Víctor Fayad: “Es positivo tomar deuda en pesos para pagar lo que se debe en dólares”

El Gobierno provincial presentó el Presupuesto 2023, pero uno de los puntos centrales del plan de gestión para el último año de Rodolfo Suárez en el poder no pasará por la Legislatura.

Se trata del roll over, una operatoria que consiste en tomar nuevos créditos para asumir vencimientos de deudas anteriores. El peronismo afirma que esta acción tiene que contar con autorización de dos tercios de la Legislatura, pero el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, confirma en entrevista con Los Andes que para el Ejecutivo eso no es necesario. Es más, anuncia que el proceso administrativo para “rollear” deuda va a arrancar esta semana, sin más demoras.

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Explica además que la Provincia saldrá a endeudarse en pesos para conseguir los 120 millones de dólares que tiene que pagar en 2023 porque el interés de la operación será muy bajo comparado con la inflación y porque hay mucha oferta de dinero en el mercado nacional.

También aclara Fayad cómo se financiarán las obras del Presupuesto y abre una incógnita sobre la última ronda de paritarias salariales con los gremios estatales de este año: “Si los recursos no acompañan, tendremos que priorizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”, afirma.

-¿Cómo se va a afrontar el pago de deudas del año que viene sin pedirle a la Legislatura el roll over?

-La ley de Administración Financiera, que es de 2014, cambió la lógica de cómo se manejaban los pasivos. Antes de esa ley, la mayoría de los presupuestos tenían artículos relacionados a cómo administrar la deuda. Después de esta ley, la forma en que se autorizan estas operaciones cambió, porque la norma empezó a autorizar al Ejecutivo para que realice distintas maniobras de manejo de pasivos. La ley dice que se pueden reestructurar pasivos y eso no requiere autorización, porque el artículo que autoriza de modo permanente a hacerlo tiene los dos tercios (de votos de la Legislatura) que exige la Constitución. Ese artículo (68) pone como condición que existan mejoras. Si hay mejoras en tasa, plazo, moneda, y garantía, se puede hacerlo. La Constitución restringe comprometer nueva deuda, no administrarla. Una cosa es endeudarse más y otra administrar lo que hay. El artículo 68 lo hemos usado infinidad de veces.

-¿Entonces por qué piden todos los años autorización para el roll over?

-Salvo en casos de que haya un acreedor “blando”, como el Banco Nación, los procesos de renegociación con mejora se dan en épocas de crisis. Cuando no hay una crisis de deuda, es más complejo lograr mejoras. La diferencia ahora es que empiezan a tener distinta dinámica el mercado internacional y el nacional. El mercado internacional no existe para la Argentina porque nadie nos quiere prestar un dólar. Pero otra realidad es que sobran pesos en el mercado local, por la política errática nacional. Una provincia como nosotros se puede endeudar a tasas reales cercanas a cero, incluso negativas. Lo que cambió también es que tenemos un vencimiento grande de amortización de deuda. Es positivo para la Provincia tomar deuda en pesos con las tasas que podemos tener y pagar la deuda en dólares ¿En qué cabeza entra que una normativa de administración financiera impida hacer eso cuando uno puede demostrar las mejoras en todos los aspectos?

-¿Por qué la tasa del crédito en pesos es tan baja?

-Porque sobran pesos. El Estado nacional imprime billones de pesos para financiar el déficit. Cada vez que hacemos una emisión los acreedores nos ofrecen cuatro o cinco veces más de lo que salimos a pedir, porque somos un buen crédito y porque necesitan diversificar sus carteras, ya que están llenos de títulos del Gobierno nacional. En la última colocación colocamos casi 5.000 millones de pesos a Badlar más 3% (NdR: alrededor del 73%) que con la inflación proyectada es una tasa real negativa de cuatro puntos.

-¿No es una parte compleja de la operación el acceso al dólar?

