Romina Ríos, de la Asociación Civil de Defensa de Usuarios y Consumidores, explicó en Aconcagua Radio qué se viene en luz, agua, gas y telefonía.
En diálogo con Aconcagua Radio, Romina Ríos, referente de la Asociación Civil de Defensa de Usuarios y Consumidores, fue contundente al analizar el panorama de las tarifas en Argentina: “Nunca va a haber un parate, porque los costos de las empresas están atados a la inflación”. Aunque el índice general haya bajado en los últimos meses, los servicios públicos continúan aumentando, y no hay perspectivas de que esa tendencia se frene.
—¿Hasta cuándo seguimos con esto? ¿No hay algún parate?
—No, nunca va a haber un parate. Los costos de cada una de las empresas prestadoras están ligados a los niveles de inflación. Como nunca vamos a tener una inflación cero, siempre van a pedir una actualización. Sólo cuando una autoridad lo decide, como ocurrió en 2018, se puede postergar algún ajuste.
—¿Qué es, en particular, lo que va a aumentar ahora?
—Con respecto a la tarifa eléctrica, esta semana habrá audiencia pública en Mendoza para revisar el Valor Agregado de Distribución, que es uno de los tres componentes de la tarifa y depende de la provincia. Se está evaluando un aumento de alrededor del 3,5%, aunque eso estará sujeto a los incrementos que establezca Nación, que maneja el costo de abastecimiento.
En ese punto, Ríos aclaró que la supuesta baja anunciada en los últimos días fue una estrategia comunicacional: “Es engañoso decir que bajó. En realidad, es un aumento que se otorgó en cuotas y que ya terminamos de pagar. Ahora esa cuota ya no viene más, pero no significa una reducción real en la factura”.
Los otros servicios también registran subas:
Agua: se aplicó un 25% en febrero y se sumará un 6 o 7 % en julio.
Telefonía: en promedio, 5% en planes pospago y 2,5% en prepagos.
Gas: un 2% promedio, aunque con diferencias regionales, ya que su regulación es exclusivamente nacional.
—¿Qué pasó con el beneficio de zona fría? ¿Se saca o no se saca?
—Todavía no hay nada concreto, pero el Gobierno nacional evalúa eliminarlo mediante un DNU, porque no tiene el acompañamiento necesario en el Congreso. Es un tema que está en agenda desde que asumieron, pero genera mucho rechazo entre los gobernadores de las provincias alcanzadas por la ley.
—¿Tenés datos de cuánto inciden hoy los servicios en la canasta familiar?
—No hay un número uniforme, porque hay mucha disparidad de ingresos. Pero en términos generales, los servicios pueden representar entre un 30% y un 70% del ingreso familiar. En los casos más extremos, como jubilados que cobran la mínima, el gasto en servicios básicos puede absorber hasta el 70% de sus ingresos, incluso sin pagar alquiler.
Ríos destacó que la situación en Mendoza es especialmente delicada: “Tenemos salarios por debajo del promedio nacional, pero pagamos servicios, alimentos y combustibles a precios similares o incluso más altos que en otras provincias. La balanza no cierra”.
Finalmente, Ríos subrayó que más allá de la desaceleración de la inflación, los ingresos siguen sin alcanzar: “Ese es el verdadero problema. No es sólo cuánto aumentan las tarifas, sino cuánto puede pagar la gente”.
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