Un estudio de la consultora Sociolítica reveló que en Godoy Cruz el principal reclamo de los vecinos son problemáticas que exceden al municipio. Esto se replica al resto de los departamentos.
Varios intendentes de Mendoza y los ministros Natalio Mema y Víctor Fayad. | Foto: Gobierno de Mendoza
Foto:
A mediados de julio, la consultora Sociolítica realizó un estudio en Godoy Cruz que reveló una tendencia llamativa: las principales demandas de los vecinos están relacionadas con temas que exceden la jurisdicción municipal. Sin embargo, este fenómeno no se limita al departamento que conduce Diego Costarelli, sino que se replica en el resto de las comunas.
En un contexto donde el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, impulsa una política de ajuste que implica delegar competencias a las provincias en nombre del “equilibrio fiscal”, los municipios parecen absorber indirectamente nuevas responsabilidades.
Según el relevamiento de Sociolítica, el 69,3% de los encuestados expresó un alto nivel de satisfacción con la gestión de Costarelli. Este respaldo se asocia principalmente a la eficiencia en los servicios cotidianos: higiene, limpieza, poda, recolección de residuos y mantenimiento de espacios verdes.
No obstante, cuando se consultó por las principales problemáticas del departamento, el 40,2% mencionó la inseguridad, el 24,5% la falta de empleo y el 13,8% la falta de vivienda.
Un dato significativo es que el 92% de los vecinos manifestó que espera que el municipio y su intendente se involucren en la problemática de la seguridad, aunque reconocen que no es una responsabilidad exclusiva de la administración local. En contraste, cuestiones como obras públicas (5%) y la mejora de servicios básicos (4,8%) ocuparon un lugar marginal entre las preocupaciones.
“Esa demanda yo la califico como parte de la nueva agenda que se nos viene imponiendo a algunos intendentes. Para que la gente avance hacia esa nueva agenda, primero tiene que estar resuelta la vieja agenda de alumbrado, barrido y limpieza”, explicó Costarelli a Los Andes.
Respaldado por un nivel de aprobación que alcanza a siete de cada diez vecinos, el intendente radical recogió el guante ante el principal reclamo de los godoycruceños y aseguró que el municipio ya tomó medidas concretas en materia de seguridad.
“En Godoy Cruz hemos dado un paso más con un programa que se llama Godoy Cruz + Policía. Es un convenio que firmamos con el Gobierno provincial: nosotros compramos los autos, y junto con la Provincia los equipamos y administramos el recurso humano”, detalló.
El programa, que encabeza el municipio en articulación con el Ministerio de Seguridad y Justicia, contempla la incorporación de 20 policías retirados, a quienes la Provincia les paga media jornada laboral, mientras que el resto del salario corre por cuenta de la comuna.
La inversión municipal incluye 10 móviles policiales, además de equipos de videovigilancia, un centro de monitoreo, cámaras de seguridad y alarmas comunitarias. En lo que va del año, el municipio ya destinó más de 150 millones de pesos a esta política.
“Es la apuesta fuerte que hemos hecho y seguimos haciendo en materia de colaboración con el Ministerio de Seguridad, para lograr una mejor prestación del servicio. En lo que va del año, hemos detenido a unas 70 personas que estaban robando o cometiendo delitos en el departamento”, concluyó Costarelli.
Ante este escenario de nuevas demandas que planteó Sociólitica de los vecinos a los municipios, Los Andes dialogó con diferentes intendentes para saber cómo es la realidad de sus respectivos departamentos.
En un contexto de crisis económica y creciente demanda social, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, describió que los municipios de Mendoza afrontan una sobrecarga de responsabilidades que muchas veces excede sus competencias legales. Esto a raíz de la falta de respuesta del Estado provincial o nacional, los vecinos recurren directamente a los gobiernos locales en busca de soluciones.
“Sostenemos con recursos municipales muchos centros de salud: infraestructura, ambulancias, personal médico, especialistas, insumos y medicamentos”, afirmó. Lo mismo ocurre con jardines maternales, centros de apoyo escolar y mantenimiento de escuelas, a pesar de que estas últimas son competencia de la Provincia.
Déstefanis advirtió que no se trata solo de discutir una reforma constitucional para reconocer la autonomía municipal, sino también de avanzar en cambios profundos en la ley de coparticipación. “Hay que aumentar la masa primaria que se reparte y rever los criterios de distribución”, propuso.
Además, señaló que demandas estructurales como la generación de empleo y el acceso a la vivienda se han intensificado. “El municipio no cuenta con todas las herramientas para diversificar la matriz productiva ni para atraer inversiones. Podemos hacer nuestra parte, pero necesitamos una visión más amplia desde el Gobierno provincial”, agregó.
En el departamento de Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino señaló que el municipio enfrenta una “combinación de nuevas demandas propias de zonas metropolitanas, y el resurgir de viejas necesidades insatisfechas”.
