Este miércoles, docentes universitarios llevan a cabo una nueva jornada de paro de 72 horas en todo el país para reclamar al Gobierno nacional que aplique la recomposición salarial prevista por la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y respaldada por una medida cautelar de la Justicia.
La medida de fuerza fue definida la semana pasada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales de la CONADU, durante un plenario de secretarios y secretarias. Los gremios exigen que el Ejecutivo cumpla con la normativa que establece una recomposición de los salarios docentes y no docentes, además de una actualización de las becas estudiantiles.
Según el reclamo de los universitarios, la ley contempla una recomposición salarial del 33,4%, mientras que los gremios estiman que actualmente existe una pérdida acumulada del 31,2% en los salarios. En la última negociación paritaria, el Gobierno ofreció una actualización del 3%, propuesta que fue considerada insuficiente por el sector.
La Justicia intimó al Gobierno
El reclamo también tiene un capítulo judicial. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a que, en un plazo de cinco días, dé "cumplimiento total" a una medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Gobierno apeló la decisión judicial, por lo que el conflicto continúa abierto.
La próxima marcha universitaria será el 15 de octubre.
NA
La medida cautelar había sido dictada originalmente por el mismo magistrado en diciembre del año pasado. Posteriormente, recibió el aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 25 de junio.
El paro de esta semana forma parte de un plan de lucha que tendrá como próximo punto central una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido sancionada por el Congreso en 2025, pero el presidente Javier Milei ejerció su facultad de veto. Luego, el proyecto volvió al Parlamento y ambas cámaras insistieron con su sanción por una mayoría de dos tercios, tal como establece la Constitución Nacional.
El último paso se produjo en el Senado, el 2 de octubre de 2025, donde la ley fue ratificada por una amplia mayoría.
Finalmente, el Ejecutivo promulgó la norma, pero sostuvo que su aplicación quedaba suspendida debido a la falta de especificación de las fuentes de financiamiento.