 35 sucursales de la cadena de pequeños mercados Día Día, como parte de un endurecimiento de las sanciones que emprendió el gobierno del presidente Nicolás Maduro para hacer frente al creciente desabastecimiento de alimentos y otros bienes que se ha manifestado en la multiplicación de largas filas a las puertas de los comercios en todo el país.
“Se ha ordenado la ocupación temporal de todos los espacios, de toda la red de supermercados Día Día en toda la cadena, desde el almacenamiento, distribución, venta”, anunció el diputado oficialista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, la madrugada de ayer a la televisión estatal durante la toma de uno de los almacenes de la cadena ubicado en la barriada pobre de la Yaguara, al oeste de la capital. Al explicar las razones de la medida, Cabello indicó que los propietarios incurrieron en “venta irregular de los productos”, y mantenían “más de 2.500 toneladas de alimentos y de productos” almacenados.
En medio de una bulliciosa y angosta calle de la barriada pobre de Propatria, al oeste de la ciudad, cerca de medio centenar de humildes compradores se congregaron ayer en una larga fila a las puertas de una de las sucursales del mercado Día Día para ingresar y tratar de adquirir café, aceite, harina de maíz precocido, jabón en polvo y suavizante para la ropa, que son algunos de los productos más demandados entre los venezolanos en los últimos días debido a los problemas de desabastecimiento.
Las puertas del mercado eran resguardadas por guardias nacionales, armados de fusiles, que iban organizando junto con una funcionaria del gobierno el ingreso de los compradores luego del chequeo de sus números de cédulas de identidad.
“Esto debió haber pasado mucho antes”, afirmó Ana Brito, un ama de casa de 32 años, al asegurar que la ocupación de la cadena Día Día servirá para enfrentar las “mafias” que estarían operando en la venta de productos. “Hay demasiadas mafias. Cada quien tiene su cuota de culpa, gobierno, productores, comerciantes, empresarios, todo el mundo”, agregó.
A pesar de celebrar la medida de ocupación, Brito sostuvo, tras esperar en una fila cinco horas para entrar al mercado, que la decisión del gobierno de Maduro no resolverá el problema del desabastecimiento debido a que “no hay conciencia en quienes surten a la población”.
“Esto es horrible. ¿Hasta cuándo? Ya no podemos más”, expresó, molesta, María Infante, un ama de casa de 64 años, al salir decepcionada de una de las sucursales de Día Día, al norte de la ciudad, sin lograr comprar jabón en polvo para lavar ropa, que se había agotado desde tempranas horas del día.
“El gobierno dice que hay de todo, pero no sé dónde... Hay que cambiar la economía”, dijo Infante al manifestarse pesimista por la situación del país.
La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas rechazó ayer el señalamiento del gobierno de que el sector privado es el responsable de la crisis económica, y dijo en un comunicado que la inflación y la escasez en Venezuela tienen que ver con “la instrumentación de un modelo económico, el socialismo del siglo XXI, que con su trama de controles y obstáculos devastó la capacidad productiva privada del país”.
La ocupación de la cadena de mercados se da después que las autoridades iniciaron el fin de semana un procedimiento administrativo contra Farmatodo, la mayor cadena de farmacias del país, y citaron a declarar en la sede de la policía política el presidente ejecutivo y seis gerentes del grupo.
Las autoridades comenzaron el mes pasado inspecciones a comercios del país ante el recrudecimiento de los problemas de desabastecimiento de algunos alimentos y bienes básicos, y las largas filas de clientes que se forman a las puertas de los supermercados y tiendas de productos básicos de todo el país.
Venezuela está sumida en una crisis económica, caracterizada por una inflación que superó el año pasado el 64%, con problemas severos de escasez y una recesión que, según proyectan analistas se agravará este año por la caída de los precios del petróleo principal fuente de ingresos del país.
Contra el uso de armas para reprimir protestas
La coalición opositora interpuso ayer en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso para solicitar la nulidad por inconstitucionalidad de una resolución que permite a los militares venezolanos utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas.
La llamada “Mesa de la Unidad Democrática”, que agrupa más de una decena de partidos y organizaciones, presentó en el máximo tribunal un recurso de nulidad por inconstitucionalidad y un amparo cautelar contra la resolución que regula la actuación de las fuerzas armadas en el control del orden público, emitida la semana pasada por el Ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López.
Activistas de derechos humanos, juristas y opositores consideraron la resolución como “inconstitucional” y un “retroceso en materia de derechos humanos”, y expresaron inquietud ante la posibilidad de que la regulación se emplee para reprimir las protestas que puedan surgir ante la complicación de la crisis económica que enfrenta Venezuela.
En Caracas y otras ciudades se registraron en el primer semestre de 2014 violentas protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos, 878 lesionados, y varios centenares de detenidos. Las fuerzas militares tuvieron una activa participación en la contención de esas protestas que fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos locales e internacionales. AP
