Playa San Agustín: menos del 10% de los vehículos está en condiciones de ser compactado

El proyecto para desalojar la chatarra de la playa San Agustín, al oeste de la Ciudad de Mendoza, por los problemas ambientales y de seguridad que genera, tendrá demoras porque aun no se termina el relevamiento de todos los vehículos que se encuentran allí por diversas infracciones a la ley de tránsito. Se suman los que están alojados por motivos judiciales.

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El universo de rodados es de 52.534 unidades esparcidas en las playas que están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, concentrándose cerca de 26.300 en San Agustín. El Programa Mendoza Compacta (Promecom) establece los pasos necesarios para llegar a la compactación y desde la cartera que lidera Raúl Levrino se está llevando adelante un relevamiento de cada unidad. Actualmente hay alrededor de 2.100 vehículos que están cerca de convertirse en cubos de chapa.

Un predio de 9 hectáreas alberga desde hace muchos años a los vehículos que se secuestran por diversos motivos. A la playa San Agustín van a parar autos, motos, camionetas, y demás cuando la Policía Vial así lo determina de acuerdo a la ley 9024, la cual regula el tránsito en la provincia. También llegan hasta el oeste capitalino los vehículos secuestrados por la justicia, ya sea por embargos, pruebas de alguna causa, u otro tipo de razones.

El Registro Único de Vehículos secuestrados va variando diariamente dado que ingresan nuevos y también se retiran algunos luego de pagar el monto diario por bodegaje, que varía en función del tipo de rodado: $200 las motos, $300 para autos y $500 en el caso de camiones. Los traslados cuestan $3.500. El volumen de chatarra es grande, produce contaminación ambiental además de ser noticia, cada tanto, por incendios y hechos de inseguridad.

De acuerdo a los datos de la Policía Vial, hasta la semana pasada, eran cerca de 26.300 las unidades alojadas en San Agustín, de esa cantidad hay 17.900 (68%) que llegaron al predio por disposición de la justicia. Son alrededor de 7970 (30%) las unidades que se encuentran en ese depósito a cielo abierto por medidas de la Policía Vial, se suman 390 vehículos policiales o del Gobierno provincial y 15 que vienen por decisión del Ente de Movilidad Provincial (EMOP).

Además, hay otras playas distribuidas en el territorio provincial para el mismo fin. En el este se albergan 8778 vehículos (entre retenciones por asuntos viales y judiciales); En el Valle de Uco se encuentran 4289, San Rafael tiene 9306 unidades, General Alvear 3234 y Malargüe cerca de 590. Esta cantidad de vehículos, sumados a los que están en San Agustín, supera los 52.500.

La ley de tránsito, en su artículo 130, prevé que las unidades retenidas no estén a disposición de la justicia, pueden cumplir funciones inherentes a las prestaciones de servicios públicos. En caso de no hacer uso de esta opción, tanto el Poder Ejecutivo como los municipios, quedan facultados para organizar el remate (Art. 131).

El Gobierno provincial ya ha realizado compactaciones anteriores por el Programa Nacional de Descontaminación Compactación y Disposición final de Automotores (Pronacom). En 2018 se compactaron 1472 vehículos entre los que estaban 547 vehículos policiales, 157 bicicletas del Ministerio de Seguridad y 13 vehículos del Servicio Penitenciario.

Los 912 vehículos judiciales que pasaron a ser cubos de chapa fueron previamente decomisados y llevaban 10 años en el predio. Desde el Poder Judicial indicaron que se ha hecho uso, en tres ocasiones, del Pronacom y llevan más de 6.000 vehículos compactados.

Ley provincial y autos particulares

Hasta diciembre del 2021, los vehículos que se compactaban eran propiedad del Gobierno provincial o habían sido decomisados por la justicia. Con la ley que crea el Programa Mendoza Compacta (Promecom), la provincia avanza en deshacerse de rodados particulares, para lo cual hay que cumplir con una serie de requisitos dispuestos en el artículo 132 de la ley que fue modificada para tal fin.

