“Un Nuevo Papel en Tu Vida” es el slogan de la empresa que busca favorecer la reinserción social de los internos. Aspiran a incorporar a unos 70 trabajadores.
La empresa del sector privado, Suavipack, producirá papel higiénico, servilletas y toallas de papel en el penal Almafuerte 1 de Mendoza
Foto:
El martes comenzó su producción la primera fábrica industrial instalada dentro de una penitenciaría de Mendoza. Emplea a 25 internos del penal Almafuerte 1, que se están capacitando desde hace un mes para afrontar el nuevo desafío laboral y una nueva oportunidad.
Se trata de una empresa del sector privado, Suavipack, la marca con la que saldrá al mercado, y producirá papel higiénico, servilletas y toallas de papel.
Justamente el slogan de la marca pone en valor la estrategia: “Un Nuevo Papel en Tu Vida”. Es que se trata de una empresa creada específicamente para favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad.
En principio, la producción se venderá en Mendoza, aunque hay empresas interesadas en comprarla en el resto del país.
Se trata de una estrategia generada en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria pensando en el futuro. Es que más allá de que los internos tengan un empleo e ingresos generados a partir de su trabajo, se busca que ganen en educación y formación. Por eso es que las autoridades y referentes de la empresa consideran que es una oportunidad para favorecer su reinserción social y dotarlos de recursos para cuando cumplan su pena.
Surgió de la alianza entre dos empresas. Por un lado, Grupo Fonther, que es una empresa constructora mendocina que además tiene varias unidades de negocio. Por otro lado, R&R, una empresa sanjuanina líder en el mercado del papel higiénico en su provincia.
“Lo que nos motivó es que veníamos capacitando a gente de Caciques (el equipo de rugby conformado por internos de los penales de Mendoza) para insertarlos a medida que iban saliendo, pero nos dimos cuenta de que no tienen una cultura del trabajo. Entonces, automáticamente lo primero que hacen es volver a caer y no tienen herramientas”, explicó a Los Andes Georgina Riveros, dueña del grupo Fonther y de Suavipack. Eso explica en gran medida un dato fuerte: más de la mitad de la población carcelaria es reincidente. Así lo destacó un informe reciente de Los Andes: el 53,95% de la población carcelaria es “reiterante”. De 5.991 internos en diciembre de 2023, unos 3.232 ya habían pasado alguna vez por una detención en prisión.
Riveros se refirió a otro desafío que afrontan: tras cumplir su pena, al presentarse oportunidades de empleo les piden antecedentes penales y al aparecer que estuvieron privados de la libertad no los toman. Por eso explicó que parte de la estrategia que han pensado es llegar a convenios con empresas que puedan tomarlos cuando salgan del penal, de los cuales ya han cerrado varios.
“La mayoría de la gente que tenemos no sabe lo que es el valor del trabajo, no saben lo que es respetar un horario, cumplir metas, trabajar en equipo. Entonces, hay que introducir todos estos valores de lo que es el trabajo para que a la hora que salgan tengan un poco más de herramientas para poder reinsertarse”, apuntó la empresaria.
De esta manera saldrán con algunos recursos ganados y la oportunidad de trabajo. Es que para poder trabajar se les ha exigido que terminen la escuela primaria o la secundaria según el caso. Por eso, tienen una jornada de 4 horas que les permita hacerlo y trabajarán dos grupos en dos turnos. Contarán además en su haber con la capacitación que se les ha dado.
Riveros destacó la importancia de contar con el apoyo y la alianza con otras empresas. Por un lado, para generar estas oportunidades y por otro, para comprar la producción ya que les resulta difícil salir directamente a los supermercados porque tendrían una demanda que no podrían abastecer en principio. Por eso apuntan en primera instancia a mayoristas, otras empresas y dotar a hospitales y al mismo sistema penitenciario.
Otra particularidad es que si bien ya hay otras empresas instaladas en los penales, esta es la primera empresa industrial dentro de un penal de Mendoza y la primera fábrica de papel higiénico y servilletas en Argentina dentro del penal.
Además de los 25 colaboradores que ya se han incorporado la intención es sumar más antes de fin de año. En este sentido Rivero detalló que tienen cuatro líneas continuas y que si logran sumar dos más creen que podrán llegar a incorporar a entre 70 y 75 personas en total antes de fin de año.
Son todos varones acorde a la población de ese establecimiento.
A la empresa se suman 16 personas que trabajan en un galpón extramuros destinado a la distribución ya que no pueden acopiar dentro del penal un gran volumen por cuestiones de seguridad.
En cuanto al perfil de los internos, se contempla que tengan buena conducta y que estén cercanos a egresar del penal. La empresaria refirió que es el Servicio Penitenciario el que determina quién va a trabajar. “Para ellos trabajar es un premio, no es un privilegio para todos, intentamos prepararlos y que la gente que esté por salir de acá a dos o tres años, tenga las herramientas necesarias para reinsertarse”, apuntó.
Ya en mayo de 2024 el gobierno había anunciado su intención de fortalecer los recursos de empleabilidad para reducir la reinsidencia por lo que buscan nuevos convenios. Se da en un contexto en el que hay una población récord de internos en los penales de Mendoza con más de 7.500 personas privadas de libertad, el número más alto en años. De ese total, unas 2.000 participan en programas de capacitación y 238 ya trabajan en empresas privadas en los penales.
El gobierno de la provincia destaca que se busca avanzar hacia un modelo de resocialización que combine formación, producción y trabajo.
En un recorrido por las nuevas instalaciones, el gobernador Alfredo Cornejo destacó: “Queremos que los presos trabajen y estudien, que se resocialicen (...) Estas personas no cobran del Estado sino que reciben un ingreso de las empresas. Eso también habla de un compromiso privado con la reinserción y con una política de seguridad más efectiva”.
Además, el mandatario remarcó que 66% de las personas privadas de libertad están escolarizadas: “Exigimos que quienes ingresan sin completar la primaria o secundaria la terminen. Eso mejora sus oportunidades al salir”.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, destacó que “este modelo impacta directamente en la no reincidencia delictiva”. Además, resaltó que saldrán con un oficio y que las capacitaciones están certificadas, lo que mejora las condiciones laborales futuras.
Desde el gobierno aclararon que esto no implica exenciones impositivas ni beneficios fiscales y que ya hay interés de provincias como San Juan y Salta interesadas en replicar el modelo.