Foto:
El Tribunal Constitucional español anuló ayer la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre, mientras el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, pidió una “participación masiva” en los comicios regionales de diciembre para abrir una “nueva etapa”.
Esa declaración unilateral de independencia provocó por parte del Ejecutivo español medidas para frenar el secesionismo, entre ellas, la destitución del Gobierno regional de Cataluña, la disolución de su parlamento regional y la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre.
Rajoy afirmó en el Congreso de los Diputados que espera que “la gente sea consciente de la importancia” de esos comicios, que se celebrarán el día 21 del próximo mes.
Reiteró además que está “a favor del diálogo siempre dentro de la ley” y confió en que “a partir de las elecciones, las cosas vuelvan a su cauce” y se abra una nueva etapa de tranquilidad y normalidad, porque, según explicó, existen numerosos datos “preocupantes” sobre la economía catalana.
Desde que el 1 de octubre pasado se celebró el referéndum independentista en Cataluña, anulado por el Tribunal Constitucional, un total de 2.216 empresas han trasladado su sede social desde esa región a otros puntos de España, según los últimos datos oficiales, además de producirse una reducción de actividad en sectores claves como el turismo.
Al margen de las medidas políticas adoptadas por el Gobierno central, el proceso independentista catalán está también en manos de la Justicia española, ya que las distintas medidas aprobadas por el Gobierno o el Parlamento de Cataluña a favor de la independencia han sido denunciadas por el Ejecutivo de Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC), además de las querellas presentadas por la Fiscalía en distintos tribunales.
El Constitucional, que anuló la citada declaración de independencia, también declaro ilegal el referéndum secesionista del 1 de octubre y la llamada ley de transitoriedad, que pretendía convertir a Cataluña en una república.
El pleno del TC de ayer también decidió denunciar por desobediencia a sus sentencias a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa (órgano de gobierno de la Cámara), tal y como pedía el Ejecutivo central en su recurso, que posiblemente conducirá a una nueva querella de la Fiscalía.
Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlamento catalán deben declarar mañana ante el Tribunal Supremo español tras ser denunciados por el Ministerio Público al permitir que la Cámara catalana aprobara el pasado día 27 de setiembre una declaración de independencia. Agencias