“Si se tratare de vehículos cuyo mal estado y/o escaso valor no amerite la entrega en depósito prevista en el Art. 130°, ni tampoco la venta en subasta dispuesta en el Art. 131°, transcurrido seis (6) meses desde su retención, serán puestos en depósito, a disposición del Ejecutivo Municipal o del titular de Resoluciones Viales, según corresponda, quienes deberán solicitar la descontaminación, destrucción, compactación y disposición en calidad de chatarra”, dice parte del artículo 132.

Para que esto se concrete, se “deberá notificar fehacientemente por edictos al titular registral del vehículo, acreedor prendario o embargante, si los hubiere, y/o a todo aquel que se considere con derecho sobre el mismo”. Tienen un plazo de 15 días para retirar la unidad, “bajo apercibimiento de procederse a la destrucción del mismo”.

Los importes provenientes de la venta en subasta y/o compactación o destrucción se destinarán para solventar los gastos de mantenimiento y seguridad de las playas de secuestros. Se establece, también que se conforme un “Fondo de Reserva, compuesto por el 5% del total del producido de la venta de chatarra resultante de la compactación de los vehículos mencionados en la presente ley, para solventar gastos por reclamos administrativos y/o judiciales que pudieran surgir de la aplicación de la presente ley”.

La normativa, entre otros aspectos, dispuso que se genere un Registro Único de Vehículos secuestrados y es el que cuenta con los datos de cada unidad que ingresa a los distintos predios habilitados con los que cuenta la provincia.

La Ciudad de Mendoza avanzó con una ordenanza municipal para compactar vehículos en la lonja con la que cuentan en San Agustín. Son 8.000 los que podrían pasar a cubos dado que las unidades en mejores condiciones se ubican en otras playas municipales.

El relevamiento

El personal de la Policía Vial está relevando la cantidad de unidades, principalmente en San Agustín para poder llamar a licitación y realizar la compactación. Este procedimiento no es muy ágil porque el registro se hace in situ y hay que completar una serie de especificaciones que permitan establecer un diagnóstico preciso sobre la situación de cada vehículo.

Se hicieron algunas consultas con la Fiscalía de Estado y luego de una serie de observaciones, el Ministerio de Seguridad terminará el relevamiento para pulir los términos de la licitación y evitar inconvenientes a futuro con los titulares (o herederos) de los vehículos.

“En lo que respecta a secuestros que dependen de juzgados administrativos viales hay 1700 vehículos que se suman a 390 que son los móviles de la policía y otros autos del Gobierno que no pueden prestar servicio y están en un 90% camino a ser compactados”, explicó Fabián Becerra, director de la Policía Vial, a Los Andes sobre los casi 2100 vehículos en esta situación.

El relevamiento de las casi 7000 unidades bajo la órbita del Ministerio de Seguridad por infracciones a la ley de tránsito, se encuentra en un 35% de avance. Becerra indicó que en cada caso se toman fotografías, se completan una serie de datos además de constatar que haya un 70% de desuso, entre otros requerimientos.

Una vez finalizado el proceso, se sabrá cuántos vehículos están en condiciones de compactarse, un certificado que debe emitir la oficina que tiene a cargo el registro. Con ese detalle en mano, se avanzará con la licitación. El ministerio de Planificación e Infraestructura Pública que lidera Mario Isgró tenía en sus planes disponer del predio para avanzar en urbanización y construcción de viviendas.

La nueva playa, más moderna, iba a instalarse en Las Heras, colindante con el predio que el municipio tiene destinado para la retención de vehículos. Eran tiempos en los que el intendente Daniel Orozco era parte de Cambia Mendoza, luego de su pase a La Unión Mendocina la ambiciosa y y sustentable propuesta es un gran interrogante.