El Senado dio media sanción a la redistribución de los ATN y del impuesto a los combustibles, sin acompañamiento del oficialismo mendocino. Los motivos.
Tras el escándalo en el Senado, la UCR busca negociar con Milei la ley que aumenta los fondos a las provincias
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La UCR buscará negociar con el Gobierno nacional los proyectos que redistribuyen los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles entre las provincias. La movida se da tras el escándalo ocurrido en la sesión de este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación, donde ambas iniciativas obtuvieron media sanción, pero sin el acompañamiento de los legisladores de Cambia Mendoza.
Aunque suene contradictorio, la senadora radical Mariana Juri se ausentó al momento de la votación. Por su parte, el exgobernador Rodolfo Suarez no participó de la sesión ya que se encuentra de vacaciones sin goce de haberes.
Juri explicó que su decisión tuvo que ver con que los proyectos fueron tratados sobre tablas por pedido de Unión por la Patria, es decir, sin haber pasado previamente por comisiones. Ante un pedido explícito de los gobernadores de Juntos por el Cambio de no acompañar iniciativas sin dictamen, la senadora optó por no votar.
“No podemos seguir normalizando cosas que no son reglamentarias ni buenas para el país. Si no, parece que venimos a este recinto a ver quién le gana a quién. Y así vamos a terminar en una sesión judicializada”, advirtió Juri, justificando su negativa a debatir sin el tratamiento previo correspondiente.
La senadora insistió en que los proyectos debían pasar por comisiones: “¿A ustedes les parece que este Senado puede tratar sobre tablas y sin revisión previa proyectos de esta envergadura? No: deben ir a comisiones legalmente constituidas. Debemos volver a la normalidad, porque si no, los argentinos no van a encontrar una sola solución”.
A pesar de su ausencia, los proyectos fueron aprobados con 56 votos a favor y uno en contra. Además de Juri, también se ausentaron los radicales Maximiliano Abad, Stella Maris Olalla y Víctor Zimmermann, así como todo el bloque de La Libertad Avanza.
Lo llamativo del caso es que ambas propuestas fueron consensuadas y firmadas por todos los gobernadores del país, en el marco de un acuerdo alcanzado tras una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Ante la negativa del oficialismo a avanzar con los proyectos por otras vías, los mandatarios decidieron impulsarlos desde el Congreso. Este medio intentó consultar a Juri sobre el cambio de postura a último momento. Desde su entorno aseguraron que la legisladora “no cambió de parecer y apoya” ambas iniciativas.
“La idea original era que se trataran en comisiones, sobre todo en Hacienda, y que la semana que viene llegaran al recinto. Pero a último momento el kirchnerismo decidió incluir también las jubilaciones y la extensión de la moratoria. No se podía acompañar algo así”, explicaron cercanos a Juri.
En el radicalismo sostienen que los proyectos impulsados por los gobernadores deben ser discutidos previamente con el Poder Ejecutivo nacional, y que eso se logra a través del trabajo en comisiones.
“Estamos hablando de eliminación de fideicomisos, de fondos que la Nación administra y que vendrían a las provincias. Son proyectos muy grandes y serios. Si no hablás con el Gobierno o no los revisás en comisiones, es un camino seguro al veto”, señalaron desde la UCR local.
La referencia al veto no es casual: el propio presidente Javier Milei advirtió esta semana, durante el acto por el 171° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires: “Todos saben lo que voy a hacer: vamos a vetar. Si se diera la circunstancia de que el veto se cae, lo vamos a judicializar”.
Los proyectos ahora pasaron a la Cámara de Diputados. Consultado por Los Andes, el diputado radical Lisandro Nieri respondió escuetamente: “Aún no lo hemos tratado”. Desde Casa de Gobierno se mostraron cautos y afirmaron que “todavía falta bastante, es muy reciente”.
La propuesta sobre el impuesto a los combustibles plantea una nueva distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 52,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.
A su vez, establece que los fondos provinciales se repartan en un 25% en partes iguales entre jurisdicciones y el 75% según los índices de coparticipación.
También, elimina varios fondos fiduciarios, como el de Infraestructura de Transporte, el del Sistema Vial Integrado, el Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda.