Liliana Cortés, integrante de la Asociación de Esposas y Familiares de Policías, cuestionó en "Hermoso caos", programa de Aconcagua Radio la gestión de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y advirtió sobre las condiciones laborales, los descuentos por enfermedad y la presión jerárquica que, según denunció, afectan a los efectivos policiales.
La reciente muerte de un comisario de alto rango ha generado una ola de presión institucional en Mendoza. Mientras la narrativa oficial de la ministra de seguridad, Mercedes Rus, intenta encapsular las tragedias como "problemas familiares", la realidad expone una desconexión: efectivos en situación de indigencia, persecución jerárquica y una salud mental que colapsa ante la deshumanización de la gestión actual.
La estabilidad democrática y la seguridad de la ciudadanía no son entelequias; dependen directamente de la salud mental y la solvencia económica de quienes portan el arma reglamentaria. En Mendoza, este contrato social se está resquebrajando. El análisis de la seguridad pública no puede limitarse a la estadística delictiva si ignora que el primer eslabón del sistema —el trabajador policial— está siendo empujado al límite de la subsistencia. "El reciente fallecimiento del comisario Roberto Carlos Villarreel Perea no es un dato aislado, sino el síntoma de un colapso sistémico donde la "vocación de servicio" se ha transformado en un mecanismo de explotación", agregó Liliana Cortes, integrante de la asociación de esposas y familiares de policías.
La sombra del suicidio y el fin de la resistencia de la "vieja escuela"
"El suicidio del comisario Villarreel Perea, de 48 años, marca un punto de inflexión peligroso", dijo y agregó: "Tradicionalmente, la estadística de suicidios afectaba mayoritariamente a auxiliares o personal recién ingresado. Sin embargo, el hecho de que la crisis alcance ahora a la "vieja escuela" de mando revela que la presión política ha superado incluso la capacidad de resiliencia de aquellos formados en la doctrina del aguante".
Según Cortés, "la gestión de Mercedes Rus utiliza el "poncho" de los problemas domésticos o las adicciones para ocultar una estructura de mando asfixiante". El análisis revela una cadena de responsabilidades clara: "la presión desciende desde el ministerio hacia los jefes "Calipo y Favaro", quienes son los encargados de ejecutar las sanciones y castigos contra los mandos medios cuando las directivas políticas no se cumplen con la celeridad estética que la ministra requiere para sus videos promocionales".
Mientras tanto, "las reuniones de salud mental son calificadas por los efectivos como un "circo mediático", donde se obliga al personal a escuchar disertaciones vacías de quienes desconocen el rigor de la calle", expuso Liliana.
Liliana Cortes agregó que, " hoy está a la vista que el problema del suicidio se encuentra en todas las fuerzas de seguridad, en cualquier rango y categoría. Entonces, no sabemos lo que la ministra dirá en los medios, pero no puede seguir ocultando lo que sucede".
Indigencia salarial
Liliana comentó que, "la estructura de gastos de un policía mendocino en la actualidad, es una ecuación hacia la quiebra. Con sueldos de referencia de 1.400.000 pesos, un efectivo debe enfrentar un costo de vida que lo sitúa en la indigencia técnica".
También señaló que es fundamental destacar un ensañamiento político específico. "Cuando se recortaron los subsidios nacionales al transporte, el personal policial fue el primero en perder el beneficio del "medio boleto", agregó Liliana Crotez. Esta decisión política de la gestión de Rus dejó a los efectivos pagando el pasaje completo, diezmando un salario que ya estaba asfixiado por la inflación.
El castigo por enfermar
"Mendoza tiene una policía que trabaja enferma por miedo al hambre", acotó Cortéz. La política de descuentos salariales por partes de enfermo es tan agresiva que los efectivos asisten a sus puestos con cuadros febriles graves.
Se ha documentado el caso de un policía fallecido por neumonía bilateral debido a la imposibilidad de guardar reposo sin ver diezmado su ingreso.La contradicción institucional es flagrante. "Mientras Mercedes Rus prioriza la inversión en cámaras y videos de alta calidad para redes sociales, deshumaniza la fuerza de seguridad privándola de derechos laborales básicos. La tecnología no puede suplir a un personal agotado, enfermo y con su capacidad de reacción anulada por la preocupación económica", agrega Liliana Cortés.
Ante este diagnóstico de colapso, "Mercedes Rus le pedimos su renuncia, está a la vista y está considerada en otras provincias como lo que no se debe hacer en tan importante cartera de seguridad", expone Cortes. El pedido de renuncia de la ministra no es un exabrupto, sino la consecuencia lógica de una gestión que ha quebrado la moral de la fuerza y ha puesto en riesgo la seguridad de todos los mendocinos.
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