Foto:
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo que se propone instrumentar rápidamente reformas para evitar los desalojos por incumplimiento de pagos hipotecarios después que una mujer se suicidara hace dos días cuando la policía llegaba para echarla de su departamento.
La muerte de Amaia Egaña, de 53 años, quien se arrojó de su balcón en el cuarto piso cuando llegaron los agentes el viernes, causó indignación nacional.
Rajoy dijo ese mismo día que la legislación actual permite "situaciones inhumanas" a medida que las personas que no pueden cumplir con sus pagos son desalojadas de su vivienda cuando todavía están agobiadas por el resto de la deuda de su hipoteca.
El jefe de gobierno dijo que desea "una suspensión temporal de los desalojos" mientras introduce un código que permita renegociaciones de la deuda o en su defecto un acuerdo que abra la posibilidad de que los deudores permanezcan en sus viviendas durante más tiempo.
Un banco "solidario"
La caja de ahorros Kutxabank suspendió temporalmente ayer los desalojos de los propietarios que acumulan deudas hipotecarias, una decisión inédita en el sector bancario español, al día siguiente del suicidio de una mujer cuando iba a ser desalojada y cuando el gobierno contempla una moratoria.
"El Presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha dado instrucciones para que la entidad suspenda de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria, en tanto en cuanto se conozca la nueva regulación que afectará a los mismos", anunció la caja de ahorros vasca en un comunicado.
Esta decisión se refiere a los préstamos acordados para primeras viviendas, precisó Kutxabank.
Amaia Egaña, de 53 años y esposa de un edil socialista, se tiró por la ventana de su apartamento, según la policía vasca, cuando los agentes iban a expulsarla de su vivienda.
El drama provocó manifestaciones, entre otras en Madrid, donde cientos de personas se reunieron al grito de "banqueros asesinos".
"Espero que podamos hablar el lunes de la paralización temporal de desahucios que afectan a las familias más vulnerables", declaró poco después el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. "Es un tema difícil, espero que pronto podamos darle buenas noticias al conjunto de los españoles", añadió.
El gobierno presentará mañana propuestas a la oposición socialista para acordar sobre medidas de urgencia para frenar las expulsiones. Las asociaciones denuncian la ley actual que llevó a que numerosos propietarios, incapaces de pagar su hipoteca, sean expulsados de su alojamiento y tengan que seguir pagando al banco.
Con 350.000 propietarios demasiado endeudados expulsados desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, este fenómeno es una de las manifestaciones más visibles de la crisis económica en España.