-Nunca jamás el Estado nacional negó el acceso a los dólares a las provincias para hacer frente a sus deudas. Ni en el peor momento de la peor crisis. Sí restringió el Banco Central a las empresas privadas, les dijo que refinancien, porque no tenían dólares. En ese contexto, las provincias pudieron seguir comprando dólares y nosotros no hemos tenido ningún inconveniente para acceder. Hemos comprado para pagar vencimientos de deuda, para comprar insumos importados y para hacer giros a proveedores del exterior.

-¿Cuántos dólares hay que adquirir?

-Una cosa son las amortizaciones de la deuda del bono Mendoza 2029, que son 120 millones de dólares (interés más amortizaciones) y otra cosa son las deudas con el BID, que tienen como garantía la coparticipación federal. En ese caso, cambian ellos el dinero a dólares y lo pagan. Con los organismos multilaterales son cerca de 25 millones de dólares todos los años. Lo que va a haber que conseguir para pagar la deuda en dólares va a ser equivalente a una nómina salarial del año que viene. Unos 20 mil millones de pesos.

-Alguna vez también evaluaron adelantar el pago de la deuda.

-Sí, eso lo hicimos en 2018 con el Banco Credit Suisse. Con el diario del lunes, fue una de las mejores decisiones que tomamos porque logramos precancelar antes del salto devaluatorio. Nos ahorramos una buena cantidad de pesos. En aquel momento se podía hacer, pero ahora no, nos dicen en el Banco Central que hay ir por el vencimiento de cada servicio. Algo que choca tanto con la política del Banco Central, que está sin reservas, obviamente que no lo van a dejar hacer. Cada vez que pudimos lo hicimos, pero hoy no pudimos.

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-¿Se va a pedir un dictamen aclaratorio de la Justicia para avanzar con el roll over o el Gobierno va a operar sobre la certeza de que puede hacerlo?

-Nosotros vamos a operar sobre la certeza. Pero la plata no aparece automáticamente en el cajón cuando la oposición levanta la mano. Tenemos que hacer dictámenes fijando la conveniencia y un dictamen legal. Después tiene que pasar por los órganos de control: lo ve el asesor de Gobierno, la Contaduría y el Fiscal de Estado. Recién ahí podemos sacar el decreto, que no es la emisión del título, sino que es la norma que nos permite ir a los otros órganos de control, que son el Ministerio del Interior, el de Economía y el Banco Central. Y una vez que tenemos los papelitos con todos los sellos, hay que ir a pedirle a alguien la plata, que es lo más importante. Si esto no sale blanco sobre blanco, si no es inobjetable, no nos van a prestar la plata, porque el inversor no presta la plata si percibe algún ruido.

-¿Se llega entonces con los plazos que tiene el pago de la deuda?

-Nosotros tenemos el primer vencimiento en marzo y el trámite del roll over lo estamos iniciando esta semana. Estamos con los dictámenes hechos y el expediente iniciado. Desconozco la instancia en la que alguien puede decir que está mal. Podrían opinar de esa forma el asesor de Gobierno y el fiscal de Estado, que tienen intervención legal en el proceso. Pero nosotros estamos convencidos de que lo que estamos haciendo está bien.

-¿O sea que el proceso a nivel provincial arranca esta semana?

-Sí, correcto.

-Si es tan complejo conseguir dólares, ¿cómo van a obtener el financiamiento para obras que plantean?

-Se puede prestar a confusión eso. Nosotros escribimos los pedidos de financiamiento en dólares para referenciarlos en una moneda dura porque los insumos están dolarizados. No es que vamos a tomar financiamiento en dólares, es que hemos puesto una moneda dura para que no se nos licúe la autorización y no pierda poder adquisitivo. Dos de los cuatro proyectos se van a financiar en pesos a través del Fondo Federal de Infraestructura Regional (FFIR): la doble vía (Rivadavia-Junín) y acueducto (Monte Comán-La Horqueta). Los más ambiciosos son para tratar de financiar por los organismos multilaterales, que tienen dólares para prestar, sobre todo para el Plan de Aguas y para el Metrotravía. Los dos son buenos candidatos para los organismos multilaterales. El del Plan de Aguas es una ampliación de un crédito aprobado en 2010 durante el gobierno de Celso Jaque, por 130 millones de dólares, y al día de hoy seguimos tomando financiamiento con ENHOSA en base a esa autorización.

