20 de septiembre de 2026 - 09:36

Tensión en el Gobierno por el Presupuesto 2027: quiénes no conocían el recorte en discapacidad

El capítulo sobre discapacidad tomó por sorpresa a varios integrantes del oficialismo y reavivó las críticas sobre el funcionamiento de la mesa política que define la estrategia legislativa.

El Presupuesto 2027 tiene los cables en cortocircuito dentro del Gobierno: varios de sus principales referentes desconocen el contenido del capítulo sobre discapacidad incluido en el proyecto. La situación expuso “problemas de coordinación en la mesa política”, encargada de ordenar la agenda legislativa.

El fuerte ajuste en materia de discapacidad, desconocido por ciertos libertarios, expuso el funcionamiento interno y abrió un debate sobre el verdadero alcance de esta instancia de discusión.

Bullrich y Menem, los principales “desconocedores”

Patricia Bullrich fue la primera en expresar públicamente su malestar y reclamó que los temas sensibles sean discutidos antes de llegar al Congreso. La senadora sostuvo que la falta de debate previo puede generar costos políticos para el Gobierno.

“Quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos, y la gente qué va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible”, sentenció en declaraciones televisivas.

No obstante, Bullrich no fue la única integrante que desconocía el contenido del proyecto que se envió en horas de la noche del pasado martes. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco estaba al tanto de los detalles y, mucho menos, de la inclusión del recorte en discapacidad.

Según supo Noticias Argentinas, el riojano incluso llegó a mencionar durante la reunión de la mesa del último martes algunos pormenores del proyecto “superador” en el que trabaja el oficialismo para hacer frente a los reclamos de la oposición y de los aliados.

Por su parte, si bien el Presupuesto 2027 fue parte del temario, se abordó de manera general. “Toto dio solo los lineamientos generales. No se habló de nada más”, precisó uno de los integrantes del reducido círculo.

¿Quién tiene la culpa?

Luego del traspié, que despertó el malestar de varios aliados que creían que el Gobierno tenía intenciones de avanzar nuevamente con los recortes a las prestaciones en discapacidad, el oficialismo comenzó a repartir responsabilidades.

Hay quienes adjudican el error a la dinámica propia de la mesa, que no logró supervisar ni detectar los puntos más complejos del extenso proyecto que se envió en horas de la noche.

“Es un problema en términos de equipo. Si ninguno de los ocho de la mesa se dio cuenta es un problema. Es responsabilidad de todos”, sostuvo una fuente violeta.

Otros señalan al ministro de Economía, Luis Caputo, y al asesor presidencial Santiago Caputo, a quien dentro del Gobierno le atribuyen el manejo de la estrategia comunicacional.

Al ministro porque estaba al tanto de cada detalle y no profundizó en la línea que los referentes legislativos debían adoptar para hacer frente a los cuestionamientos, y al asesor por querer mostrar “la faceta más talibana” de la administración ante el presidente Javier Milei.

Milei no da el brazo a torcer con el programa

Es que quienes frecuentan al mandatario en el último tiempo sostienen que rechaza toda sugerencia de abandonar el rumbo del programa económico fijado. “Si de frente tiene una pared, Javier está dispuesto a avanzar”, se sinceró una fuente de diálogo fluido.

No es la primera vez que la mesa política deja fuera de la discusión un tema complejo. También ocurrió con la reforma laboral, cuando la versión enviada al Congreso incluyó las licencias por enfermedad, contempladas en el artículo 44 del proyecto.

“Volvemos a repetir los mismos errores que el año pasado, con un tema que es completamente sensible. Instalamos que somos un gobierno cruel al pedo. Bessent debe creer que somos unos estúpidos”, sostuvo una voz del oficialismo.

El episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la mesa política y su capacidad para anticipar los conflictos que pueden surgir durante el tratamiento legislativo que incluye una vasta agenda de iniciativas para las que necesitarán a los gobernadores y partidos aliados.

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