Allasino explicó que vecinos y emprendedores de zonas agrícolas reclaman por el mal estado de calles, falta de iluminación o fallas en el sistema de riego, aunque se trate de servicios que dependen directamente de la provincia. “Sin embargo, esa familia le reclama directamente al intendente”, remarcó.
Entre los pedidos emergentes, mencionó la creciente preocupación por la seguridad, la necesidad de más servicios educativos, culturales y recreativos, y el desarrollo de políticas públicas vinculadas al cuidado animal.
“Nos ha llamado mucho la atención como un montón de familias asumen a sus mascotas como miembros de la misma y solicitan la presencia de más servicios para las mascotas, castraciones o vacunaciones”, aseguró el intendente del PRO.
Desde el sur provincial, el intendente de Malargüe, Celso Jaque, describió los desafíos de gestionar un territorio extenso con múltiples carencias estructurales. “Una de nuestras principales demandas es el mantenimiento de rutas nacionales, provinciales y caminos ganaderos”, dijo. Y aunque el municipio intenta dar respuesta dentro de sus posibilidades, reconoció un “gran déficit en el estado de esas vías de comunicación”.
También advirtió sobre las limitaciones del sistema de salud, que obliga al traslado de pacientes a otras ciudades por la falta de especialidades médicas en el hospital local. La seguridad es otro eje crítico: “Hay zonas sin presencia policial, destacamentos cerrados y escasez de agentes”, detalló. Como respuesta, el municipio está construyendo un centro de monitoreo inteligente que articulará con el Gobierno provincial.
El transporte, especialmente en zonas rurales, sigue siendo un reclamo persistente. “Ante estos problemas, el vecino no se pregunta de quién es la competencia. Se dirige al municipio, porque es lo más cercano”, subrayó Jaque.
La discusión sobre la autonomía de los municipios volvió a instalarse en la agenda pública mendocina. En medio de nuevas demandas sociales y la ampliación de funciones que asumen los gobiernos locales, distintas voces políticas comenzaron a manifestarse nuevamente sobre la necesidad de avanzar con reformas institucionales que doten a los municipios de mayor independencia.
En este contexto, el presidente del Partido Justicialista de Mendoza y exintendente de San Rafael, Emir Félix, adelantó que los municipios peronistas que decidieron desdoblar sus elecciones legislativas para el 22 de febrero de 2026 aprovecharán esa instancia para plebiscitar el tema.
Por el momento, San Rafael y Santa Rosa ya confirmaron que convocarán a convencionales constituyentes para reformar sus respectivas Cartas Orgánicas. Malargüe, que ya cuenta con autonomía, no forma parte del proceso.
Desde el oficialismo provincial, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, cuestionó el impulso opositor hacia la autonomía y lo consideró una estrategia política.
“No se necesita tener autonomías municipales para resolverle los problemas a la gente. Lo que se necesita es escuchar y adaptar el Estado a las nuevas demandas: un Estado más ágil, más chico y más eficiente”, expresó.
Además, Costarelli criticó lo que consideró contradicciones por parte de la gestión de los Félix en San Rafael. “Félix dice que quiere ser autónomo, pero no quiere recaudar impuestos. Dice que quiere ser autónomo, pero le recibe la plata de la provincia. Seguridad no, gasoducto sí. Es una forma de llamar la atención para que alguien los mire en este proceso eleccionario”, apuntó.
Desde el peronismo, Destéfanis, defendió la iniciativa y respondió a las declaraciones del jefe comunal de Godoy Cruz. “Esa es una respuesta fácil para evitar el debate. Todo depende de la gestión, sí, pero no es lo mismo gobernar Santa Rosa, con 8.500 km² y 19.000 habitantes dispersos, que hacerlo en una ciudad como Capital, con 50 km²”, dijo.
También destacó el rol de los intendentes del interior: “Cada vez asumimos más responsabilidades, especialmente quienes estamos alejados del Gran Mendoza, porque somos el primer mostrador para el ciudadano”.
Por su parte, Esteban Allasino, también se manifestó a favor de avanzar con autonomía municipal.
“La autonomía significa hacernos cargo de los problemas y de la recaudación. Probablemente, el vecino seguirá pagando los mismos impuestos, pero con una asignación real y directa en su barrio”, explicó. A su vez, pidió evitar las disputas políticas: “Esto no es para chicanear. Hay que ser profesionales y metódicos”.
Mientras que Celso Jaque, cuyo departamento ya goza de autonomía, recordó que el mandato constitucional es claro.
“No se trata de discutir si corresponde o no. La Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal. Nuestra responsabilidad es hacerla efectiva”, subrayó. Y finalizó: “A quien opine que solo se trata de gestionar mejor, lo invitaría a ser intendente de Malargüe durante 48 horas y después debatimos”.