Desde octubre de 2024, Mendoza cuenta con un organismo técnico que busca intervenir en una zona históricamente sensible y con escasa regulación: la incorporación de nuevas tecnologías al sistema de salud. Se trata de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS), creada por la Ley 9547 y con funcionamiento formal desde hace nueve meses. ¿Qué evaluar, qué comprar, para quién y a qué costo? Son preguntas que sus dictámenes intentan responder con evidencia, criterios de equidad y sustentabilidad financiera. Pero aún falta medir si sus recomendaciones están cambiando las reglas del juego o si apenas se integran como una voz más en un sistema que muchas veces decide en base a presiones o inercias.
El organismo depende del Ministerio de Salud provincial, aunque tiene carácter autárquico y personería jurídica propia. Su presupuesto anual se aprueba en la Legislatura y se complementa con fondos provenientes del canon que pagan laboratorios al inscribirse en el Registro de Investigación en Salud. Desde su sede en el Parque TIC de Godoy Cruz, la agencia trabaja con un equipo de doce profesionales —de disciplinas como farmacia, economía, medicina y estadística— que elaboran informes sobre tratamientos, medicamentos, dispositivos o pruebas diagnósticas que podrían ser incorporados al sistema sanitario.
“El objetivo es aportar información clara y útil para que los decisores públicos inviertan mejor. No todo lo nuevo es necesariamente útil para nuestra población ni viable de financiar”, señaló su directora, Jorgelina Álvarez, en diálogo con Los Andes. Farmacéutica y funcionaria con larga trayectoria en el Ministerio de Salud, Álvarez está hoy al frente del organismo que pretende guiar las compras del Estado y de obras sociales como OSEP, en base a criterios que —según aclara— no son solo técnicos, sino también éticos.
Entre 5 y 10 solicitudes al mes
Desde su puesta en marcha en octubre de 2024, la agencia recibe entre cinco y diez solicitudes mensuales para evaluar nuevas tecnologías sanitarias. La mayoría proviene del Ministerio de Salud y de la obra social estatal OSEP, aunque también han consultado DAMSU (la obra social de la UNCuyo) y, en menor medida, algunas prepagas. El 60 % de las solicitudes corresponden a medicamentos, el 20 % a dispositivos médicos, el 10 % a aparatología y el 10 % restante a pruebas diagnósticas.
De las diez evaluaciones realizadas hasta ahora, algunas ya influyeron en la cobertura de tratamientos. Fue el caso de la dapagliflozina, para la diabetes tipo 2, que se venía distribuyendo de forma desigual: algunos pacientes la recibían sin cumplir los criterios, mientras que otros —que sí la necesitaban— quedaban excluidos. El dictamen permitió ordenar su entrega en hospitales y centros de salud. Algo similar ocurrió con el treprostinil, indicado para la hipertensión arterial pulmonar, cuya prescripción quedó alineada a nuevas pautas clínicas. En ambos casos, el Ministerio y OSEP tomaron como referencia las recomendaciones de la AETS.
En agosto desde la Agencia esperan que se publiquen otros dos dictámenes que ya están en etapa final de evaluación: uno sobre un nuevo medicamento para tratar el ACV durante la “ventana terapéutica” de urgencia —las primeras cuatro horas—, que podría incorporarse al sistema de emergencias hospitalarias y prehospitalarias; y otro sobre un dispositivo para arritmias pediátricas, cuya compra también fue recomendada.
Sin embargo, no todas las solicitudes recibieron luz verde. La agencia emitió dos dictámenes negativos: uno para un test diagnóstico que prometía detectar infarto agudo de miocardio, pero que no ofrecía ventajas frente a métodos ya disponibles; y otro para una droga destinada a tratar acondroplasia (enanismo congénito), desestimada por su elevado costo y resultados clínicos poco significativos. En este último caso, aunque el producto sigue comercializándose en el mercado privado, no se recomienda su adquisición por parte del Estado ni de obras sociales.
Osep y el Ministerio De Salud de Mendoza buscan comprar medicamentos en forma conjunta para mejorar el poder de negociación
OSEP y el Ministerio de Salud de Mendoza, cuando buscan comprar medicamentos, ahora recurren a la evaluación de la AETS.
En cada evaluación, los equipos analizan la eficacia del producto en base a ensayos clínicos, su impacto presupuestario, su relevancia para la salud pública local y su potencial para reducir inequidades. Consultada por este medio sobre los tiempos de análisis, Álvarez señaló que una evaluación completa demora unos dos meses. “Es un trabajo en equipo. Cada integrante lidera un eje del informe, pero las conclusiones se construyen en conjunto”, explicó. También advirtió que el cambio de patrones sanitarios es lento: “Todos los procesos en salud tienen una inercia fuerte. No se trata solo de evaluar, sino de lograr que los resultados se usen efectivamente para tomar decisiones”.
Sobre ese punto —quizás el más crítico— aún no hay respuestas concluyentes. ¿La agencia está ayudando realmente a mejorar el acceso, ordenar el gasto o reducir desigualdades? Por ahora, no hay indicadores públicos que lo demuestren. “Tenemos un protocolo para evaluar el impacto de nuestros dictámenes, pero eso lleva tiempo. La evaluación de impacto es un proceso posterior. Recién a un año de funcionamiento podremos hacer ese análisis y a eso apuntamos porque realmente también es clave si nuestra tarea tiene el impacto suficiente en el sistema sanitario”, indicó su directora.
La falta de métricas concretas no es un detalle menor. En un sistema sanitario fragmentado y presionado por múltiples intereses —estatales, corporativos y médicos—, la legitimidad de una agencia de evaluación no debería sostenerse sólo en la intención, sino en su capacidad de incidir de forma efectiva. En este sentido, los próximos meses serán clave para saber si Mendoza ha dado un paso estratégico o si el proyecto se estanca en una zona de baja incidencia.
Cómo se elabora el dictamen que define las compras
Cada vez que una institución sanitaria —como el Ministerio de Salud, OSEP o DAMSU— solicita evaluar la compra de un medicamento, dispositivo o tecnología médica, la AETS Mendoza activa un protocolo que combina ciencia, economía y análisis ético. El equipo interdisciplinario de 12 personas trabaja durante unos dos meses, en promedio, para elaborar cada informe técnico.
“Cada uno conduce un eje del documento —eficacia, impacto presupuestario, relevancia clínica, equidad—, pero las conclusiones se construyen colectivamente”, explicó Álvarez, farmacéutica de formación y con más de 15 años en políticas sanitarias. Álvarez destaca que los informes no son decisiones aisladas, sino consensuadas, deliberativas y sujetas a un protocolo de medición de impacto posterior.
Aunque se apoya en la evidencia científica, el trabajo de la AETS no es puramente técnico farmacéutico o contable. Cada evaluación contempla cinco dimensiones: eficacia clínica (según ensayos), costo-efectividad, impacto presupuestario, beneficio para la salud pública provincial, y potencial para reducir inequidades. “No estoy en contra de la innovación, pero cuando un dictamen dice no... no dice no al paciente. Dice no con ciertos criterios”, dice Álvarez.
Además, se contempla la participación de actores sociales, pacientes y expertos en cada evaluación. “Incorporamos otras miradas a las decisiones sanitarias. No es solo una cuestión de números”, concluye.
