El procedimiento identifica IMEI e IMSI y permite gestionar el bloqueo de dispositivos que registran actividad dentro de los penales.
La medida comenzó a aplicarse tras los cambios normativos de Nación y el Enacom que habilitaron a las provincias a sumarse al esquema.
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Dos meses después de que el gobierno de Javier Milei habilitara la posibilidad de extender a las provincias el bloqueo de celulares dentro de las cárceles, Mendoza completó su adhesión al programa y ya aplica el sistema en los complejos penitenciarios de Boulogne Sur Mer y San Felipe.
El mecanismo permite identificar los equipos y tarjetas SIM que registran actividad en los penales y gestionar su incorporación a banda negativa para impedir que continúen funcionando en las redes móviles. De esta manera, la Provincia avanzó sobre un procedimiento que todavía había quedado pendiente a mediados de agosto.
En ese momento, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) había modificado la normativa para incorporar a las cárceles provinciales al procedimiento, pero todavía faltaba que el Ministerio de Seguridad Nacional creara formalmente el programa y estableciera cómo debían adherir las jurisdicciones.
Ese paso llegó el 21 de agosto, cuando Seguridad de la Nación dictó la Resolución 806/2026 y creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios. Seis días después, Mendoza formalizó su pedido de adhesión.
En la presentación firmada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, la Provincia declaró conocer y asumir los alcances del programa y planteó la necesidad de identificar y reportar los dispositivos detectados dentro de las zonas restringidas de los establecimientos penitenciarios.
También fue designado como punto focal operativo el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, quien quedó a cargo de actuar como enlace institucional y coordinar las actuaciones vinculadas con la implementación.
La Provincia trabaja actualmente con Claro, Movistar y Personal para avanzar con el bloqueo de los dispositivos detectados dentro de ambos establecimientos.
En abril, el Ministerio de Seguridad Nacional había dictado la Resolución 336/2026, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar y utilizar dispositivos para detectar y bloquear IMEI e IMSI dentro de las cárceles federales.
Mendoza planteó entonces la necesidad de que las provincias pudieran utilizar el mismo procedimiento en sus propios sistemas penitenciarios. La documentación provincial señala que el 6 de agosto hubo una reunión entre autoridades del Enacom, Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad y Justicia mendocino.
Allí se acordó avanzar con una modificación normativa. Cinco días después, el Enacom dictó la Resolución 734/2026, que incorporó expresamente a los establecimientos penitenciarios provinciales que adhirieran al procedimiento nacional.
La norma habilitó el bloqueo del IMEI, el IMSI y la línea asociada a los dispositivos detectados dentro de las áreas de detención y acceso restringido.
El 25 de septiembre, el Enacom informó oficialmente que Mendoza y Córdoba habían quedado autorizadas para instalar y operar los dispositivos tecnológicos destinados a la detección y bloqueo de señales móviles en cárceles.
El esquema se encuentra operativo actualmente en Boulogne Sur Mer y San Felipe. El procedimiento permite detectar qué dispositivos tienen actividad dentro de esos complejos e individualizar los códigos correspondientes. El IMEI identifica al teléfono, mientras que el IMSI está asociado a la tarjeta SIM utilizada.
Con esos datos, la Provincia puede iniciar el procedimiento para que los identificadores sean incorporados a banda negativa. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia explicaron que ese era uno de los puntos que se encontraban trabados antes de los cambios nacionales.
“Es un sistema de inhibición que depende de que las compañías de teléfono pasen a banda negativa. Primero ellos podrían hacerlo, porque saben qué teléfonos les impactan en tales cárceles. Entonces nos piden que se los informemos particularmente, y eso es lo que se destrabó a partir de todo esto”, señalaron desde la cartera.
La normativa nacional prevé una ventanilla única para que las provincias reporten los dispositivos detectados y esa información pueda ser canalizada hacia las prestadoras.
Mendoza ya trabajaba sobre el problema antes de que se completara el marco nacional. La resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia indica que la Provincia desarrolla desde 2025 un sistema propio de identificación de líneas y bloqueo selectivo de señales en establecimientos penitenciarios.
En ese proceso realizó inversiones, capacitó al personal encargado de las auditorías y creó el Departamento de Tecnologías Especiales y Despliegue Táctico. Ese sistema permitió detectar numerosas líneas y dispositivos que registraban actividad dentro de complejos penitenciarios.
Los listados eran enviados posteriormente a las compañías telefónicas para solicitar su bloqueo. Sin embargo, las empresas informaron que no estaban habilitadas por el Enacom para ejecutar los pedidos realizados por la Provincia.
En ese sentido, Rus explicó que Mendoza también había planteado que no correspondía que las provincias tuvieran que asumir por sí solas el costo de desarrollar tecnología específica para intervenir sobre los celulares utilizados dentro de las cárceles.
“Yo consideraba que las provincias no teníamos que hacer un gasto en este sentido, sino que debía ser Enacom, con el poder de policía que tiene, el que obligue a las compañías de teléfono a que directamente bloqueen todas las líneas que tengan impacto en las cárceles del país”, sostuvo.
Según explicó, podían quedar exceptuadas aquellas líneas que cada jurisdicción identificara como pertenecientes al Servicio Penitenciario o a las fuerzas de seguridad.
“Enacom no lo hizo. Entonces nosotros no quisimos esperar más a la Nación y por eso avanzamos en dos planes que tienen que ver con inhibición: uno para la zona urbana y otro para la zona más alejada”, agregó.
Las diferencias entre el Ministerio de Seguridad y Justicia y el organismo nacional no se limitaron al sistema penitenciario. Rus señaló que viene realizando planteos desde el inicio de su gestión, especialmente sobre el control de las líneas telefónicas y el circuito de los celulares denunciados como robados.
“He sido muy crítica con Enacom. De hecho, en los Consejos de Seguridad he venido pidiendo la presencia de Enacom, pero también le he hecho saber a Enacom cada uno de mis requerimientos desde que asumí”, afirmó.
La ministra indicó que la primera presentación formal se realizó en diciembre de 2024 y estuvo relacionada con la verificación de identidad al momento de dar de alta nuevas líneas y con la rapidez para incorporar a banda negativa los teléfonos denunciados por robo. Rus sostuvo que esas medidas también tienen impacto sobre el mercado ilegal de celulares.
“Si no hay control sobre cómo habilitamos líneas, un celular que ha sido robado después se le mete otro chip con otra línea y es como si nada hubiera pasado”, señaló.
El avance del programa penitenciario coincide además con un recambio en la conducción del Enacom. El Gobierno nacional aceptó la renuncia de Juan Martín Ozores y designó en su lugar a Andrés Michelazzo como interventor del organismo.
