Una comisión del Senado le dio despacho al proyecto del Gobierno provincial, pero con cambios. El Ejecutivo reconoció que se trata de una "propuesta superadora".
Los ministros Tadeo García Zalazar (Educación) y Mercedes Rus (Seguridad y Justicia), y el subsecretario de Justicia Juan Carlos Jaliff, participaron del debate en el Senado.
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Con cambios en muchos aspectos, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado provincial dio este jueves despacho favorable al proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo para establecer un nuevo régimen penal juvenil.
La iniciativa, que ahora está en condiciones de ser votada por la Cámara Alta, adecua el sistema provincial al nuevo régimen nacional. La norma que bajó la edad de imputabilidad de los menores a los 14 años comenzó a regir en el país el 5 de setiembre pasado.
Entre las modificaciones se establecieron plazos para la investigación penal preparatoria. Para los adolescentes, tendrá una duración máxima de 12 meses, incluidas todas sus prórrogas, mientras que la prisión preventiva podrá extenderse hasta 18 meses.
También se fijaron plazos más breves para la imputación. Una vez que un adolescente sea puesto a disposición del fiscal, deberá ser imputado dentro de las primeras 12 horas, con posibilidad de una prórroga de otras 12 horas en casos complejos.
Los cambios se incorporaron luego de que jueces especializados los sugirieran en el mismo ámbito legislativo. "Observo que el proyecto no menciona específicamente el plazo de la imputación. Considero que, al contar con un código especializado, establecer taxativamente ese plazo sería de gran beneficio", había señalado al respecto el juez penal de Menores Fernando Scotta.
Otra de las exposiciones estuvo a cargo de María del Carmen Camiletti, jueza del Tribunal Penal de Menores, quien sostuvo que al proyecto le faltaban algunas precisiones en cuanto a la competencia de los jueces y la implementación del procedimiento de flagrancia.
La Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio de Abogados también sumaron aportes.
La reunión en la que recibió despacho la iniciativa oficial contó con la participación de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; el ministro de Educación, Infancia y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar; el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff; y legisladores de las dos cámaras.
Rus remarcó que la mayoría de las propuestas consideradas razonables fueron incluidas en el proyecto. Sobre los plazos de la investigación penal y la imputación, la ministra remarcó que son más acotados que los previstos para adultos y responden a la necesidad de garantizar mayor celeridad en los procesos que involucran a adolescentes.
El proyecto también establece expresamente que en el caso de un adolescente privado de su libertad, su defensa o el propio joven podrán solicitar en cualquier momento que un juez penal de menores controle esa medida.
En la misma línea, se aclaró que cuando una investigación involucre conjuntamente a mayores y menores de edad, el fiscal de instrucción ordinario no podrá adoptar medidas de coerción sobre los adolescentes. En esos casos deberá intervenir el fiscal penal de menores, que será quien tome las decisiones vinculadas con la libertad del joven.
Otra de las modificaciones fija un plazo de hasta tres horas para que el fiscal determine el destino de un adolescente una vez que es aprehendido y puesto a disposición del sistema. En el proyecto original, el plazo era de sólo dos horas.
Durante el período de tres horas, deberá evaluarse si existen familiares o referentes responsables que permitan su reintegro al ámbito familiar o si corresponde su traslado a la Unidad de Protección de Adolescentes (UPANA).
El proyecto contempla además un cuerpo de mediadores destinado a intervenir durante la investigación penal preparatoria. Luego de las propuestas recibidas durante el tratamiento legislativo, se estableció que este cuerpo funcionará dentro de la órbita de la Suprema Corte de Justicia.
La incorporación de mecanismos de mediación y de otras alternativas a la privación de la libertad responde a uno de los principios centrales del nuevo régimen: que la prisión sea utilizada como último recurso.
Uno de los aspectos destacados durante la reunión fue la regulación del juicio abreviado. El proyecto permite su aplicación a adolescentes, tanto a pedido del Ministerio Público Fiscal como de la defensa, pero establece condiciones específicas y un control jurisdiccional reforzado.
La norma dispone que el juicio abreviado tendrá carácter excepcional y que el juez deberá valorar especialmente la edad del adolescente, su grado de madurez y desarrollo, sus condiciones personales y su capacidad concreta para comprender el alcance jurídico y las consecuencias del acuerdo.
En los procedimientos de flagrancia, el acuerdo no podrá resolverse en la primera audiencia. Además, cuando existan coimputados mayores de edad, deberá descartarse cualquier situación de presión, temor, subordinación o aprovechamiento derivada de la diferencia de edad o posición entre los involucrados.
A diferencia del régimen general de adultos, el acuerdo alcanzado entre fiscalía y defensa no será vinculante para el juez, quien podrá rechazarlo de manera fundada cuando se configure alguna de las causales previstas en el proyecto.
Respecto de la ejecución, el proyecto regula específicamente qué ocurre ante el incumplimiento de las penas alternativas. Rus explicó que esta previsión resulta necesaria porque el régimen juvenil contempla sanciones que no existen como tales en el Código Penal para adultos, como la amonestación o determinadas restricciones de conducta. De esta manera, la iniciativa busca que las consecuencias ante un eventual incumplimiento queden expresamente establecidas y no dependan de interpretaciones posteriores de los tribunales.
Durante su intervención, García Zalazar destacó los aportes de la Corte, el Ministerio Público Fiscal, legisladores y el Colegio de Abogados. Afirmó además que el proyecto representa una propuesta superadora respecto del texto analizado inicialmente.
A su turno, el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, destacó que las modificaciones no solo recogieron los planteos formulados por organismos e instituciones, sino también las observaciones realizadas por jueces de primera instancia y camaristas durante las distintas instancias de debate.
