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El Caso Próvolo vive horas de máxima tensión e intensidad. Hace minutos la jueza Mariana Gardey decidió hacer lugar al pedido de elevación a juicio para la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por 7 episodios de abuso sexual a chicos sordos que estudiaban y dormían en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo). Más allá de esta confirmación, el abogado defensor de la religiosa presentaría una oposición a esta resolución en las próximas horas.
Pero lo cierto es que por lo pronto la Justicia hizo lugar al pedido del fiscal Gustavo Stroppiana y la monja -que está con prisión domiciliaria- aguarda que se confirme la fecha de su proceso.
En tanto, la otra audiencia que debía celebrarse hoy fue suspendida. En esta, los jueces Ariel Specktor, Eduardo Martearena y Diego Lusverti iban a ser los encargados de definir si Kosaka aguardaba el juicio en prisión o en libertad. No obstante, en horas del mediodía anunciaron que se inhibían y apartaban de la causa a raíz de las repercusiones por la decisión que tomaron de dejar en libertad a la ex representante legal; por lo que será otro tribunal el que deba resolver esta situación. Estos magistrados ya fueron sorteados y son David Mangiafico, Belén Renna y Agustín Chacón, por lo que resta la reprogramación de esta audiencia.
El plazo de prisión preventiva de Kosaka por la mayoría de las imputaciones vence el próximo lunes, por lo que esta audiencia debería ser fijada para antes. Sin embargo, los abogados de las víctimas sostienen que este plazo se cumple en lo referido a 3 de los 7 episodios por los que está imputada. No obstante, insisten en que hay un cuarto episodio (identificado como hecho 7, y que fue el último por el que la imputó el fiscal Stroppiana); y por el que el fiscal le dictó prisión preventiva recién el 3 de octubre pasado. De esta manera, sostienen que lejos está de vencerse el plazo máximo para este tipo de detención (fijado en 2 años y 6 meses, al menos en lo referido a este hecho).
Luego de una serie de cruces públicos y mediáticos con los abogados de las víctimas y sus familiares, finalmente el tribunal que resolvió dejar en libertad a la ex representante legal del instituto Próvolo (Graciela Pascual, identificada por los ex alumnos como "la jefa" y señalada como la mano derecha del cura imputado por abusos sexuales, Nicola Corradi) se inhibió de continuar participando en resoluciones referidas al caso de abuso sexual eclesiástico cometido contra chicos sordos que estaban internados en el lugar. Los abogados querellantes ya los habían recusado.
De esta manera, los jueces se apartaron definitivamente del caso. Y no serán ellos quienes resuelvan la situación de la monja Kosaka, quien cuenta con 7 imputaciones como autora y partícipe de algunos abusos. Precisamente para esta tarde se había fijado la realización de una audiencia para determinar si la religiosa continúa cumpliendo prisión preventiva o si recupera la libertad, tal y como ha solicitado su abogado defensor. No obstante, al haberse inhibido los magistrados; ahora deberá sortearse un nuevo tribunal para que defina si la deja en libertad o no.
Mediante un escrito dado a conocer pasado el mediodía de hoy, los jueces Specktor, Lusverti y Martearena hicieron público que se apartaban del Caso Próvolo y cualquiera de sus derivaciones.
Entre los considerandos, los jueces destacan que la decisión la toman teniendo en cuenta que también para hoy está prevista la audiencia donde se resolvería el pedido de la monja (su abogado solicitó que se la libere) y que ellos resolvieron "disponer la libertad" de Pascual hace una semana. "Dicha resolución motivó no sólo duras críticas de parte de los abogados representantes de las distintas querellas particulares, sino que las mismas fueron acompañadas de algunas expresiones falaces, y otras ciertamente agraviantes a través de los medios de prensa en contra de los integrantes de este Tribunal; al calificar de 'ridículo' el plazo de prórroga extraordinaria de la Prisión Preventiva que en fallo anterior habíamos dispuesto, enrostrándonos en un comunicado titulado 'La distinta vara de la justicia' a través de 'Xumek', que resolvemos con una 'doble vara', y que 'se han vuelto cotidianos en estos jueces', recordando que este mismo Tribunal '…hace unos meses pretendió dar la libertad a la monja de Kumico…'", alegan los magistrados en su escrito.
Los magistrados resaltaron además que "el Dr. (NdA abogado de las víctimas, Sergio), Salinas dijo también en conferencia de prensa, que con esta resolución, 'la justicia está a la par del Estado y la Iglesia', que con ello nos estamos burlando de las víctimas, y que estamos al lado de los poderosos, aludiendo expresamente a que ese poder lo detenta la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, generando una constante presión a través de Bochatei, el enviado del Papa Francisco". Y se refirieron además a lo expresado por familares de los denunciantes, quienes expresaron que deben estar en alerta porque "los monstruos andan sueltos".
"Ante la situación descripta, y en la evidencia que el cuestionamiento de la resolución que pronunciamos, trascendía lo estrictamente jurídico, aludiendo expresamente a nuestra función como magistrados del Poder Judicial, poniendo en tela de juicio principios elementales del ejercicio de la potestad jurisdiccional, como la imparcialidad, al resolver de acuerdo a la influencia de los poderosos, afectando con ello nuestra honestidad en el ejercicio de la magistratura y nuestra honorabilidad, nos vimos en la necesidad de dar las explicaciones públicamente sobre las razones de nuestro fallo", continúan los jueces.
Specktor, Martearena y Lusverti resaltaron también la trascendencia de la resolución y sus repercusiones en los medios de comunicación. Y agreraron que ellos hasta se ofrecieron a reunirse con los familiares y víctimas para explicarles en lenguaje claro la resolución y su motivante (argumentado que se ajustaban a los parámetros de la ley); algo que no se concretó porque los involucrados desistieron de hacerlo con "las condiciones puestas por el Tribunal". Los jueces ofrecieron recibir a los familiares, aunque sin cámaras periodísticas encendidas y con sus abogados únicamente en calidad de veedores. Esto es lo que no fue aceptado por los denunciantes.
"Este cuadro evidencia una clara y objetiva situación de violencia moral en la que nos encontramos sumidos y que, sin calificar la conducta de los abogados de la querella, pero que sin duda ha sido ciertamente contraria a la ética profesional, nos obliga a cumplir con el deber de inhibirnos para seguir entendiendo en todas las causas - englobadas en la denominada causa 'Provolo' - en que, por vía de apelación, y desde el año 2017 nos ha tocado intervenir", agregan los jueces.
Los jueces hablaron también entre sus consideraciones de "la extorsión social" a la que se ha acudido "como claro elemento de presión judicial, en lugar de acudir a los remedios que la ley acuerda" al momento de enumerar la suma de razones que los llevan a inhibirnos de entender en las causas mencionadas.
