El juez determinó que Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó fueron partícipes necesarias del delito de “adulteración de sustancias medicinales”.
Gabriela Mantecon Fumado y Nélida Agustina Bisio fueron procesadas en la causa por el fentanilo adulterado.
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La ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó fueron procesadas este martes en el marco de la causa que investiga a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. por las casi 100 muertes derivadas de fentanilo contaminado.
Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak dictó la medida por considerar “prima facie” a ambas acusadas, partícipes necesarias del delito de “adulteración de sustancias medicinales”.
El magistrado dispuso un embargo de $500 millones, la continuidad de la prohibición para salir del país y la inhibición de general de bienes para las dos ex funcionarias, cuya decisión deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y a los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves.
A comienzos de agosto de este año Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas y luego excarceladas al pagar una fianza de $75 millones cada una. A su vez, prestaron declaración indagatoria ante Kreplak.
En el caso hay 14 procesados, entre los que se encuentran Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.
Según la investigación, ambas exfuncionarias tenían responsabilidades vinculadas al control de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., empresas investigadas por la elaboración del opioide contaminado y pertenecientes al empresario Ariel García Furfaro.
La fiscal federal María Laura Roteta y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostuvieron que ambos laboratorios acumulaban antecedentes de incumplimientos e irregularidades en las buenas prácticas de fabricación.
El Ministerio Público Fiscal afirmó que esas deficiencias persistieron debido a la existencia de un supuesto "manto de cobertura estatal" que permitió que continuaran produciendo medicamentos pese a las condiciones detectadas, situación que —según la hipótesis fiscal— derivó en la contaminación del fentanilo.
Los fiscales sostienen que las exfuncionarias conocían el elevado riesgo sanitario que representaban las condiciones de fabricación y que, pese a ello, no adoptaron medidas suficientes para prevenir la comercialización del producto cuestionado.
De acuerdo con esa hipótesis, esa presunta inacción habría contribuido a que el medicamento continuara distribuyéndose, lo que, según la investigación, culminó con casi un centenar de fallecidos y más de 40 personas lesionadas.
