Más de 1,35 millón de electores venezolanos deberán validar entre el 20 y 24 de junio sus firmas para activar un eventual referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, anunció ayer la presidenta del organismo electoral.
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Más de 1,35 millón de electores venezolanos deberán validar entre el 20 y 24 de junio sus firmas para activar un eventual referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro, anunció ayer la presidenta del organismo electoral.
Luego de más de un mes de revisión, el Consejo Nacional Electoral decidió considerar válidas 1.352.052 firmas que consignó en mayo la oposición e invalidó otras 605.727 rúbricas por incumplir los requisitos y presentar fallas en los registros de los datos, problemas en la impresión dactilar, cédulas de identidad inexistentes, fallecimiento de los electores, inhabilitación de electores condenados y casos de menores de edad, dijo la presidenta del Consejo Tibisay Lucena.
Para completar el proceso de validación los más de 1,35 millón de electores que firmaron a favor del referendo deberán acudir en esas fechas a los centros de votación que habilitará el Consejo en todo el país para ratificar su rúbrica, dijo Lucena.
Asimismo, el organismo estableció que entre el 13 y 17 de junio se abrirá un proceso para que los electores que firmaron en abril y están en desacuerdo con el referéndum puedan retirar sus firmas.
La activación de la nueva fase de validación de las firmas se da luego de protestas callejeras que realizó la oposición en la capital y otras ciudades desde mayo para presionar a las autoridades electorales.
Lucena exigió ayer respeto a la integridad de los funcionarios e instalaciones del Consejo y afirmó que de darse cualquier agresión, alteración del orden o generación de violencia conllevará la “suspensión inmediata del proceso hasta que se restablezca el orden, la tranquilidad y el respeto”.
Las firmas validadas por el Consejo superan en más de 6 veces la cifra exigida por el organismo electoral (196.000) para activar una el proceso de referéndum. De superarse esta etapa, la oposición deberá emprender la recolección de más de cuatro millones de firmas para lograr activar formalmente la consulta popular.
La oposición sostiene que el referéndum contra Maduro puede darse este año, pero algunas autoridades han descartado esa posibilidad.
El dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles puso en duda la transparencia del proceso de validación de firmas.
"Lo que hizo el CNE (Consejo Nacional Electoral) fue pisotear la manifestación de voluntad del pueblo", dijo Capriles al denunciar que tanto su firma como la de otros dirigentes opositores fueron invalidadas por el organismo electoral debido a supuestas fallas en los registros de los datos.
Maduro anunció en mayo que emprendería acciones legales contra los dirigentes opositores si se detectaban casos de firmas falsificadas.
El mandatario venezolano enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis dominada por una desbordada inflación, severos problemas de escasez de alimentos y medicinas y una recesión económica que amenaza con agravarse por la caída del precio del petróleo, la principal fuente de ingresos por exportaciones del país.
El gobierno asegura que la crisis es consecuencia de una “guerra económica” promovida por sectores opositores.
Los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, impulsan, con apoyo de Unasur, un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición y lograr salidas a la crisis.
La OEA debatirá la crisis
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizará una sesión extraordinaria para discutir la situación política e institucional en Venezuela el 23 de junio, cuando la oposición se encontrará en un proceso para activar un revocatorio al presidente Nicolás Maduro.
La reunión especial convocará en Washington a los embajadores de los 34 países de la OEA para discutir un informe del secretario general Luis Almagro, en el que describió una “crisis institucional” en Venezuela que “demanda cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo”.
Almagro había solicitado la sesión, invocando por primera vez el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo regional para atender casos de alteración o ruptura del orden democrático en un país miembro de la OEA.
