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Se dieron a conocer una serie de fotografías que probarían que un grupo de personas que se habían rebelado contra el gobierno de Venezuela fueron ejecutadas a tiros. Las mismas serán presentadas ante la Corte Penal Internacional (CPI) y fueron publicadas ayer por la prensa española.
En las imágenes, publicadas por el diario madrileño El Mundo, se observa al expolicía Oscar Pérez y a otras personas sin vida, con numerosos impactos en la cara, la cabeza y el cuello, según Télam.
"Decenas de tiros de gracia para acabar con la vida del famoso Rambo venezolano y de su equipo, como se llamaba a los seis 'libertadores' que se atrevieron a desafiar al todopoderoso chavismo", informaron.
Las fotos publicadas forman parte de un conjunto de imágenes que el diputado antichavista Wilmer Azuaje y la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz -chavista que pasó a la oposición tras ser destituida en agosto de 2017- anunciaron que presentarán mañana ante la CPI.
"Voy a entregar más de un centenar de fotografías", dijo Azuaje en la nota, en la que Ortega Díaz aseguró: "Los liquidaron".
El 15 de enero de 2018, un comando integrado por militares, policías y civiles chavistas cercó una vivienda en la que se escondían Pérez y varios de sus seguidores, en un confuso operativo en el que, según se informó al día siguiente, fueron muertos el expolicía y otras seis personas, mientras otras seis fueron detenidas.
Allegados a las víctimas y voceros de la oposición y la Iglesia católica denunciaron que se trató de una ejecución extrajudicial, y pocos días después se divulgaron las actas de defunción que certifican que seis de los muertos fueron ultimados con disparos en la frente y el otro, con un tiro en la espalda.
Pérez, oficial inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc, policía científica), y además actor, había cobrado notoriedad en junio de 2017, cuando robó un helicóptero de ese organismo y desde ese vehículo arrojó dos granadas a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y tiroteó la sede del Ministerio de Interior y Justicia, sin dejar víctimas.
Desde entonces, estuvo prófugo de la justicia venezolana, que lo acusó de terrorismo, lo dio de baja de la Policía y pidió su captura internacional.
En diciembre de 2017, Pérez se atribuyó el asalto que un grupo de personas perpetró a un cuartel de la Guardia Nacional Boliviariana (GNB, policía militar) en el estado Miranda vecino a Caracas, del que robaron varias armas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció en julio pasado que entre enero de 2018 y mayo de 2019, las fuerzas armadas y de seguridad de Venezuela ejecutaron extrajudicialmente a 6.856 personas, entre otras graves violaciones de derechos humanos.
