Una familia de La Plata, Buenos Aires, recibirá una indemnización superior a los 78 millones de pesos luego de que la Justicia responsabilizara a dos arquitectos por las graves fallas detectadas en una vivienda que habían encargado construir. Las pericias determinaron que la estructura tenía riesgo de derrumbe y que no existía otra solución técnica que demolerla por completo.
El caso comenzó cuando una mujer y sus dos hijos contrataron a los profesionales para desarrollar una casa familiar en un terreno propio. El acuerdo incluía la elaboración de los planos, los trámites correspondientes y la dirección ejecutiva de la obra, que quedó inconclusa cuando apenas se había completado una cuarta parte del proyecto.
Las fallas estructurales que obligaban a demoler la vivienda
Durante las evaluaciones técnicas, los especialistas detectaron graves deficiencias en columnas, vigas y mampostería. Los problemas comprometían elementos fundamentales para la resistencia de la construcción y representaban un peligro para cualquier persona que pudiera habitarla.
Los informes periciales también descartaron la posibilidad de realizar reparaciones parciales. Las fallas afectaban la estructura completa, por lo que no era técnicamente viable conservar algunos sectores ni aprovechar los materiales que ya se habían utilizado. La única alternativa era demoler toda la edificación y comenzar nuevamente.
Por qué la Justicia responsabilizó a los arquitectos
En primera instancia, el juzgado hizo lugar a la demanda y estableció una indemnización superior a los 70 millones de pesos, además de los intereses y las costas judiciales. Sin embargo, tanto la familia como los profesionales apelaron distintos aspectos de la resolución.
Los arquitectos argumentaron que la ejecución material de la construcción había estado a cargo de un constructor independiente. No obstante, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata rechazó ese planteo y sostuvo que los profesionales tenían la obligación de supervisar adecuadamente los trabajos.
Una indemnización de más de $78 millones por daños materiales y morales
Al revisar la sentencia, la Cámara elevó la reparación económica a más de 78 millones de pesos. El monto incluyó más de 60 millones por daño emergente, destinados a compensar los perjuicios materiales ocasionados por la construcción defectuosa.
Además, los magistrados reconocieron 18 millones de pesos por daño moral, al considerar la frustración, la angustia y las consecuencias personales que atravesó la familia. También tuvieron en cuenta el endeudamiento que habían asumido para financiar el proyecto y la imposibilidad de utilizar la vivienda.
Qué determinó el fallo sobre la responsabilidad profesional
El tribunal consideró que la responsabilidad de los arquitectos por la dirección ejecutiva de la obra no desaparecía por el hecho de que un constructor independiente realizara las tareas materiales. Las deficiencias acreditadas demostraron que las obligaciones de control y supervisión no se habían cumplido correctamente.
La aseguradora había sostenido que algunos sectores podían conservarse para reducir los costos de reparación, pero la Cámara descartó esa posibilidad sobre la base de las pericias técnicas. Finalmente, dispuso actualizar los valores mediante el Índice del Costo de la Construcción del INDEC, estableció los intereses correspondientes e impuso las costas de la apelación a los condenados y a la compañía de seguros.