Por instrucción del canciller Pablo Quirno, el Gobierno presentó una nota formal ante Reino Unido y rechazó la extensión de licencias para la producción de hidrocarburos offshore en Malvinas.
La oposición rechazó el proyecto de Soberanía Nacional y cuestionó sus cambios en seguridad.
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El Gobierno argentino presentó este martes una protesta formal contra el Reino Unido por nuevas actividades vinculadas con la producción de hidrocarburos offshore en las Islas Malvinas. La presentación surge en medio de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York.
La presentación fue realizada por instrucción del canciller Pablo Quirno, quien ordenó elevar la nota de protesta ante el Reino Unido. La medida se produjo un día antes de la exposición del presidente Javier Milei ante la Asamblea General de la ONU.
A través de la nota, la Cancillería argentina expresó su “enérgico rechazo” al reciente anuncio de las autoridades de las Islas Malvinas sobre la pretendida extensión de licencias de producción de hidrocarburos offshore y la pretendida aprobación para que la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera participaciones en la licencia PL001.
El Gobierno sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta contraria al derecho internacional y viola la posición argentina sobre su soberanía.
En ese sentido, la cartera encabezada por Quirno recordó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente una solución pacífica de la disputa de soberanía.
En la protesta, el Gobierno nacional sostuvo que utilizará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales” que estén a su alcance para defender los derechos soberanos argentinos y evitar la explotación que considera ilegal de los recursos naturales.
La Cancillería también advirtió que quienes intervengan de manera directa o indirecta en esas actividades quedarán expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.
Al mismo tiempo, el Gobierno reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido con el objetivo de reanudar las negociaciones bilaterales sobre la disputa de soberanía.
La posición expresada en la protesta incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de los espacios marítimos circundantes, y fue vinculada por la Cancillería con la Resolución 2065 (XX) y otras resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU.
La Cancillería ya había planteado en septiembre su rechazo a actividades comerciales e hidrocarburíferas británicas en las islas y había señalado la aplicación de medidas frente a la explotación de recursos en áreas bajo disputa.
