El incendio en la playa San Agustin puso otra vez sobre la mesa la problemática ambiental y de seguridad que representa

Ayer por la madrugada se desató un feroz incendio en la playa San Agustín que puso en vilo y en riesgo a los habitantes de la zona de El Challao. Incluso debieron evacuarse 40 familias del barrio La Favorita y por su magnitud se vieron afectados varios habitantes.

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Se trata de un sitio que genera preocupación hace tiempo por el impacto ambiental que genera y por los riesgos en términos de seguridad por lo que el hecho es un nuevo llamado de atención.

Las personas evacuadas fueron alojadas en un gimnasio municipal mientras actuaban los bomberos. Finalmente se pudo controlar y se procedió al enfriamiento. Pasada la etapa más crítica se procederá a la investigación del hecho que en principio las autoridades estiman, podría haber sido intencional.

Se trata de un problema de larga data. En octubre de 2013, el decreto 1.781/2013 había declarado el estado de emergencia de la Playa de Secuestros San Agustín en tanto el Ministerio de Seguridad de la provincia, del cual depende, había informado una situación de colapso. Se aseguraba que era “imposible” recibir nuevos vehículos, configurando esto una verdadera situación de emergencia. Desde entonces se inició un proceso de compactación que con el correr de los años devino en más acumulación.

En julio de este año se anunció que se busca compactar 8.000 unidades.

Pero ¿qué hay en el lugar? En un predio de 9 hectáreas, un depósito a cielo abierto, se acumulan más de 26.000 vehículos secuestrados por diversas circunstancias como infracciones, problemas administrativos, judiciales o que han quedado en desuso. Tal cual publicó Los Andes hace unos meses, si bien desde el gobierno se busca reducir esa enorme cantidad - gran parte chatarra- a través de la compactación, por diversos factores no se puede avanzar. Es que tal cual se publicó, menos de 10% de ellos está en condiciones de pasar por ese procedimiento, alrededor de 2100.

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Alrededor de 7 de cada 10 llegan al lugar por disposición judicial. Aquellos propietarios que logran resolver la dificultad del vehículo, por infracción a la Ley de Tránsito por ejemplo, pueden retirarlo tras pagar un monto que refiere al costo diario del “bodegaje”. Pero no todos corren con la misma suerte y eso incrementa la ocupación.

En julio se estaba llevando a cabo un relevamiento por parte de personal de la Policía Vial para determinar mejor la cantidad y condiciones de cada unidad.

La intención es poder llamar a licitación para poder compactar lo que se pueda. Tal cual destacaba la nota, este procedimiento no es muy ágil porque el registro se hace in situ y hay que completar una serie de especificaciones que permitan establecer un diagnóstico preciso sobre la situación de cada vehículo.

Hasta ese momento se hicieron algunas consultas con la Fiscalía de Estado y luego de una serie de observaciones, el Ministerio de Seguridad terminará el relevamiento para pulir los términos de la licitación y evitar inconvenientes a futuro con los titulares (o herederos) de los vehículos.

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La intención del gobierno, anunciada ya hace tiempo, es avanzar construir una planta moderna en Las Heras para este tipo de acopio. Una vez trasladada, el proyecto incluye crear en el actual predio de San Agustin un barrio del IPV.

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