El Senado convirtió en ley un proyecto para acelerar los mecanismos de recuperación y desalojo de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuando existen incumplimientos por parte de los beneficiarios.
El Senado le dio sanción definitiva al proyecto que propuso el IPV para reasignar las casas cuando hay incumplimientos. Hubo críticas de la oposición.
La ley sancionada permite acelerar el desalojo de casas del IPV.
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El Senado convirtió en ley un proyecto para acelerar los mecanismos de recuperación y desalojo de viviendas sociales adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuando existen incumplimientos por parte de los beneficiarios.
La propuesta afectará a inmuebles que ya cuentan con una desadjudicación firme y reasignarlos a otras familias. Los procedimientos suelen resultar extensos y complejos, habían fundamentado funcionarios del IPV en comisiones.
Para abordar esta problemática, la nueva ley introduce modificaciones a la Ley Nº 4203, habilitando al IPV a promover juicios de desalojo una vez que la desadjudicación se encuentre firme. También incorpora cambios en la Ley Nº 9001 y en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario con el fin de agilizar los procedimientos de recupero de inmuebles y establecer la competencia de la Justicia de Paz Letrada para intervenir en estos trámites.
Las principales causas que pueden derivar en una desadjudicación son la mora en el pago de las cuotas y la ocupación irregular de la vivienda. En este último caso, en comisiones se aclaró que el alquiler de una unidad habitacional puede ser autorizado por el IPV cuando existan motivos debidamente justificados, como cambios laborales, razones de salud, situaciones de seguridad o modificaciones en la composición del grupo familiar.
Respecto de la mora, el proceso comienza cuando el adjudicatario acumula tres cuotas impagas, consecutivas o alternadas. Sin embargo, desde el IPV remarcaron que antes de llegar a una desadjudicación se implementan distintas instancias para regularizar la situación de las familias.
Entre las medidas disponibles se encuentran la adecuación de las cuotas a los ingresos reales del grupo familiar, planes de pago, períodos de gracia, pagos a cuenta y mecanismos especiales destinados a personas sin ingresos registrados. Además, se realizan notificaciones, llamados telefónicos, visitas sociales y otras acciones de acompañamiento con el objetivo de preservar la permanencia de las familias en sus hogares.
Los funcionarios también señalaron que los procesos de desadjudicación no son inmediatos y que, considerando todas las etapas administrativas y las oportunidades de regularización, pueden extenderse entre 12 y 15 meses.
La fundamentación de la ley sancionada destaca que el IPV es el organismo encargado de ejecutar la política habitacional de la provincia, basada en el principio de función social de la propiedad. En ese sentido, sostiene que las viviendas construidas o financiadas por el Estado deben cumplir efectivamente su finalidad de brindar una solución habitacional a sectores que no pueden acceder al mercado formal.
Asimismo, el texto remarca que el sistema de vivienda social se sustenta en obligaciones recíprocas entre el Estado y los adjudicatarios. Mientras el primero facilita el acceso al hábitat, los beneficiarios asumen el compromiso de habitar los inmuebles y cumplir con el pago de las cuotas.
El incumplimiento de estas condiciones, advierte la iniciativa, afecta la sostenibilidad del sistema y perjudica a quienes continúan esperando una vivienda.
El Interbloque opositor Encuentro Mendocino cuestionó el proyecto. “Estamos todos de acuerdo en que una vivienda debe recuperarse cuando fue alquilada, abandonada o utilizada indebidamente. Lo que no estamos discutiendo es cuándo una vivienda fue mal adjudicada", expresó el senador justicialista Mauricio Sat.
Sat recordó que presentó una iniciativa para impedir que funcionarios públicos, familiares directos y socios comerciales accedan a viviendas sociales, proyecto que continúa sin tratamiento legislativo. “La transparencia no empieza con la desadjudicación. La transparencia empieza con la adjudicación. Si queremos recuperar la confianza de la gente, tenemos que garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan y no a quienes tienen vínculos con el poder”, afirmó.
Por su parte, el senador Ariel Pringles advirtió sobre las consecuencias jurídicas que podría generar la norma y presentó observaciones técnicas. “Lo que estamos haciendo es habilitar que una familia pueda ser desalojada de una vivienda, aún cuando la discusión sobre esa desadjudicación siga abierta en sede administrativa o judicial”, alertó.
“Si posteriormente la Justicia o la propia administración determinan que la decisión fue incorrecta, el daño ya estará hecho porque la familia habrá sido expulsada de su hogar”, sostuvo.