La entidad ordenó la inhibición preventiva de las actividades por una serie de irregularidades en los procesos que aseguran la calidad.
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)
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Productos Trifarma
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó este miércoles la inhibición preventiva de las actividades de los laboratorios Trifarma S.R.L. y Ugal Farmacéutica S.A., además de prohibir el uso, la comercialización y la distribución de todos los productos elaborados o comercializados por ambas firmas en todo el territorio nacional.
Las medidas fueron formalizadas mediante las disposiciones 5865/2026 y 5870/2026, publicadas en el Boletín Oficial. En ambos casos, las autoridades detectaron distintas irregularidades que alcanzaron aspectos relacionados con la producción, el control de calidad y la comercialización de medicamentos.
En el caso de Trifarma, la medida también comprendió específicamente la distribución de sus productos.
La disposición 5865/2026 estableció la inhibición preventiva de las actividades de Laboratorio Trifarma S.R.L., registrado en Bolivia 586 Bis, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
La resolución establece: “Prohíbese el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los productos elaborados y/o comercializados por la firma LABORATORIO TRIFARMA S.R.L.”.
Según explicó Anmat, la decisión se tomó luego de detectar la falta de designación de un director técnico y distintos incumplimientos relacionados con el registro de los productos de la compañía.
A partir de esas irregularidades, el organismo consideró que los productos elaborados o comercializados por la firma debían ser considerados ilegítimos.
La Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo recomendó, en este contexto, inhibir preventivamente las actividades de producción, control de calidad, comercialización y distribución de la empresa. La medida también alcanzó al uso y la circulación de todos sus productos en el país.
De acuerdo con el organismo, la decisión tiene como objetivo prevenir eventuales riesgos para la salud de la población. Además, se instruirá un sumario sanitario contra la compañía.
Por otra parte, mediante la disposición 5870/2026, Anmat adoptó una medida equivalente contra Ugal Farmacéutica S.A., ubicada en Larrea 1261, en Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
En este caso, la inhibición preventiva comprendió las actividades productivas, el control de calidad y la comercialización. También quedó prohibido el uso, la venta y la distribución de la totalidad de los productos fabricados o comercializados por la empresa en todo el país.
La medida se originó a partir de una inspección realizada por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), durante la cual se detectaron incumplimientos de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.
Ugal Farmacéutica se encuentra habilitada desde 2014 para elaborar especialidades medicinales, entre ellas soluciones parenterales de pequeño y gran volumen con esterilización terminal.
Durante la inspección, los agentes detectaron deficiencias críticas y mayores en diferentes áreas de funcionamiento de la compañía. Las observaciones alcanzaron el sistema de gestión de calidad, el personal, las instalaciones, los equipos, la documentación, la producción y el control de calidad.
Según la evaluación realizada, reflejaban fallas sistemáticas en el Sistema de Calidad Farmacéutico, con incidencia directa sobre la fabricación y los controles de medicamentos estériles.
Por ese motivo, las autoridades determinaron la inhibición preventiva de las actividades de la firma y la prohibición de uso, comercialización y distribución de sus productos en todo el territorio argentino.
Las disposiciones de Anmat también establecen las vías administrativas y judiciales disponibles para las empresas alcanzadas por las medidas.
Tanto Trifarma como Ugal Farmacéutica podrán presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación.
Además, tendrán la posibilidad de interponer un recurso de alzada en un plazo de 30 días hábiles administrativos.
Por último, ambas compañías podrán iniciar una acción judicial dentro de los 180 días hábiles judiciales
