El fiscal Fernando Alcaraz impulsó una causa por la desaparición del hijo de F.S., ocurrida en el hospital Lagomaggiore, en 1986. Es el primer caso que podría derivar en un Juicio por la Verdad durante ese período.
Finalmente se abrió una investigación Penal para investigar sustracción de bebés en el Lagomaggiore. | Foto: Los Andes
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La Justicia Federal de Mendoza dio un paso inédito en una causa por la presunta sustracción de un bebé recién nacido en democracia. El fiscal Fernando Alcaraz, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal, dictaminó la apertura formal de una investigación penal en la causa que denuncia la desaparición del hijo de F.S (iniciales de la denunciante), ocurrido en el Hospital Lagomaggiore, en septiembre de 1986.
La decisión judicial se encuadra en la figura de Juicio por la Verdad, un proceso excepcional que, aun cuando los delitos estén prescriptos o no se logre identificar a los responsables, permite investigar para reconstruir los hechos, garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sentar precedentes institucionales.
El caso fue presentado hace tres meses por un equipo de abogados encabezado por Carlos Varela Álvarez, Josué Varela y Juan Pablo Miranda, del estudio Fallet Varela, con pruebas documentales que plantean contradicciones notorias: los certificados de nacimiento y defunción del bebé comparten el mismo número de DNI, pero registran horas incompatibles, e incluso el niño figura como fallecido antes de nacer.
En diálogo con Los Andes, el abogado Juan Pablo Miranda, señaló: “Esta medida implica que van a tomarse declaraciones y otras diligencias para que F.S. pueda saber qué ocurrió. Y lo más importante es que sería el primer caso en Mendoza donde se investiga en el marco de un Juicio por la Verdad en democracia. Aun cuando no se determine la culpabilidad, lo central es que se investigue”.
La denunciante asegura que su hijo nació con vida, que lo vio en la sala de parto, pero nunca más le permitieron verlo. Le dijeron que había muerto, sin permitirle despedirse ni entregarle el cuerpo, que supuestamente “quedaba para estudio”. Décadas más tarde, con asistencia legal, logró obtener documentos que fortalecieron sus sospechas. También se incorporó su muestra genética al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza.
En su dictamen, el fiscal Alcaraz consideró que los hechos denunciados podrían encuadrar como sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público. Según el abogado, esto abre la puerta a nuevas causas de características similares.
“Sí, este dictamen puede abrir otros Juicios por la Verdad. Ya hay múltiples de denuncias de hechos ocurridos entre los años 80 y el año 1990, inclusive. Si se avanza, se haría un juicio donde lo más importante es saber la verdad: si ese hijo murió, si está vivo, si lo enterraron… que puedan despedirse como corresponde”, explicó Miranda.
El colectivo “Mendoza por la Verdad” y el Programa de Identidad Biológica han acompañado el proceso, que involucra también testimonios de otras mujeres que relatan situaciones similares en el mismo hospital.
Uno de los ejes centrales del proceso será determinar si los delitos están prescriptos. Pero incluso si lo estuvieran, el Juicio por la Verdad se sostiene como herramienta de reparación simbólica y derecho a la memoria.
“El fiscal entiende que por algunas circunstancias estos delitos podrían no estar prescriptos. Pero incluso si lo estuvieran, considera clave que se sepa qué pasó. La voluntad de saber la verdad es lo que empuja todo esto, haya o no condena”, agregó el abogado.
Según explicó Miranda, el fiscal ya dispuso una serie de medidas, entre ellas la citación de F.S. para declarar y también de otras personas con historias similares. “Hay mucho material, porque también denunciamos todos los expedientes que estaban en la Justicia provincial”, afirmó.
F.S., la mujer que lleva 38 años buscando a su hijo, había realizado averiguaciones personales durante años, muchas veces sin ser escuchada. Según contó su abogado, la decisión del fiscal fue recibida con alivio y esperanza.
“Ella está muy contenta. Una de las cosas más importantes era lograr que el fiscal tomara la competencia. Y lo hizo”, dijo Miranda.
Aunque el proceso judicial será largo, los abogados destacan que se trata de un paso histórico para Mendoza. “Es inédito en la provincia que se avance en conocer la verdad de los hechos, independientemente del tiempo transcurrido. No será un camino corto, pero es fundamental para las víctimas y para la provincia en general”, concluyó.
Aunque muchas veces se cree que un caso no puede investigarse si pasaron demasiados años, hay una herramienta judicial que permite avanzar igual: el Juicio por la Verdad. En este caso, la Justicia Federal de Mendoza lo aplica amparándose en la Ley 27.372, que reconoce los derechos de las víctimas, entre ellos el de conocer la verdad de lo ocurrido.
Esta ley, vigente desde 2017, establece que las víctimas tienen derecho a ser escuchadas, a participar del proceso y, sobre todo, a que se reconstruyan los hechos, aunque no haya una condena penal. Es una forma de reparación simbólica que también tiene valor histórico.
Esta ley, además se apoya en tratados internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada (OEA, 1994), los Principios de Naciones Unidas sobre desaparición forzada (2006) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con sus matices, en todos los casos se reconoce y garantiza el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
