El juez Raúl Horacio Ojeda afirmó que hay “principios del derecho de trabajo” que se están siendo afectados. El Gobierno adelantó que apelará el fallo.
Raúl Horacio Ojeda, el juez que dictó la cautelar de la Reforma Laboral.
Foto:
El juez que ordenó frenar parte de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional defendió su decisión y aseguró que existen fundamentos jurídicos que justifican la medida. Según explicó, la suspensión apunta a resguardar derechos que podrían estar siendo vulnerados por la nueva normativa.
La resolución alcanza a 82 artículos de la ley y, de acuerdo con el magistrado, se trata de una decisión preventiva mientras se analizan en profundidad sus implicancias. Además, remarcó que se trata de una herramienta excepcional dentro del ámbito judicial.
“Hay principios del derecho de trabajo, principios de protección, principios de regresividad que denotan que en una primera mirada se están vulnerando”, dijo Raúl Horacio Ojeda en diálogo con Radio Rivadavia. También aclaró que no son 83 los artículos objetados, sino 82.
Por otro lado, aclaró el alcance de la medida: “Es una medida cautelar y como tanto es una medida provisoria. Las medidas cautelares tienen la característica de que pueden ser revocadas o revisadas cuando aparezcan nuevos elementos que aporten certeza”.
“Son medidas extraordinarias, no son medidas cotidianas ni que se puedan dictar en cualquier situación. Hay que tomarlas con mucho cuidado, con mucha precaución”, explicó.
Ojeda indicó que es una situación “extraordinaria”. “No hemos tenido leyes que crean situaciones extraordinarias como esta. Por ejemplo, la CGT no presentó amparo contra la Ley Bases, que también tenía regulaciones polémicas”, resaltó.
“Esta ley es inédita, es muy extensa, abarca a muchos individuos; abarca a todos los sindicatos, abarca a todos los convenios colectivos”, remató.
el Gobierno nacional salió a ratificar su postura y anticipó que buscará revertir la medida del juez Raúl Horacio Ojeda. Desde el oficialismo aseguran que trabajarán para que la ley se aplique en su totalidad.
El revés se produjo tras una cautelar dictada por la Justicia laboral, que suspendió gran parte de la ley a partir de un pedido de la CGT. Frente a ese escenario, la administración nacional definió avanzar con una estrategia jurídica para recuperar la plena vigencia de la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral.
Los libertarios prometen ir a fondo hasta que toda la ley sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras esté plenamente vigente. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, dicen fuentes del gobierno al tanto de la estrategia jurídica tras la decisión a favor de la central obrera.