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Proyectos millonarios de una minera a cielo abierto, una planta regasificadora y un puerto de aguas profundas, en distintas zonas de Uruguay y todos considerados claves por el gobierno de José Mujica, son resistidos por diversos movimientos sociales, que exigen un mayor cuidado de los recursos naturales.
Ambientalistas uruguayos marcharon ayer "en defensa del agua, la tierra y la vida", en momentos en que el país se apresta a aprobar polémicos y millonarios proyectos privados de megaminería a cielo abierto, en el centro-este del país, y una regasificadora en la costa oeste de Montevideo.
La movilización se "inscribe en el marco de un crecimiento de la problemática ambiental del Uruguay, que se profundiza con la falta de legitimidad social y política que tiene la ley de minería de gran porte que aprobó el Parlamento", dijo Julio Gómez, productor rural y escribano especialista en la ley sobre minería y activista ambiental.
El Congreso uruguayo aprobó en setiembre un proyecto que regula la minería de gran porte y días atrás el presidente Mujica dijo que "son muy buenas" las posibilidades de que se autorice un proyecto de explotación de hierro de la minera Aratirí, filial local del grupo indio Zamin Ferrous.
De concretarse, el proyecto -que ha sido objeto de polémica desde el inicio de la exploración- abarcaría cinco departamentos del centro-oeste del país, sobre una zona de 14.000 hectáreas, con una inversión de 2.800 millones de dólares.
"La clase política de Uruguay le debe a la sociedad una gran discusión sobre qué rumbo se quiere tomar en relación a la megaminería a cielo abierto, una actividad muy cuestionada a nivel internacional", comentó Gómez, quien junto a movimientos sociales y medioambientales reunidos en el Movimiento por Un Uruguay Sustentable (Movus) iniciarán una campaña de recolección de firmas para convocar a un referéndum sobre el tema.
El rechazo a la minería a cielo abierto se manifestó en los últimos meses en varios puntos del país.
En el departamento del Tacuarembó (centro-norte) se entregaron en junio 1.300 firmas con el objetivo de convocar a un referéndum departamental que decida sobre la instalación de las megamineras.
El miércoles, en tanto, en Lavalleja (sureste) la Junta Departamental declaró al departamento "libre de megaminería metalífera a cielo abierto", una medida que podría replicarse en otros departamentos pero cuyo alcance legal ya debaten los expertos.
"Le adjudico a esta norma un valor político. Una ordenanza de este tipo no me parece que tenga la fuerza para impedir la ley", comentó el abogado especializado en Derecho Ambiental Ricardo Gorosito al diario El Observador.
"Perdemos soberanía política"
"No es solamente el tema de la megaminería el preocupante, sino el del puerto de aguas profundas, que nos va a complicar el turismo en Uruguay, y otros megaproyectos destructivos que afectan directamente al ?Uruguay Natural', la marca que vendemos al mundo", dijo la ambientalista Fabiana Campos.
Días atrás, una audiencia pública por la instalación de una planta regasificadora -que construirá y operará la compañía franco-belga GDF Suez en Montevideo- reveló la fuerte oposición de pobladores de la zona donde se ubicará.
Para Campos, es reprochable que los proyectos a punto de instalarse en Uruguay sean contrapuestos al "modelo productivo de desarrollo que toda la vida se fundó en la agricultura y ganadería, como mayores pilares de la economía, a lo que se sumó en los últimos años el turismo", que a su entender se verá dañado por la instalación de un puerto en el departamento de Rocha (sureste).
Campos acusó que "el Uruguay hoy está en manos de compañías extranjeras".
"Nosotros, como pueblo, estamos perdiendo nuestra soberanía política y nuestra soberanía alimentaria", enfatizó.
