La medida anunciada por el Gobierno nacional consiste en el bloqueo de señal de los celulares que se activen en las cárceles provinciales. Enacom dictó una resolución pero falta otra medida.
El Gobierno celebró la decisión nacional de ampliar el bloqueo de celulares a las cárceles provinciales.
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Prensa Gobierno de Mendoza
El Gobierno nacional anunció este martes que aplicará un protocolo para bloquear la señal de los teléfonos celulares que se activen en las cárceles provinciales, medida que semanas atrás había solicitado el gobernador Alfredo Cornejo para frenar en forma más efectiva la proliferación de dispositivos en el sistema carcelario.
En este sentido, el vocero presidencial Adrián Ravier, informó en conferencia de prensa: "El Gobierno nacional, a través del Enacom, resolvió ampliar el alcance del bloqueo de celulares a todas las cárceles provinciales cuyas jurisdicciones adhieran al protocolo nacional". La medida ya existía para las cárceles federales, pero no para las que son administradas por los gobierno provinciales.
Mendoza por supuesto que va a adherir, pero para poner en práctica esta decisión todavía falta una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación. La ministra de Seguridad y Justicia de la provincia, Mercedes Rus, explicó al respecto que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya emitió una resolución que va en el sentido de lo que había pedido el Gobierno provincial: que no sólo las cárceles federales puedan acceder al bloqueo de celulares.
"Enacom decía que no tenía que modificarla y nosotros decíamos que sí. Bueno, efectivamente la modificaron, tal como habíamos pedido nosotros, pero falta ahora la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación con el protocolo que van a aceptar las compañías y el Enacom, para que podamos hacer las comunicaciones. Eso no es menor", informó Rus a Los Andes.
La funcionaria anticipó que la instrucción definitiva del Ministerio de Seguridad de la Nación para poner en marcha el bloqueo de celulares en cárceles provinciales surgiría esta semana. La primera parte fue la disposición de Enacom, que a través de la resolución 734/2026, fijó la semana pasada nuevas condiciones para las empresas prestadoras de servicios telefónicos.
Esa pieza dice que las prestadoras "deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada, a solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación y conforme a los datos suministrados, de aquellos dispositivos móviles que se activen dentro del área de detención como del área de acceso restringido al público de los establecimientos penales federales como así también de los establecimientos penitenciarios de las provincias que adhieran a dicho procedimiento".
El Ministerio de Seguridad de la provincia venía pidiendo desde fines de junio, en el Consejo de Seguridad de Entre Ríos, que la resolución del Enacom que ya existía para las cárceles federales, fuera extendida a las provincias. El Gobierno provincial incluso mandó "un modelo" del texto que proponía a la Nación.
Después, a fines de julio, el propio gobernador Cornejo volvió a reclamar la medida, luego de que se viralizara una transmisión por streaming protagonizada por internos de la cárcel de San Felipe, un episodio que derivó en una investigación del Servicio Penitenciario.
Cornejo aseguró en aquella ocasión que el ingreso de teléfonos resulta difícil de impedir únicamente mediante controles físicos y consideró que inutilizar las líneas una vez identificadas sería una herramienta más efectiva para evitar su utilización.
"Es muy fácil ingresar un celular porque entra en un bolsillo", afirmó el gobernador, al explicar que el principal desafío no pasa únicamente por impedir el ingreso de los dispositivos, sino por evitar que puedan ser utilizados una vez que se encuentran dentro de los establecimientos penitenciarios.
"Estamos a expensas de una resolución del Ministerio de Seguridad. No hay ninguna cárcel provincial que tenga bloqueo de teléfonos porque la resolución del Ministerio de Seguridad solo lo hace para las cárceles federales", sostuvo Cornejo en aquella ocasión.
A través de requisas intramuros y controles en los ingresos a los penales, el Gobierno provincial dice que se secuestran unos 16 celulares por día, en promedio.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, encaró el tema de los celulares en las cárceles en la habitual conferencia de prensa que realiza en la Casa Rosada.
Ravier explicó que en abril de este año el Ministerio de Seguridad de la Nación autorizó al Servicio Penitenciario Federal a implementar sistemas de detección y bloqueo de teléfonos celulares en los establecimientos penitenciarios federales. "Esto significa que, en las cárceles que dependen del gobierno nacional, los delincuentes ya no pueden coordinar delitos desde la prisión".
"Sin embargo -aclaró- como la seguridad es una facultad no delegada por las provincias, los presos alojados en cárceles provinciales pueden seguir cometiendo delitos con sus celulares con total impunidad".
El vocero presidencial mencionó que un "caso paradigmático" de esto fue el fallecimiento de Rodrigo Gómez, uno de los guardias de la Quinta de Olivos, quien "se quitó la vida luego de ser extorsionado por delincuentes que operaban libremente desde las unidades penales de Magdalena y Olmos".
Y expresó: "Un celular en manos de un preso es un arma y este gobierno va a seguir trabajando para que ningún delincuente pueda utilizarlo para extorsionar, estafar o coordinar delitos desde una cárcel".
En este contexto, de acuerdo con el anuncio de Ravier, la medida permitirá "la inhabilitación de equipos, tarjetas SIM y líneas activas dentro de los penales" federales y provinciales. "Las empresas de comunicaciones móviles deberán bloquear obligatoriamente tres elementos de cada dispositivo detectado: el IMEI que identifica el equipo físico, el IMSI asociado a la tarjeta SIM y la línea telefónica vinculada", explicó.
"Invitamos a todas las jurisdicciones provinciales a adherir de forma inmediata a este protocolo para cuidar a los argentinos de bien", cerró Ravier.
