17 de noviembre de 2026 - 13:00

Desmontaron 11.000 hectáreas de bosque para ampliar la producción y tendrán que pagar $21.800 millones de indemnización

El monto es una garantía judicial para afrontar la recuperación ambiental tras incumplimientos del acuerdo firmado en 2018.

La Justicia de Salta dispuso un embargo preventivo de $21.805 millones sobre dos inmuebles vinculados con el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas de bosque nativo. La medida busca asegurar fondos para una eventual restauración del área, luego de años de incumplimientos de un acuerdo ambiental.

El caso se desarrolla cerca de Dragones, en el departamento San Martín, al norte de la provincia. Los terrenos están relacionados con una actividad productiva que avanzó sobre superficie forestal y dio lugar a un conflicto judicial de larga duración. La cifra millonaria no corresponde a una indemnización ya pagada, sino a una medida cautelar sobre las propiedades.

De un desmonte masivo a un acuerdo de restauración

Los demandados, Juan José y Daniel Darío Karlen, habían asumido en septiembre de 2017 compromisos de recomposición ambiental. El acuerdo fue homologado judicialmente en 2018 y contemplaba un plan que debía extenderse durante tres décadas sobre los campos afectados.

La propuesta incluía restaurar el bosque y compatibilizar ciertas actividades productivas con un manejo que mantuviera la cobertura vegetal. También contemplaba la participación de puesteros y comunidades de la zona, según los antecedentes difundidos por el Ministerio Público Fiscal salteño.

Sin embargo, relevamientos técnicos realizados entre 2019 y 2026 señalaron que los compromisos no se habían cumplido como estaba previsto. Los informes identificaron ausencia de avances de restauración activa, además de actividades agrícolas en sectores sometidos a restricciones.

Por qué el embargo superó los $21.800 millones

El Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal amplió un embargo que originalmente superaba los $171 millones. La nueva medida alcanza los catastros 30.746 y 30.747 y eleva la garantía judicial a $21.805 millones.

Foto: © Martin Katz Greenpeace

Foto: © Martin Katz Greenpeace

El monto fue calculado a partir de evaluaciones técnicas y económicas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. De acuerdo con la fiscalía, representa una estimación actualizada del costo que podría tener la restauración del ambiente afectado si debiera ejecutarse de manera forzada.

En los relevamientos también se observaron actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz e incumplimientos de tareas de reforestación. La fiscalía sostuvo que las demoras dificultan la recuperación del bosque y agravan la necesidad de asegurar recursos.

Qué deberá ocurrir con el bosque afectado

El embargo funciona como una garantía patrimonial mientras se exige el cumplimiento de las obligaciones ambientales. No implica por sí mismo que los responsables hayan entregado el dinero ni que la totalidad del área desmontada ya haya sido recuperada.

La resolución ordenó registrar la ampliación de la medida sobre los inmuebles y comunicarla a la Dirección General de Inmuebles de Salta. El expediente conserva como objetivo la restauración del bosque nativo y el seguimiento de las tareas comprometidas en el acuerdo original.

LAS MAS LEIDAS