Diez de los 30 alumnos que sufrieron vejámenes de curas en el instituto de Luján son adjudicatarios de un barrio que ya está en construcción.
Víctimas de abusos de curas en el Próvolo recibirán casas del IPV y esperan una definición crucial de la Corte
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Archivo Los Andes Nada ni nadie podrá quitarles a los sobrevivientes de los abusos eclesiásticos en el instituto Antonio Próvolo el dolor ni los nefastos recuerdos de lo vivido en este establecimiento de Luján de Cuyo. Allí, mientras estudiaban y dormían en sus albergues, fueron abusados sexualmente y de forma reiterada por los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, por el monaguillo Jorge Bordón y por el jardinero Armando Gómez.
En cumplimiento de la sentencia de los jueces, quienes condenaron en noviembre de 2019 a Corbacho, a Corradi y a Gómez a 45, 42 y 18 años de prisión respectivamente como autores de estos episodios, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) confirmó recientemente que 10 de las víctimas y sus familias ya son adjudicatarias confirmadas de una decena de casas que se están construyendo en la provincia.
Además, confirmaron que con las otras 20 familias (son 30 en total las víctimas confirmadas de los sistemáticos abusos sexuales) ya están trabajando para aportar soluciones habitacionales, ya sea en las provincias donde viven o bien con mejoras edilicias en las casas que ya tienen.
La confirmación del IPV referida a la entrega de viviendas para las víctimas se da en cumplimiento con las medidas de satisfacción y reparación que ordenó la sentencia penal del 25 de noviembre de 2019 para con el Poder Ejecutivo, y tras confirmar los atroces hechos en el instituto religioso para chicos sordos y chicas sordas. También los magistrados ordenaron que se adoptaran medidas que garantizaran la "no repetición" de estos hechos.
La confirmación del IPV sobre estas primeras 10 viviendas a estrenar para las víctimas de los abusos sexuales en el Próvolo llega mientras se espera que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza defina en breve si confirma o revoca la sentencia del segundo de los megajuicios por abusos en el lugar. En 2019, dos monjas y otras directivas del instituto fueron absueltas en el juicio al que habían llegado acusadas como partícipes e, incluso, como autoras de algunos de esos ataques sexuales.
“Es llamativo que todavía no surja la sentencia de la Corte revocando la sentencia absolutoria y condenando a las acusadas del último de los juicios. Sobre todo porque el Estado, a través del Poder Ejecutivo y por los mismos hechos -porque los hechos del juicio donde fueron condenados los curas son los mismos porque se juzgó a las imputadas-, está cumpliendo con la sentencia a través del IPV”, resaltaron desde el entorno de las víctimas y denunciantes.
Por medio de una nota dirigida a los abogados de las 30 víctimas de los abusos sexuales en el instituto Próvolo, Sergio Salinas y Oscar Barrera, a comienzos de septiembre desde el IPV confirmaron que estaba en marcha el mecanismo de "restitución de derechos efectivos que debían garantizar distintas autoridades del Estado provincial" y que deberían apuntar al acceso a "condiciones de vida dignas (...) poniendo a las víctimas como verdaderos actores en el proceso de justicia al establecer medidas de satisfacción y no repetición".
En ese sentido, el IPV destacó que, por medio de la intervención de trabajadores sociales y de una intérprete de Lengua de Señas Argentinas (LSA), durante 2024 y 2025 mantuvieron reuniones e iniciaron el proceso de trabajo con las 30 familias involucradas en el caso Próvolo y su correspondiente sentencia.
En ese lapso se hizo una evaluación social de cada familia a fin de identificar aquellos grupos familiares sin solución habitacional. En Mendoza, además, se incluyó en la mesa de trabajo a los municipios de Tupungato, San Carlos y San Rafael, departamentos de donde son oriundas algunas de las víctimas.
Teniendo en cuenta que al instituto religioso también asistían niños, niñas y adolescentes de todo el país, el IPV inició trabajos de vinculación con los institutos provinciales de la vivienda de San Luis, Córdoba y Misiones, donde viven otras las víctimas.
A modo de conclusión, el IPV resaltó que diez de las familias implicadas en este trabajo serán adjudicatarias de vivienda en un barrio que ya se encuentra en etapa de construcción. Además, resaltaron que otras siete familias se encuentran priorizadas y han sido derivadas para su priorización a las direcciones de vivienda de los municipios de San Carlos, Tupungato, Guaymallén y San Rafael.
Por último, aclararon que cuatro familias residentes en Misiones, Córdoba y San Luis también se encuentran priorizadas para la coordinación y articulación interinstitucional con aquellas provincias.
"La posibilidad del acceso por parte de las víctimas a una vivienda adecuada será fundamental para acceder a condiciones de vida digna en pos de una reparación integral, donde la vivienda se encuentra intrínsecamente ligada y en interdependencia con otros derechos como la salud, el trabajo, la vida cultural y política y la seguridad jurídica", cerraron.