-¿Hay subejecución presupuestaria, como dice el PJ?

-Todavía quedan cuatro meses del año, proyectamos que se va a ejecutar casi la totalidad del presupuesto. Lo importante es gastarse el cien por ciento en el año. No necesariamente las obras son parejitas. Con el ritmo que vamos es posible que se ejecute casi la totalidad, y si se avanza todavía más rápido, se va a ejecutar la totalidad. Afirmamos esto porque durante los últimos dos meses publicados, julio y agosto, se ejecutó más obra pública que en todo el primer semestre. Hay un ritmo muy fuerte. El primer semestre venía un poco más lento de lo esperado porque las licitaciones de principio de año se hizo a mitad de año. Hubo procesos de licitación en meses en los que no había gasoil. Y la semana pasada no había neumáticos.

-¿Cómo afectó a la caja del Estado provincial el proceso de paritarias?

-Nosotros en todas las negociaciones tenemos que tratar de equilibrar. Primero tratar de que los salarios de los agentes estatales no pierdan, o sean sueldos que permitan desarrollarse. Un gobierno es una organización intensiva en mano de obra, y si el recurso humano no funciona, la organización no funciona. Pero por otro lado tenemos la restricción presupuestaria, que cuando uno no lo escucha, comienzan los problemas. Como en 2015, cuando se dio de más y terminaron los sueldos impagos.

-¿Y este año no se dio de más?

-Nosotros no hacemos ofertas imprudentes ni insostenibles. El proceso de negociación fue bastante franco. En marzo habíamos acordado con todos los gremios, y antes de que se cumpliera la fecha de revisión, y producto de los índices de inflación, llamamos y nos sentamos con todos. Nos íbamos a sentar en setiembre y nos sentamos en junio para analizar cómo podíamos palear los efectos de la inflación. Fue una negociación dura porque en un proceso inflacionario como este no es fácil. El impacto en el equilibrio fiscal de la provincia quizás fue un poco más de lo que habíamos esperado, pero resignaremos algunas otras cosas porque es el costo de la inflación. La inflación no nos beneficia, mata a las familias, las empresas, los estados provinciales y municipales. El único que gana con la inflación es el Estado nacional, que es el que emite los billetes. Hay más recaudación, pero: ¿qué cuentan de los gastos?

-¿La Provincia está en condiciones de afrontar otra paritaria antes de fin de año?

-Nosotros tenemos todavía una instancia más. En la medida de que los recursos acompañen, podremos. Si no acompañan los recursos, tendremos que priorizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. No podemos hipotecar el futuro de la provincia por ser imprudentes en una paritaria.

-¿Hasta ahora hubo “resignaciones” por la paritaria? ¿Qué se resignó?

-En algún punto el gasto en personal es el más importante. Yo no quiero cargarle a la paritaria programas que nos han pedido hacer. He tenido que decir que trabajemos con lo que tenemos porque no sé a cuánto va a llegar el costo.

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-¿Cúal será el costo fiscal de las disminuciones de impuestos prevista para el año que viene?

-En Ingresos Brutos, está en el orden de los 7.600 millones de pesos. La gran mayoría está concentrado en micro empresas que facturarán menos de 35 millones de pesos. Las alícuotas disminuyen entre la mitad y un cuarto. Ahí está mayormente concentrado el costo fiscal. Hemos hecho una medida que ataca de manera horizontal a todas las actividades y otra que impacta a las actividades intermedias, sin importar el tamaño de la empresa, en industria, transporte y construcción. El objetivo es descomprimir los impuestos sobre impuestos en Ingresos Brutos que hacen una bola de nieve. El agro tiene tasa cero y todas las actividades intermedias se benefician de la baja de impuestos desde 2017. Hay que corregir las alícuotas en las etapas intermedias.

-¿Y el impacto del tope de impuestos patrimoniales cuál será?

