La Corte se alista a resolver el conflicto por la reina en Guaymallén

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza concluyó ayer la etapa de alegatos en la causa iniciada por la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay) en contra de la Municipalidad de Guaymallén por la ordenanza 9196/21 que prohíbe la elección de la reina departamental de la Vendimia y de otro tipo de representante. A partir de ahora el máximo tribunal provincial debe decidir por la continuidad de esta práctica cultural o confirmar la vigencia plena de esta normativa inédita, ya que es el único departamento que no presentará representante en toda la provincia.

Por la parte denunciante, Julieta Lonigro, la reina “blue” o alternativa de Guaymallén -elegida popularmente luego de la ordenanza que prohíbe hacerlo en ese departamento- se convirtió en una de las principales oradoras en la etapa de alegatos de la audiencia pública en la Justicia para establecer si se continúa con esta tradición o se mantiene la abolición planteada por el intendente Marcelino Iglesias.

Audiencia en Guaymallén: la reina “blue” dijo que la ordenanza que prohíbe elegir representantes es “inconstitucional”

Lonigro fue consagrada reina departamental en un evento organizado por la Coreguay y sin reconocimiento municipal, por lo cual nunca estuvo incluida dentro del calendario de las actividades de Vendimia, como la Bendición de los Frutos, el Carrusel, o el Acto Central. Frente a la imposibilidad de poder participar como reina se planteó una acción administrativa que se está dirimiendo ahora en la Suprema Corte de Justicia.

“¿Por qué llegamos hasta acá? En primera instancia intentamos dialogar con el municipio y, lamentablemente, no se logró. También quisimos que el pasado miércoles estuvieran presentes para dialogar porque estamos en un país democrático, donde queremos escuchar las ideologías de los demás, pero tampoco se pudo”, comenzó la representante paralela, concentrando la atención de los siete ministros.

“Hoy estamos acá sosteniendo el valor de la participación ciudadana en uno de los hechos artísticos más importantes, como es la Fiesta Nacional de la Vendimia, provincial y nacionalmente reconocida, recordando a quienes tuvimos la posibilidad de vivir esta experiencia, a quienes físicamente no están y a quienes sueñan con hacerlo estando imposibilitadas de hacerlo por esta ordenanza 9196/2021 que consideramos que es inconstitucional”, agregó la joven.

La semana pasada se llevó a cabo la audiencia pública, en la cual participaron ex reinas, abogados, ex directores de Vendimia y actuales presentadores de la fiesta máxima de los mendocinos, quienes resaltaron el valor de la mujer en esta tradición cultural y la protección de la Fiesta de la Vendimia y de otras instancias a través de la Ley 6973 del año 2002, “comprendiendo a su vez todas las manifestaciones de ese proceso: fiestas tradicionales barriales, distritales, departamentales, Bendición de los Frutos, Carrusel, Vía Blanca de las Reinas y Acto Central”.

Los argumentos de Guaymallén

Por la comuna dirigida por Marcelino Iglesias dio sus argumentos el apoderado legal, Octavio Puppetto, quien remarcó que la norma en cuestión viene a prevenir hechos de violencia simbólica contra las mujeres que se dan en este tipo de certámenes.

El abogado de la comuna también puso en contexto a la ordenanza y la situó dentro de la experiencia de 70 ciudades que suprimieron la elección de la reina y ahora se optó por la búsqueda de referentes sin distinción de género.

Por otro lado, Puppetto cuestionó la acción administrativa desde el punto de vista técnico y consideró que no se cumplieron los plazos por parte de la Coreguay, tras la sanción de la ordenanza sino ocho meses después en la época de Vendimia.

Guaymallén aseguró que al eliminar la elección de la reina “previene la violencia contra la mujer”

“Es un caso muy complejo. La elección de la reina ha quedado un poco atrás respecto de la evolución de la sociedad y es eso lo que estamos diciendo y sosteniendo”, indicó en un contacto con los periodistas.

Iglesias afirmó días atrás que acatará el fallo de la Corte, pero que no elegirán reina sino que esa figura será suplida con las actuales representantes, que son mujeres y hombres destacados en la comunidad.

La palabra del fiscal de Estado

Con un calendario de Vendimia que ya está en danza, con las fiestas distritales en los distintos municipios, el tema se instaló y hay quienes consideran que se debería avanzar en un plebiscito de consulta por la vigencia de la figura reina de la Vendimia.

El fiscal de Estado, Fernando Simón, cuestionó la prohibición de la elección a la que llegó Guaymallén, la tildó de excesiva y señaló que incluso pone en un plano de desigualdad a las jóvenes de este departamento respecto del resto de la provincia, donde se mantiene esta costumbre. Para el fiscal de Estado, la ordenanza es inconstitucional.

“Se trata de proteger el valor que es pluralidad, es decir, no que el operador jurídico imponga el modelo que sea más adecuado, aunque nos parezca, sino generar las condiciones de coexistencia lo más armónica posible entre distintas visiones y paradigmas. Esa es la mayor riqueza. No se resuelve en un debate simple, ni en un tuit de 120 caracteres, ni un artículo de una prohibición”, opinó Simón.

Y concluyó: “Estos dos espacios, tanto el que sostiene la defensa de la mujer como del que aboga por mantener una tradición, son dos posiciones válidas en el debate, que se deberían haber encontrado antes de la sanción de esta ordenanza. Hay un camino legal amplio a revisar, pero no el de la prohibición”.

La asesoría de Estado

Casi al final de la etapa de los alegatos, el asesor legal de Mendoza, Ricardo Canet, rechazó el interés e injerencia del Gobierno como parte de este conflicto y recalcó que debe respetarse la autonomía municipal.

“No somos legitimados pasivos de esta acción y no nos sentimos objeto de que, cualquiera sea la decisión, esta Provincia se vea obligada porque es contralor de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Aquí se está tratando otra cosa: primero tendrá que resolver el tribunal, luego se verá cómo actúa en su rol de contralor y determinará si las partes pueden participar o no; no antes”, sintetizó Canet.

A partir de ahora la Corte comenzará a analizar las opiniones vertidas y el marco normativo. Si bien no hay plazos, se estima que habrá una resolución antes de que termine el año.