El Gobierno provincial impulsa un proyecto para unificar las normativas de Construcción y terminar con el caos normativo municipal.
El Gobierno de Mendoza impulsa un proyecto de Código Unificado de Edificación.
Foto:
GentilezaLa construcción en Mendoza se prepara para un cambio de paradigma. Tras un extenso proceso de trabajo técnico que involucró a diversos actores del sector, el Ejecutivo provincial formalizó que va a enviar a la Casa de las Leyes del nuevo Código Unificado de Edificación.
El anuncio fue realizado por el propio gobernador Alfredo Cornejo en el discurso de apertura de sesiones legislativas del 1 de mayo de 2026.
Esta normativa no solo aspira a simplificar la burocracia administrativa que hoy asfixia a profesionales e inversores, sino que establece reglas de juego claras y modernas para garantizar que cada nueva obra, desde una vivienda mínima hasta un complejo de gran escala, cumpla con estándares de calidad y resiliencia climática a la altura de los tiempos actuales.
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta hoy el desarrollo urbano en la provincia es la heterogeneidad normativa. Actualmente, un arquitecto debe adaptarse a requisitos sustancialmente distintos dependiendo de si su obra se emplaza en un departamento u otro.
"Hoy en día vas a un municipio y te piden un plano con un rótulo, vas a otro y te piden otra cosa; está muy disperso", explicó a Los Andes, Matías Dalla Torre, director de Planificación Territorial de Mendoza. Esta falta de criterios comunes genera demoras innecesarias y malestar tanto en los colegios profesionales como en los desarrolladores.
El nuevo código propone un sistema de tramitación obligatoria dividido en tres etapas críticas: el Permiso de Edificación, el Control y Avance de Obra, y el Certificado Final de Obra. Para asegurar que esta unificación sea efectiva, se prevé la creación de una Mesa de Trabajo Técnica Provincial que mantendrá la normativa actualizada frente a las innovaciones tecnológicas. Además, el proyecto impulsa la implementación de un sistema digital unificado, permitiendo que la gestión de expedientes sea eficiente y transparente en todos los municipios que adhieran a la ley.
El proyecto define con precisión qué se considera una vivienda digna en la Mendoza del siglo XXI. Se establece una superficie mínima de 32 metros cuadrados para las unidades habitacionales, las cuales deben garantizar condiciones óptimas de salubridad y confort. Asimismo, la accesibilidad universal deja de ser una opción para convertirse en una obligación en obras públicas y edificios de acceso masivo, asegurando instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.
En materia de seguridad, el código no deja margen para la improvisación. Al estar Mendoza en una zona de alto riesgo sísmico, se ratifica la obligatoriedad de los reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC para todas las estructuras. En cuanto a la protección contra incendios, la provincia adopta la rigurosa normativa internacional NFPA, escalando las exigencias según el uso y la altura de la edificación.
"Es fundamental que tengamos un código más resumido, estrictamente de edificación, que esté en norma y contexto", destaca el arquitecto Jorge Lazo, vicepresidente del Colegio de Arquitectos, subrayando que la construcción ha cambiado radicalmente en sus formatos y sistemas.
La crisis climática y la particular situación hídrica de Mendoza atraviesan todo el documento. El Capítulo 5 introduce un enfoque de resiliencia mediante el Etiquetado Energético de Viviendas, utilizando el aplicativo PRONEV para clasificar los edificios según su eficiencia. Aquellos proyectos que alcancen las categorías más altas (A, B o C) podrán recibir incentivos por parte de los municipios, como beneficios en los indicadores urbanísticos o exenciones en las tasas municipales.
La innovación también llega a la gestión del agua. El código introduce la obligatoriedad de sistemas de tratamiento y reutilización de aguas grises en ciertos establecimientos. Este enfoque proactivo busca reducir el impacto ambiental y fomentar un desarrollo que respete el entorno natural de la región, integrando materiales sostenibles y promoviendo la permeabilidad del suelo.
A diferencia de intentos anteriores, este proyecto es el resultado de un consenso madurado durante dos años. "Ha sido un proceso muy saludable, muy sano y muy profesional por todos los participantes que ha habido", afirma Jorge Lazo, mencionando la colaboración de entidades como el CONICET, EDEMSA, AYSAM y diversas cámaras del sector. Es importante destacar que el código se centra exclusivamente en los espacios privados y la técnica constructiva, respetando la autonomía municipal sobre los códigos urbanos que definen el espacio público.
Para los profesionales del sector, esta ley representa una herramienta de vanguardia. "El profesional y el inversor quieren parámetros más homogéneos", concluye Dalla Torre, señalando que la digitalización total y la unificación de requisitos son los pilares para que Mendoza recupere agilidad en su motor constructivo. Con su ingreso a la Legislatura, comienza ahora la etapa de debate político para transformar este compendio técnico en la piedra angular del crecimiento provincial.