La iniciativa, que tuvo sanción definitiva en el Senado, fija requisitos de infraestructura, personal capacitado, seguros y controles para las escuelas de verano tanto públicas como privadas.
La iniciativa surgió tras la muerte de Faustino Díaz Crimi, ocurrida en febrero de 2025, y busca establecer medidas de seguridad para las escuelas de verano.
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El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley que regula el funcionamiento de las escuelas de verano en toda la provincia. La iniciativa, que había recibido modificaciones en la Cámara de Diputados y regresó a la Cámara Alta para su segunda revisión, obtuvo sanción definitiva y establece un marco normativo común para las instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades recreativas, deportivas y formativas durante el período estival.
El proyecto surgió a partir de la tragedia que conmocionó a Mendoza en febrero de 2025, cuando Faustino Díaz Crimi, de 4 años, murió ahogado en una pileta del Marista Rugby Club mientras asistía a una escuela de verano. Sus padres, María José Crimi y Diego Díaz, acompañaron el tratamiento de la iniciativa y participaron de la sesión en la que se convirtió en ley.
La propuesta fue impulsada originalmente por la senadora Adriana Cano (PJ) - cuyo hijo menor era compañero de Faustino en la escuela de verano- junto con Mercedes Derrache, Cristina Gómez, Mauricio Sat, Pedro Serra y Gerardo Vaquer. Su objetivo es promover la actividad física, la recreación y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, además de garantizar condiciones mínimas de organización, seguridad y cuidado.
Durante el debate, Cano recordó el origen del proyecto y destacó el trabajo de las familias y de las instituciones que participaron en su elaboración. "La ley no repara nada, no borra ningún recuerdo, pero sí genera condiciones", expresó la legisladora.
También señaló que la propuesta fue enriquecida con aportes del Instituto de Educación Física, la Universidad Nacional de Cuyo, la Subsecretaría de Deportes, municipios, guardavidas, profesores y familias. Uno de los objetivos centrales es que los padres puedan consultar cuáles son los establecimientos que cumplen con las condiciones exigidas.
Por su parte, el senador Néstor Majul (Cambia Mendoza) destacó la importancia de brindar una respuesta institucional y agradeció a los padres de Faustino por transformar su dolor en un reclamo colectivo para mejorar las condiciones de seguridad.
Uno de los principales puntos de la normativa es la creación de una nómina de Escuelas de Verano dentro del Registro Provincial de Instituciones Deportivas, establecido por la Ley 6457. La disposición alcanza a personas humanas y jurídicas privadas, clubes deportivos, asociaciones civiles, sindicatos, entes comunitarios y organismos e instituciones públicas provinciales o municipales que organicen o desarrollen estas actividades.
Para obtener la constancia de inscripción, los responsables deberán presentar documentación con carácter de declaración jurada. Entre los requisitos se encuentran los datos de identificación del responsable legal, del coordinador general o responsable técnico y del establecimiento; la habilitación municipal del predio, que acredite sus condiciones edilicias y de salubridad; la descripción del proyecto pedagógico; y las constancias de cobertura de un seguro de responsabilidad civil y de un servicio de emergencias médicas con traslado urgente.
La constancia tendrá vigencia hasta la finalización del período estival y deberá renovarse para la siguiente temporada. Además, la autoridad de aplicación deberá publicar, mediante su página web u otros medios digitales, el listado de las instituciones que hayan cumplido con las exigencias.
Cada establecimiento inscripto también tendrá que exhibir de manera visible, en el ingreso, la documentación correspondiente para que pueda ser consultada por las familias. Además, la normativa establece que el funcionamiento de cada Escuela de Verano estará bajo la responsabilidad exclusiva de la persona u organismo organizador.
En cuanto al personal, cada institución deberá contar con un responsable del proyecto que sea profesor o licenciado en Educación Física matriculado, además de equipos adecuados para el desarrollo de las actividades. Los integrantes del personal deberán presentar certificado de antecedentes penales.
La ley también establece pautas sobre la cantidad de profesionales a cargo de los participantes. Para los niños y niñas menores de cinco años, deberá haber un profesor de Educación Física y un auxiliar por cada grupo de hasta 15 chicos. En el caso de los mayores de esa edad, la cantidad de profesionales y auxiliares será determinada mediante la reglamentación.
La seguridad en los natatorios constituye otro de los ejes centrales. Las instalaciones que cuenten con piletas deberán disponer de al menos un guardavidas habilitado y registrado cada 50 niños, niñas y adolescentes durante el uso del natatorio, además de contar con cerramientos de protección.
Asimismo, todo el personal deberá estar capacitado en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), identificación de factores de riesgo y gestión de situaciones que puedan comprometer la seguridad de los participantes.
La normativa contempla también instancias de capacitación para los propios chicos, con contenidos adaptados a sus edades para que puedan identificar situaciones de riesgo.
La guardia, custodia y vigilancia directa de los concurrentes dentro del espejo de agua será una responsabilidad inherente al personal del establecimiento. A su vez, el titular del predio y el responsable de la actividad deberán supervisar de manera directa y permanente el estado de las instalaciones y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Otro de los requisitos es mantener vigente durante todo el período de funcionamiento una póliza de seguro de responsabilidad civil que brinde cobertura a los participantes ante posibles accidentes o contingencias dentro del establecimiento.
Para las actividades que contemplen pernocte o excursiones, será obligatorio contar con autorización escrita de los padres o tutores y contratar servicios de transporte debidamente habilitados.
Pese a la sanción definitiva, la normativa no llegará a implementarse en la próxima temporada de verano. Según se indicó durante el tratamiento legislativo, el plazo previsto de 180 días desde su publicación para adecuar los trámites de inscripción, impedirá que las nuevas exigencias estén plenamente vigentes para el inicio del próximo período estival.
Durante el tratamiento en Diputados, la iniciativa incorporó modificaciones respecto de la versión que había recibido media sanción del Senado. Entre los principales cambios, se eliminó la clasificación de escuelas privadas, públicas y de invierno, así como las fechas específicas de funcionamiento que figuraban en el texto original.
También se modificaron los criterios sobre la cantidad de personal a cargo de los chicos. Mientras que la primera versión establecía proporciones diferenciadas según las edades y para las actividades acuáticas, el texto definitivo mantiene un profesor de Educación Física y un auxiliar cada 15 niños menores de cinco años, y deja la proporción para los mayores sujeta a reglamentación.
Además, se flexibilizaron algunos requisitos y se otorgó mayor margen a la autoridad de aplicación para incorporar nuevas exigencias según las características de cada establecimiento.
