Cambia Mendoza consiguió la media sanción del proyecto de ley que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, adecuado a la normativa nacional. La oposición optó por abstenerse.
El Senado aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza y ahora pasará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
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Prensa Senado
El Senado provincial dio sanción inicial al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil para Mendoza, en el marco de la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional de responsabilidad penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
El proyecto se aprobó por 25 votos afirmativos y 10 abstenciones de los senadores de Encuentro Mendocino, Fuerza Patria y Partido Verde. De este modo la mayor parte de la oposición se abstuvo, mientras que Armando Magistretti (PD) y Martín Rostand (PRO) votaron a favor con Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.
El proyecto ahora pasará a la Cámara de Diputados, donde deberá ser tratado para obtener la sanción definitiva.
La iniciativa incorpora un nuevo Código Procesal Penal Juvenil y mantiene como ejes la especialización del sistema, la celeridad de los procesos, las garantías para los adolescentes y el control judicial de las medidas que se adopten.
También establece que la privación de libertad debe ser utilizada como último recurso y prioriza alternativas orientadas a la responsabilidad, la reparación y la reintegración.
El proyecto llegó con despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), donde la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó las modificaciones introducidas con aportes de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Defensa y el Colegio de Abogados.
Durante el debate en el recinto, el senador Walther Marcolini, presidente de la Comisión de LAC y miembro informante del proyecto, destacó el trabajo realizado durante el tratamiento y la participación de los distintos bloques y organismos vinculados con la temática.
Marcolini sostuvo que el despacho recoge las observaciones realizadas durante el proceso y valoró que se haya alcanzado “un trabajo de construcción de política pública que se transforme verdaderamente en una política de Estado”.
El legislador explicó además que el nuevo Código Procesal Penal Juvenil no crea un sistema desde cero, sino que ordena y fortalece la estructura especializada con la que Mendoza ya cuenta y la adapta al nuevo régimen nacional.
“Mendoza fue de las provincias pioneras en este país en organizar un fuero penal juvenil especializado”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que contar con una legislación provincial específica permite evitar que las decisiones queden libradas al criterio de cada juzgado o fiscal y aporta “seguridad jurídica tanto a los adolescentes como a la sociedad”.
Desde el interbloque Encuentro Mendocino cuestionaron algunos aspectos de la iniciativa, aunque aclararon que no existe una discusión sobre la necesidad de adaptar la legislación provincial al nuevo régimen nacional.
La senadora Adriana Cano, jefa del bloque PJ, sostuvo que el debate no pasa por negar los delitos cometidos por adolescentes, sino por discutir cómo el Estado aborda esa problemática.
En ese sentido, afirmó que “cuando el Código Penal llega rápido es porque el Estado fracasó” y cuestionó el achicamiento de organismos vinculados a la protección integral de niños y adolescentes.
Por su parte, el senador Ariel Pringles (La Unión Mendocina) advirtió sobre el riesgo de “confundir que endurecer un sistema es hacerlo más eficaz”. Planteó que un régimen juvenil debe garantizar una respuesta rápida y proporcional, pero también herramientas de protección y reinserción.
Además, remarcó la necesidad de reforzar el control judicial, debido a la situación de vulnerabilidad de los adolescentes frente al proceso penal. También planteó interrogantes sobre los plazos de detención, el rol de los supervisores especializados y la instancia de cesura.
Finalmente, el bloque de Encuentro Mendocino optó por abstenerse. Pringles sostuvo que “la mano dura está en la ley de fondo” y consideró que el Código Procesal no debería profundizar el castigo, sino reforzar las garantías y las herramientas de reinserción.
El proyecto establece un nuevo marco procesal para los adolescentes de 14 años en adelante que sean acusados de cometer delitos. Entre los principales cambios se encuentran:
El proyecto también elimina la colocación de dispositivos electrónicos como condición para acceder a una condena en suspenso.
