La Provincia respaldó el nuevo criterio y confirmó que seguirá trabajando en cambios para regular los tiempos de resolución de la Suprema Corte de Justicia.
El Ejecutivo avaló el nuevo criterio, pero advirtió que aún queda pendiente resolver las demoras en las causas que llegan al máximo tribunal.
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Foto: Prensa Gob. de Mendoza
El Gobierno provincial celebró el nuevo criterio que fijó la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre la prescripción de las condenas, una resolución que podría tener incidencia directa en el caso de Alan Villouta. Sin embargo, el oficialismo ratificó que continuará trabajando en la reforma anunciada por Alfredo Cornejo para establecer plazos más estrictos para que el máximo tribunal resuelva las causas.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, calificó como "muy acertado" el plenario de los siete integrantes de la Corte y consideró que la interpretación adoptada puede tener efectos sobre el expediente que terminó con el sobreseimiento de Alejandro Verdenelli, quien había sido condenado por atropellar y matar a Villouta en 2017.
"Muy acertado ese plenario que establece esta interpretación respecto de la prescripción, que beneficia directamente, por ejemplo, un caso como este, como Villouta, donde se producía esta injusticia de que se declaraba prescripto y, por lo tanto, se declaraba absuelto al autor", sostuvo Rus.
Las declaraciones fueron realizadas luego de la presentación del proyecto de Régimen Penal Juvenil, durante el plenario conjunto de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Hacienda y Presupuesto de la Legislatura.
"Creo que eso es muy acertado, celebro esa interpretación de la Corte y que además va a ser de aplicación no solo a este caso, sino a otros casos también", agregó la ministra.
El pronunciamiento de la Corte surgió a partir de un planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal para unificar el criterio respecto de desde qué momento debe comenzar a computarse la prescripción cuando una condena atraviesa distintas instancias recursivas.
La discusión cobró especial relevancia después de que el Tribunal Penal Colegiado N°2 sobreseyera a Verdenelli por considerar extinguida la acción penal.
El empresario había sido condenado el 14 de abril de 2020 a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir por homicidio culposo agravado. Su defensa recurrió la sentencia ante la entonces Sala Penal II de la Suprema Corte, integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio.
La resolución de ese recurso demoró cinco años y diez meses. En febrero de este año, la Corte confirmó la condena y posteriormente la defensa presentó un recurso extraordinario federal. Ese planteo fue rechazado el 13 de abril de 2026. La decisión fue notificada a la Fiscalía y a la querella al día siguiente y a Verdenelli, personalmente, el 17 de abril.
El Tribunal Penal Colegiado N°2 entendió posteriormente que la acción había prescripto y dispuso el sobreseimiento definitivo de Verdenelli.
El nuevo plenario de la Suprema Corte establece una interpretación diferente sobre el momento a partir del cual debe comenzar a correr el plazo cuando existen recursos contra una condena. El criterio podría ser utilizado ahora por el Ministerio Público Fiscal para intentar revertir el sobreseimiento.
La decisión del plenario, sin embargo, no modifica automáticamente la situación de Verdenelli. La Fiscalía y la familia de Villouta habían anticipado que recurrirían la resolución que declaró prescripta la causa.
El nuevo criterio de la Corte no frenará la reforma que comenzó a impulsar el Gobierno después del sobreseimiento. El 14 de agosto, Cornejo recibió en Casa de Gobierno a los padres de Alan Villouta y cuestionó públicamente la demora que había tenido la entonces Sala Penal II para resolver el recurso contra la condena.
El gobernador calificó aquella demora como "incomprensible" y sostuvo que había tenido "consecuencias muy graves para el proceso". También anunció que buscaría modificar la legislación para establecer plazos más concretos para las resoluciones de la Suprema Corte.
En aquel momento, Cornejo señaló que el diputado y presidente del bloque de Cambia Mendoza, Franco Ambrosini, ya estaba trabajando en una iniciativa y adelantó que el Ejecutivo también podía intervenir en su elaboración. Rus ratificó ahora que esa discusión continuará por un carril diferente al del nuevo criterio sobre la prescripción.
"Hay una cuestión que no podemos soslayar y es que aquí ha habido un proceso con muchos años y una resolución que llega después de muchos años, y eso de alguna forma hay que regularlo", señaló la responsable de la cartera de Seguridad.
La ministra consideró que avanzar con modificaciones en los tiempos judiciales puede contribuir al funcionamiento del servicio de Justicia y confirmó que Ambrosini seguirá trabajando sobre la propuesta.
Ambrosini también respaldó el pronunciamiento de la Suprema Corte, aunque sostuvo que no soluciona el problema que dio origen al proyecto.
"Coincido con el fallo de la Suprema Corte, pero, sin embargo, sigue sin resolver la cuestión de fondo. No podemos estar cinco o seis años sin resolver un juicio en la Corte. Ese es el punto que debemos trabajar de fondo", afirmó el legislador a Los Andes.
Uno de los principales objetivos será establecer plazos perentorios o "fatales" para determinadas resoluciones. No obstante, el diputado reconoció que los tiempos actualmente previstos en los códigos procesales resultan demasiado breves para trasladarlos directamente al funcionamiento del máximo tribunal.
Entre los ejemplos que había mencionado cuando comenzó a trabajar en la iniciativa se encuentran los 10 días previstos para resolver una casación, los 30 días para un Recurso Extraordinario Provincial y los 60 días correspondientes a una Acción Procesal Administrativa.
"Tenemos que encontrar cuál es la razonabilidad de los plazos, porque los plazos que existen actualmente en los códigos de procedimientos son muy escasos para un tribunal como es la Corte", explicó ahora Ambrosini.
Por eso, la propuesta apunta a establecer períodos más amplios, pero cuyo cumplimiento sea obligatorio. "Somos conscientes de que tienen que ser plazos mucho más amplios, pero con la finalidad de que sean plazos fatales o perentorios", indicó.
El proyecto también incorporaría mecanismos tecnológicos de seguimiento y alertas para los expedientes. Según Ambrosini, sobre ese aspecto viene trabajando el diputado justicialista Lucas Ilardo.
La intención del oficialismo es que la propuesta sea discutida con las distintas fuerzas políticas y que también participen en su elaboración representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial.
"Seguro que se va a trabajar con las distintas fuerzas políticas y recepcionar las propuestas que vayan realizando, no solo las fuerzas políticas, sino también el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ese es el camino que queremos realizar con el proyecto", sostuvo Ambrosini.
Por el momento, la iniciativa no tiene una fecha determinada para ingresar formalmente a la Legislatura. El presidente del bloque de Cambia Mendoza señaló que todavía deben definir cuáles serán los tiempos que se establecerán para las resoluciones de la Corte, aunque aseguró que pretenden presentar el proyecto "en el corto plazo".
