Ada Rico, directora del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, analizó en "En Tiempo Real" los datos de femicidios y cuestionó la falta de respuestas efectivas del Estado y el Poder Judicial.
Ada Rico directora del Observatorio de femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" cuestionó en Aconcagua Radio la falta de respuestas efectivas ante las denuncias y medidas de protección frente a la violencia de género.
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Imágen extraída de infojus
Ada Rico directora del Observatorio de femicidios en Argentina "Adriana Marisel Zambrano" cuestionó en "En Tiempo Real", programa de Aconcagua Radio la falta de respuestas efectivas ante las denuncias y medidas de protección frente a la violencia de género. Además advirtió sobre el rol del Estado y del poder judicial y, alertó por la situación de las víctimas y de las infancias que quedan afectadas por los hechos.
El Observatorio publicó recientemente el compilado de datos correspondientes a los primeros 8 meses de 2026 (del 1 de enero al 31 de agosto). Ada Rico destacó que "el informe registra los femicidios concretos como los intentos de femicidios que continúan bajo seguimiento, ya que si la víctima finalmente fallece, debe ser incorporada a la lista de femicidios".
Rico expresó con profunda preocupación el desamparo que sufren las mujeres por parte de las instituciones. "Muchas víctimas habían realizado denuncias previas que no resultaron en una protección efectiva. Ademas, agresores tenían medidas cautelares dictadas que fueron violadas sin que el sistema judicial o estatal interviniera a tiempo para protegerlas".
Ada Rico expuso que, "esto demuestra que las mujeres en situación de violencia se encuentran en "total soledad" por parte del Poder Judicial y del Estado". Rico enfatizó en Aconcagua Radio: "ante cada mujer asesinada, como lo decimos siempre, no es un número, es una vida".
En la provincia de Mendoza se registró 15 intentos de femicidio en este lapso. Al respecto, Rico aclaró, "los intentos de femicidio no siempre se publican bajo esa denominación en las notas de prensa o denuncias, sino que muchas veces se encuentran bajo la carátula judicial de "lesiones graves".
Rico insistió en que, "cuando existe una medida cautelar, es porque la justicia ya juzga que la mujer está en peligro real. Por lo tanto, es obligación de las autoridades arbitrar las medidas de protección efectivas". De lo contrario, se genera un mensaje desalentador para la víctima, quien puede concluir que denunciar no sirve de nada, lo cual "protege solamente al agresor".
La gran mayoría de los femicidios e intentos ocurren en la vivienda de la víctima o en el hogar que cohabita con el agresor. Por ende, Rico confirmó que este patrón se repite de manera histórica .
Ademas, señaló que "cuando se dicta una medida cautelar, usualmente se trata de una expareja y la mujer reside en su vivienda, lugar donde debería estar segura y protegida". Por lo tanto, históricamente, las mujeres son asesinadas mayoritariamente por sus parejas o exparejas en el ámbito del hogar. Asimismo, Ada Rico destacó el impacto destructivo en las infancias: "en una gran cantidad de casos, los menores de edad están presentes y presencian de manera directa estas situaciones de violencia extrema o los intentos donde sus madres son golpeadas y agredidas".
Al ser consultada sobre el abordaje psicológico y de acompañamiento a las niñas y niños que presencian estos hechos, Rico apuntó directamente a la responsabilidad estatal y denunció la parálisis de la Ley Brisa (Ley de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas Colaterales de Femicidio).
La ley fue impulsada originalmente por La Casa del Encuentro con el fin de otorgar no solo un aporte económico, sino también una atención integral de salud que incluye acompañamiento psicológico para los menores. Rico denunció una situación de extrema gravedad: "desde el año 2024 no se registran nuevas altas en esta ley a nivel nacional. Las familias a carga de los huérfanos presentan toda la documentación requerida pero no obtienen ninguna respuesta del Estado".
Subrayó que la aprobación de esta ley nacional requirió un esfuerzo enorme y que "el reclamo actual de la organización no es la creación de nuevas normativas, sino el estricto cumplimiento de las leyes vigentes"
Rico explicó que "este tipo de asistencia requiere de una estructura y un presupuesto de alcance federal, a pesar de los esfuerzos locales o provinciales para implementar políticas de género". Al profundizar en las causas de esta falta de implementación, Rico apuntó directamente a la postura ideológica de la actual administración nacional:
Ada Rico afirmó que "el desamparo actual se debe a que el gobierno nacional niega activamente la existencia de la violencia de género. Al sostener esta postura, al gobierno "no le importa llevar adelante" las leyes vigentes diseñadas para proteger y reparar estas situaciones. Como consecuencia directa, las mujeres, las diversidades y, de manera muy dolorosa, los niños y niñas quedan en un estado de "total desamparo".
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