La decisión del juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento de otorgar la libertad condicional a Roberto Pereyra Cruz quedó en el centro de una demanda contra Mendoza por 150 millones de pesos.
Es por los daños psicológicos que sufrió un menor tras presenciar el asalto en el que fue asesinado el policía retirado Héctor Pelayes. Sus padres cuestionan la libertad condicional otorgada al delincuente Roberto Pereyra Cruz, quien meses después participó del hecho.
La decisión del juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento de otorgar la libertad condicional a Roberto Pereyra Cruz quedó en el centro de una demanda contra Mendoza por $150 millones.
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Prensa Poder Judicial
La decisión del juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento de otorgar la libertad condicional a Roberto Pereyra Cruz quedó en el centro de una demanda contra Mendoza por 150 millones de pesos.
El reclamo fue presentado por los padres de un menor que presenció el violento asalto en Guaymallén donde fue asesinado el policía retirado Héctor Pelayes y murió el propio delincuente.
La acción judicial fue presentada por los padres del menor y quedó radicada ante el Tribunal de Gestión Asociada Primero. La demanda fue iniciada en junio y el gobierno provincial ya fue formalmente notificado, por lo que cuenta con 20 días para presentar su respuesta.
El reclamo solicita una indemnización de $150 millones, además de intereses y costas. Según la presentación, los daños psicológicos que sufrió el niño estarían vinculados directamente con la situación de extrema violencia que presenció durante el asalto.
Los padres sostienen que existió una presunta “falta de servicio” por parte del estado provincial y señalan como antecedente central la decisión que permitió recuperar la libertad a Roberto Pereyra Cruz, uno de los delincuentes que posteriormente participó del robo.
Pereyra Cruz había sido condenado a 11 años y seis meses de prisión por homicidio en ocasión de robo. La pena tenía vencimiento previsto para 2027.
Sin embargo, en abril de 2023, el juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento le concedió la libertad condicional luego de declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 del Código Penal.
La demanda sostiene que el beneficio fue otorgado pese a las restricciones legales previstas para personas condenadas por determinados delitos. Según el planteo, la decisión judicial permitió que Pereyra Cruz estuviera en libertad cuando, meses después, participó del asalto que terminó con la muerte de Pelayes y del propio delincuente.
El hecho ocurrió el 1 de septiembre de 2024 en una vivienda de Guaymallén. Pereyra Cruz y otro hombre ingresaron armados con la intención de cometer un robo. En el domicilio se encontraba el menor que ahora es parte del reclamo judicial, quien había llegado al lugar para jugar con otro niño de la familia.
De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la demanda, los asaltantes redujeron y amenazaron con armas de fuego a las personas que estaban dentro de la vivienda. Pelayes, quien era policía retirado, intentó repeler el ataque y se produjo un intercambio de disparos.
Como consecuencia del enfrentamiento, murieron Pelayes y Pereyra Cruz, mientras que el segundo asaltante logró escapar.
El niño quedó expuesto a la secuencia de violencia y, posteriormente, fue sometido a evaluaciones psicológicas.
Según el informe incorporado al expediente, presentó indicadores compatibles con ansiedad, hipervigilancia, temor persistente y necesidad de protección. También se señalaron dificultades para dormir y alteraciones en distintos aspectos de su vida cotidiana.
Estos efectos constituyen uno de los principales fundamentos de la demanda presentada por sus padres contra la provincia.
El reclamo busca establecer una reparación económica por los daños que, según la familia, fueron consecuencia de la situación vivida y de la decisión que permitió que Pereyra Cruz se encontrara en libertad al momento del asalto.
Otro de los elementos incorporados al planteo judicial es el proceso que posteriormente se inició contra el juez Sebastián Sarmiento ante el jury de enjuiciamiento.
Durante ese proceso se cuestionó, entre otras decisiones, la libertad condicional concedida a Pereyra Cruz. La acusación sostuvo que el magistrado se había apartado de la legislación vigente y que no había valorado o refutado adecuadamente determinados informes criminológicos y las oposiciones existentes en el expediente.
En abril de 2026, el Jury resolvió sancionar al magistrado con una suspensión temporal de sus funciones y sin goce de haberes. La resolución tuvo en cuenta el reconocimiento de los hechos, su calificación jurídica y la sanción correspondiente.
Con este nuevo proceso judicial, el estado provincial deberá defenderse de un reclamo económico que busca determinar si existe responsabilidad estatal por los daños sufridos por el menor.
La demanda plantea una conexión entre la decisión que otorgó la libertad condicional a Pereyra Cruz, el posterior asalto y las consecuencias psicológicas que atravesó el niño. Ahora será la justicia la que deberá analizar los argumentos de los padres y la respuesta que presente la provincia para determinar si corresponde o no la indemnización solicitada.