-No los hemos calculado porque depende de cuánto varíen los valores de los autos. Si el auto aumenta 200% es muy difícil cobrar el impuesto. Por eso los hemos topeado al 60%. Es decir que, en la gran mayoría de los casos, salvo autos y casas más caras, ningún contribuyente va a recibir un impuesto de más del 60% respecto de este año. Y ya a setiembre hay 79% de inflación interanual.

-Usted apostaba a aplicar la inflación real de 2022 en los avalúos.

-Sí, desde Hacienda siempre queremos ser más agresivos, en el buen sentido. Terminó siendo una solución de compromiso. En el Inmobiliario, el 93% está topeado al 60%.

-La gente no termina de entender que no le aumentaron el impuesto, cuando tiene que pagar más.

-No, sí termina de entender. En un país con el 60% de inflación, el que se queja se hace el boludo. Algo que aumenta 60%, en realidad no aumentó. El impuesto no aumenta, se adecúa a la realidad. No hay que tratar al contribuyente como un niño malcriado. Además, los impuestos patrimoniales deberían estar financiando al Estado mucho más que otros impuestos, porque son progresivos y no tienen distorsión. Pero también es cierto que en una crisis, no por tener un auto y una casa, se tiene la capacidad para pagar los impuestos. Hay que ser coherente. Aquí las cosas que no aumentaron más de 79% no aumentaron. Además, si uno se pasa de rosca, sube la morosidad. Hay autos de clase media y baja que han aumentado más de 100 por ciento. Si a una persona se le aumenta el impuesto lo que aumentó el auto, la gente puede decir que no le aumentaron lo mismo las ganancias. Los asalariados privados registrados están empatando o perdiendo con la inflación. Esto fue un pedido expreso del gobernador, que nos dijo que la gente y las empresas la están pasando mal y nos dijo que tuviéramos en cuenta el contexto. El 73% del parque móvil está debajo de 2,5 millones de pesos y tiene el tope de 60%. Además el impuesto automotor es el que usan las municipalidades para mantener las calles.

-¿Qué va a hacer el Gobierno con el Fondo Anticíclico?

-El Fondo Anticíclico ha perdido sentido. Hace 14 años que se suspende. Algo anda mal con eso. Suponiendo que ese artículo de suspensión no hubiera existido, lo deberíamos haber constituido todos los años, menos 2014 y 2020. Si la ley la hubiera escrito un verdulero en lugar de un legislador, tendría más lógica, porque hubiera dicho: “Cuando sobra se ahorra, cuando falta se saca”. Pero se escribió que si los recursos superan lo presupuestado, el 50% va al anticíclico. El legislador nunca se imaginó una economía tan inflacionaria ni que el Gobierno nacional recurrentemente iba a mentir con la inflación. La redacción no contempla esa mentira. Hace 15 presupuestos que recaudamos más de lo presupuestado. Y no es porque la economía esté floreciente. Si no por mentir con la inflación. Hay que agarrar una maraña de normas y hacer un texto ordenado. Hay que redefinir el fondo anticíclico, que es muy importante, considerando la inflación.

-¿Por eso se colocó una generalidad en el Presupuesto 2023?

-Claro, porque nosotros no queremos que se suspenda por suspender. Hay que suspender y mandarnos a hacer algo que tenga sentido. Si nosotros hubiéramos tenido el texto que vamos a proponer, no hubiéramos tenido que parar obras durante la pandemia, porque hubiéramos tenido el Fondo Anticíclico. El plan de obra pública, que era del 10%, terminó siendo del 4%, porque pusimos el freno de mano. Chile, que es un relojito, tiene fondo anticíclico ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros que somos un electrocardiograma? Hay formas de hacerlo, tomando la inflación real. Tenemos escritas dos o tres alternativas. Pero no nos gusta anunciar lo que estamos haciendo. Cuando tenemos algo que mostrar, lo mostramos cuando está hecho. Pero tenemos que tener un fondo anticíclico ¿Nos agarra otro 2020 y qué hacemos?