La familia busca revertir la decisión judicial. Tanto los padres como la Fiscalía presentarán recursos de casación ante la Justicia de Mendoza.
Los padres de Alan Villouta, Andrés y Andrea, se reunieron con Alfredo Cornejo este viernes en Casa de Gobierno.
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A nueve años de la muerte de Alan Villouta, la Justicia de Mendoza declaró prescripta la causa contra el empresario Alejandro Verdenelli, quien había sido condenado en 2020 a tres años de prisión en suspenso tras ser declarado culpable el homicidio culposo agravado del joven. Este desenlace generó un profundo malestar y tristeza en los padres de Alan.
La reciente decisión judicial se produjo luego de que se cumpliera el plazo máximo previsto para confirmar y notificarle a Verdenelli la pena por el delito por el que había sido condenado el empresario en primera instancia (era de seis años). Como el conductor fue notificado fuera de ese período, el tribunal penal colegiado 2 declaró prescripta la causa.
A raíz de esa decisión, los padres de Alan, que son parte de la causa como querellantes anunciaron que presentarán un recurso de casación contra la resolución. Lo hicieron tras reunirse este viernes con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y con el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, en la Casa de Gobierno. Y el Ministerio Público Fiscal hará el mismo pedido, aunque de forma independiente.
La clave de ambas presentaciones radica en que la fecha de prescripción podría ser cuestionada en la casación, ya que existen hitos procesales que podrían haber extendido o interrumpido ese plazo de seis años transcurridos entre la sentencia en primera instancia y la confirmación y notificación del fallo.
“Es un alivio sentir que el Gobierno de Mendoza nos apoya, que la Fiscalía nos apoya”, expresó la madre del joven, aunque remarcó el dolor que atraviesa la familia después de conocer el sobreseimiento.
El padre de Alan, Andrés Villouta, aseguró que el resultado judicial volvió a provocar en la familia el mismo dolor que sintieron después del accidente. “Le expresaba recién al gobernador que sentí que a mi hijo me lo mataron dos veces”, contó.
Y relató una conversación con su esposa después de conocer la resolución que sobreseía a Verdenelli: “Sentí el dolor como papás, el decir: ‘Gordo, nos mataron al Alan dos veces. Aquel 2017 y este 2026, hace tres días, cuando salió esta resolución, sentimos ese dolor profundo en nuestro corazón”, expresó.
También cuestionó que el resultado del proceso no haya establecido responsabilidades por la muerte de Alan. "Acá lo único que está claro para los jueces es que el señor Verdenelli es inocente, está libre de todo cargo y culpa", dijo.
Los pedidos de casación -tanto de la familia de Alan Villouta en calidad de querellantes como de la fiscalía- contra la resolución judicial que deja prescripta la causa del accidente en que murió el joven tienen su base en una posible interpretación del plazo de prescripción de la causa (seis años desde el momento de la condena).
En ese sentido, la estrategia de lo Villouta y de la fiscalía apunta a que, pese a que pasaron los seis años desde abril de 2020; entre el momento de la condena en primera instancia y el momento en que se cumplió ese plazo, hubo actos en el proceso que podrían haber interrumpido ese plazo de prescripción.
Alan Villouta tenía 20 años y murió el 26 de agosto de 2017, cuando fue atropellado por una camioneta Porsche Cayenne mientras cruzaba el Acceso Sur, camino a la parada de colectivo después de su jornada laboral. Verdenelli no se detuvo para auxiliarlo y continuó su marcha. Recién se entregó ante la Justicia unas 60 horas después, cuando ya no era posible realizarle un test de alcoholemia.
La investigación comenzó con una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Sin embargo, durante la instrucción la calificación fue modificada y Verdenelli llegó al juicio acusado de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo.
En abril de 2020, Verdenelli fue a tres años de prisión condicional y ocho años de inhabilitación para conducir. La defensa apeló la sentencia y el expediente llegó a la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El problema surgió con los tiempos, ya que para este tipo de delito, el plazo de prescripción es de seis años. La Corte mendocina demoró cinco años y diez meses en resolver la apelación del primer fallo contrario a Verdenelli y presentado por su defensa. Recién en febrero de 2026, el máximo órgano judicial de Mendoza confirmó la condena en primera instancia.
Pocos días después, la defensa presentó un recurso extraordinario federal para intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Sala Penal de la Suprema Corte de Mendoza volvió a rechazar ese planteo el 13 de abril de 2026, apenas un día antes de que se cumpliera el plazo de seis años desde la sentencia condenatoria.
La resolución fue notificada a la Fiscalía y a la querella el 14 de abril. Sin embargo, Verdenelli fue notificado personalmente recién el 17 de abril. Para entonces, según entendió el Tribunal Penal Colegiado N° 2, la causa ya había prescripto.
El 31 de julio se realizó una audiencia en la que las partes expusieron sus argumentos sobre el momento exacto en que debía considerarse prescripta la acción penal. Finalmente, los jueces Mauricio Juan, Horacio Cadile y Federico Martínez resolvieron sobreseer definitivamente a Verdenelli por extinción de la acción penal por prescripción.
Tras reunirse con los padres de Alan Villouta, el gobernador Alfredo Cornejo expresó públicamente su respaldo a la familia y cuestionó la demora de la Sala Penal II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en resolver los recursos presentados en la causa.
El mandatario provincial calificó como “incomprensible” la demora de la Corte y consideró que tuvo consecuencias directas sobre el proceso. “Lamentamos la demora incomprensible de la Sala Penal II de la Suprema Corte, que terminó teniendo consecuencias muy graves para el proceso”, señaló.
Cornejo adelantó que el Ejecutivo provincial impulsará una modificación de la legislación vigente para establecer plazos más estrictos para que el máximo tribunal resuelva este tipo de recursos.
